“La ONU está atenta a los DD. HH. en las protestas”: Carlos Ruiz Massieu
EL HERALDO conversó con el funcionario sobre diversos temas que van desde la actual crisis hasta avances en la implementación de los Acuerdos de Paz.
El pasado 12 de mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó prorrogar hasta el próximo 31 de octubre el mandato de la misión de la organización que apoya la implementación de la paz en Colombia y ampliarlo para que pueda dar seguimiento a la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional.
El organismo en la actualidad también hace parte de garantes, junto con la Iglesia Católica, de los diálogos que se llevan a cabo para concretar una mesa de negociación entre el Gobierno y el Comité del Paro.
Para tratar estos temas, EL HERALDO conversó con Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Colombia y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, quien señaló que el organismo actualmente apoya las gestiones para lograr un entendimiento entre las partes (Gobierno y Comité del Paro) para superar la actual crisis.
¿Cómo ve los acercamientos con los actores políticos, sociales, empresariales para salir de la actual crisis?
La ONU junto con la Conferencia Episcopal estamos cumpliendo un rol para generar confianza y apoyar entendimientos que sirvan para superar esta situación. A través de este rol mantenemos relaciones diversas con actores nacionales, para intercambiar información y comprender las perspectivas, y se ha confirmado la disposición al diálogo para identificar soluciones conjuntas.
Específicamente, con respecto a los diálogos entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno nacional es importante resaltar sus voluntades para llegar a un preacuerdo sobre las garantías para la protesta pacífica. Se espera que muy pronto se instale la mesa de negociaciones y esto permita llegar a otros entendimientos que den respuesta a los reclamos de la ciudadanía.
¿Cree que la situación actual del país podría incidir en la continuidad del Acuerdo?
El mundo ha visto cómo Colombia ha sido capaz de alcanzar un Acuerdo de Paz a través del diálogo. Sigue siendo un referente para el manejo de diferencias y la búsqueda de soluciones, que sirve, incluso, para atender la situación actual.
Buena parte de los reclamos de diversos sectores de la ciudadanía encuentran respuesta en las disposiciones de diferentes capítulos del Acuerdo: desde temas en materia de garantías de seguridad, hasta participación de la ciudadanía, pasando por asuntos relacionados con reformas estructurales y programas de desarrollo concebidos para generar más y mejores oportunidades para quienes más las necesitan.
La implementación integral del Acuerdo no solo ofrece una oportunidad para impulsar dicha respuesta a la situación actual, sino también para ayudar a la recuperación de los efectos de la pandemia.
¿Cómo va Colombia en materia de protección a los derechos humanos?
El Acuerdo de Paz ha creado condiciones favorables a la protección de los derechos humanos, que muchos años atrás eran impensables. Los logros hasta ahora alcanzados en la implementación de la paz han contribuido a reducir los indicadores de violencia a nivel general. La implementación integral del Acuerdo favorecerá la consolidación del Estado de Derecho.
En el marco de nuestra tarea de verificación del Acuerdo de Paz hemos visto el esfuerzo por ampliar el margen de protección de derechos, a través de la implementación de programas derivados del Acuerdo. Sin embargo, también hemos visto el desafío en materia de garantías de seguridad. Por lo tanto, la ONU mantiene su preocupación frente a los riesgos que aún enfrentan los excombatientes que dejaron las armas de buena fe y que le siguen apostando a una nueva vida en la sociedad, las comunidades afectadas por el conflicto y los liderazgos que defienden sus derechos.
Fortalecer los programas de desarrollo local, de sustitución de cultivos, de acceso a la justicia o de reparación a las víctimas, que están en el Acuerdo de Paz y suponen trabajar alrededor de una garantía de derechos es fundamental para consolidar la paz.
Con respecto a la coyuntura, la ONU también mantiene su atención a la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Hemos hecho un llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, y a la vez hemos condenado cualquier tipo de acción violenta. En este marco, continuamos apoyando los esfuerzos para que se privilegie el diálogo como mecanismo para resolver las diferencias.
¿Cómo ve el tema de las garantías a la seguridad de los excombatientes en el Caribe colombiano?
La situación de seguridad para excombatientes en Colombia es, de manera general, una constante preocupación para Naciones Unidas. Se debe proteger a todos aquellos que de buena fe dejaron las armas y siguen comprometidos firmemente con el proceso de paz.
Ahora bien, en el Caribe, si bien hay retos en materia de seguridad en los dos antiguos ETCR de la región, en La Guajira y el Cesar, los cuales han hecho tránsito para convertirse en veredas, ha habido muy pocos incidentes.
Sin embargo, 925 excombatientes adelantan su proceso de reincorporación por fuera de estos espacios, como en Montes de María y en el Perijá, o en cascos urbanos. En estas nuevas áreas es importante que haya un mayor esfuerzo para garantizar la seguridad, así como su acceso a bienes y servicios.
La Misión de la ONU en Colombia se extendió para verificar las penas que se van a imponer a los exjefes de las Farc, ¿cómo deberían ser estas sanciones?
