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Colombia

La orden es garantizar, no limitar la protesta: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá habló sobre los desacuerdos con el Gobierno en torno al protocolo de las protestas que trabajan conjuntamente.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió este jueves a los desacuerdos que sostienen la administración distrital y el Gobierno en la mesa creada para elaborar el protocolo para las protestas que ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

"Lo que ordenaron los tribunales fue garantizar, no limitar la protesta social, y prevenir y sancionar la infiltración violenta y el abuso de la fuerza estatal", dijo la mandataria.

Esto luego de que las partes pidieran al despacho judicial departamental un plazo de 60 días para cumplir con lo dispuesto y, al mismo tiempo, configurar el estatuto de similares características que ordenó la Corte Suprema de Justicia.

El pasado miércoles se conoció que hubo discrepancias entre las partes en puntos como prohibir las capuchas, prohibir los grafitis y establecer una póliza de responsabilidad civil extracontractual para los manifestantes.

La idea, dijo López, "es crear un protocolo consistente entre la orden impartida desde el Tribunal de Cundinamarca y el estatuto que ha solicitado la Corte Suprema de Justicia, que se debe expedir el 21 de noviembre de 2020, al cumplirse 60 días de la sentencia de tutela, y que exige crear un "estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana".

En este sentido, sostuvo que el objetivo es "llegar a soluciones de fondo y estructurales que aseguren el derecho a la movilización pacífica, prevengan las acciones violentas y vandálicas, pero también para asegurar que siempre habrá un ejercicio legítimo de la fuerza pública y que si hay casos de abusos se sancionarán eficaz y oportunamente".

A su vez, el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá, William Mendieta, advirtió que el borrador propuesto por el Gobierno Nacional presenta "varias disposiciones inconstitucionales, al establecer prohibiciones y limitaciones a derechos fundamentales que son de órbita y ley estatutaria y no pueden regularse a través de resoluciones o decretos, establecer limitaciones a las facultades que por ley y Constitución se le han entregado a los entes territoriales y presentar serias ambigüedades frente al uso, proporcionalidad y gradualidad del uso de la fuerza y no establecer controles para el uso de la fuerza pública".

Entre tanto, los accionantes de la tutela que produjo la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta pacífica, emitieron este jueves un comunicado en el que señalan que "todas las instituciones deben cumplir de inmediato y de buena fe todas las órdenes de la sentencia de la Corte" y saludaron al respecto "la voluntad de cumplimiento que han expresado la Procuraduría, la Defensoría y la Alcaldía de Bogotá".

Pero invitaron "al presidente de la República y al ministro de Defensa a cumplir a cabalidad las órdenes de la Corte Suprema y a respetar en todo tiempo el artículo 37 de la Constitución que garantiza el derecho a 'reunirse y manifestarse pública y pacíficamente' y demás derechos fundamentales conexos a la expresión ciudadana".

Finalmente, expresaron su "insatisfacción" por las declaraciones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en las que "reitera unas disculpas genéricas y atemporales por actuaciones individuales de integrantes de la Policía Nacional. La orden de ofrecer disculpas dictada por la Corte Suprema de Justicia tiene como objetivo fundamental reparar a las víctimas de hechos sistemáticos de violencia policial en el marco de las protestas desarrolladas en el paro nacional de noviembre pasado. Las víctimas han expresado su desacuerdo con las declaraciones del ministro, como fue el caso de Denis Cruz, la hermana de Dilan Cruz. Por lo tanto solicitamos al Tribunal que pida explicaciones al ministro sobre las razones por las cuales considera que su declaración cumple la orden de la Corte Suprema de Justicia".

Las organizaciones firmantes son la Campaña Defender la Libertad, el Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo', dhColombia, Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, Dejusticia y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.

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