Sí, se va a verificar las sanciones propias que imponga la JEP, no solo a exintegrantes de las Farc-EP, sino a los demás comparecientes de la fuerza pública, agentes del Estado distintos a fuerza pública y terceros con responsabilidad en el marco del conflicto armado. Las sanciones propias son parte central del modelo de justicia transicional establecido en el Acuerdo de Paz.
Como usted recuerda, el Acuerdo de Paz preserva la centralidad de las víctimas y privilegia la satisfacción de sus derechos. Por lo tanto, las sanciones propias se impondrán a quienes reconozcan plenamente su responsabilidad en el marco del conflicto y aporten verdad exhaustiva, contribuyendo así a la reparación de las víctimas y a la reconciliación, según el criterio de los magistrados.
Específicamente, la Misión tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los comparecientes con los términos de las sanciones, y, además, el establecimiento de las condiciones necesarias para su cumplimiento de parte de las autoridades competentes.
¿Con esta decisión de extender la Misión, la ONU da otro espaldarazo al Acuerdo Final de Paz o es solo un formalismo?
Efectivamente, a través de esta decisión el Consejo de Seguridad de la ONU reafirma su apoyo unánime a Colombia y su compromiso sostenido con el proceso de paz, así mismo reconoce que, con esta nueva tarea, la Misión puede contribuir a la construcción de confianza y la reconciliación en el país y continuar apoyando el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
De igual manera, evidencia la confianza de la comunidad internacional en el sistema integral y en particular en la justicia transicional, en sus avances sustantivos y en mantener a las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz.
¿Qué espera la ONU de la JEP con las penas que se impondrán a quienes reconozcan su responsabilidad y aporten verdad con relación al conflicto en Colombia?
La JEP tiene la difícil tarea de cumplir con la justicia transicional, que incluye evaluar el reconocimiento pleno de parte de los comparecientes y que estos digan verdad completa, además de imponer sanciones que cumplan con el contenido reparador a las víctimas. Por lo tanto, esperamos que la JEP siga cumpliendo, con profesionalismo, su trabajo con esta tarea que es fundamental para la reconciliación.
El éxito de la JEP es en gran medida el éxito del proceso de paz. Por ello, es de gran importancia que la JEP cuente con el respaldo de todos los actores políticos y sociales, para que protejan los resultados importantes hasta ahora alcanzados y se siga avanzando en la consolidación de la paz.
¿Cómo la Misión de la ONU contribuirá a verificar que las personas sancionadas cumplan las penas y que el Estado garantice las condiciones necesarias para materializarlas?
Nuestra contribución se hará a través de una verificación independiente, y tendrá plena coordinación con todas las entidades que tengan responsabilidad en la implementación de las condiciones para que se puedan cumplir las penas impuestas por la JEP.
Al estar la verificación dirigida a todos los comparecientes que reciban sanciones propias, la Misión fortalecerá su equipo a nivel regional y hará un monitoreo cercano sobre las condiciones para implementar las sanciones y el cumplimiento de parte de los comparecientes. El despliegue territorial actual de la Misión le permite una rigurosa capacidad para la verificación.
¿Cómo ha visto la implementación del Acuerdo en los últimos años?
En estos casi cinco años de implementación del Acuerdo de Paz, la tercera parte prevista para la implementación, he visto importantes avances, así como grandes desafíos.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y aun a pesar de la persistencia de la violencia, Colombia ha visto una reducción en sus niveles, precisamente con la dejación de armas de parte de las Farc-Ep, su transformación en partido político y su activa participación en el proceso de reincorporación. Siempre es de resaltar el compromiso de las partes con la reincorporación, que ha llevado a resultados como los que se evidencian en el Caribe con el proyecto de granja productiva en Pondores, La Guajira, el de Ecoturismo en Tierra Grata, Cesar, o incluso la primera elección de una persona en proceso de reincorporación como alcalde en Turbaco, Bolívar.
Adicionalmente, la democracia y la institucionalidad relativa a la paz se han ampliado y fortalecido. Las elecciones de 2019 fueron las más pacíficas e inclusivas, existe un marco normativo que sustenta el Acuerdo de Paz y hay varias entidades en funcionamiento y programas que están en ejecución apoyando la construcción de paz. Claro está, que, al ser un proceso de mediano y largo plazo, aún hay asuntos pendientes y retos importantes que hay que atender. El principal de ellos es la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad, especialmente en regiones y comunidades afectadas por el conflicto, para quienes ejercen liderazgos sociales y quienes están comprometidos con la paz. Hoy la persistente violencia es la mayor amenaza al proceso de paz, lo que lleva a la necesidad de un despliegue integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.
En el último año, además, la implementación se ha tenido que hacer bajo las condiciones de la pandemia y ahora en medio de este panorama de protestas sociales. Por eso debe preservarse lo alcanzado y usar el Acuerdo como herramienta en la reactivación económica y el fortalecimiento de la democracia. Su implementación integral será fundamental para dar respuesta a los temas estructurales que mantiene Colombia.
