ONU advierte sobre de violencia en Córdoba, Cesar y Sucre
La funcionaria habló con EL HERALDO sobre el actual estado de los derechos humanos en Colombia e indicó que ven con preocupación la expansión organizaciones criminales a las zonas que dejó las Farc.
Desde agosto de 2020, Juliette de Rivero hace presencia en el país como la representante en Colombia de la oficial del Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Desde entonces la hemos visto recorriendo diferentes territorios del país y acompañando a los diferentes organismos estatales y ONG que se encargan de velar los derechos humanos de los colombianos, además de entidades como la JEP y en su momento a la Comisión de la Verdad en su ayuda por buscar una paz estable y duradera en el país.
A finales de junio, la Oficia presentó el informe ‘Violencia territorial en Colombia: recomendaciones para el nuevo Gobierno’, en el cual se expuso la situación de orden público, desplazamiento y violencia en el país en los últimos dos años.
El documento destacó que existe una “la presión desmedida” de grupos armados no estatales por el control social ejercido en municipios de departamentos como Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, Putumayo y Sucre, quienes estarían ejerciendo un “notable el control de corredores para el tráfico ilegal de drogas”.
EL HERALDO habló con la funcionaria para intentar dar con un diagnóstico que permita entender de una manera más profunda re la ola de violencia que se registra en Colombia. De Rivero expuso además sus expectativas con el nuevo gobierno y sus acercamientos con el Eln, además de otros temas relacionados con los DD. HH. en el país.
En su más reciente informe reportaron una “presión desmedida” de grupos armados en seis departamentos de la Costa Caribe. ¿Cuáles han sido esos delitos que más han podido identificar en esta región?
En todos los departamentos del Caribe hemos documentado casos de masacres y homicidios. En varios departamentos hemos documentado el control de la población por parte de grupos armados que regulan varios aspectos de la vida comunitaria, incluso tomando decisiones en temas familiares o de justicia local, es el caso de varias zonas en Córdoba, Cesar y Sucre.
También hemos documentado afectaciones a comunidades indígenas: además de las restricciones de movilidad, el control de los grupos les obliga en algunos casos a desplazarse y a abandonar los cultivos tradicionales, la pesca y la caza, esto en el Sur de Córdoba.
Este año las masacres y homicidio de líderes van en aumento respecto a 2021 ¿A qué cree que se deba esté fenómeno?
Hemos visto un aumento de la violencia, no solo de las masacres, en los últimos dos años, y vemos una expansión de los grupos armados no estatales y de organizaciones criminales en las zonas que dejó las Farc y debió ocupar el Estado.
Por eso insistimos en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular, en el desarrollo de una política estatal eficaz de desmantelamiento de estos grupos, concertada con la sociedad civil en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. También nos parece definitivo avanzar en la reforma rural integral, al capítulo étnico, la sustitución de cultivos de uso ilícito, y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
¿Qué es lo que realmente la ONU ha podido identificar en las zonas rurales de Colombia donde se presenta la mayor vulneración a los derechos humanos?
Identificamos que falta una protección real del Estado y por eso recomendamos consolidar el estado de derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno. Como lo dije antes, vemos la expansión de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y la intimidación y ataques a la población.
En los territorios más vulnerables hay falta de presencia de las autoridades civiles del Estado, que deberían estar en las zonas para garantizar los derechos de la población tanto a la vida, la libertad o la participación como también a tener educación, trabajo, alimentación, agua potable, vivienda digna, entre otros derechos que hoy no tienen varias poblaciones, muchas de ellas ubicadas en la franja del Pacífico colombiano.
¿Cómo ve ese posible inicio de diálogos con el Eln y demás grupos armados?
Creemos que es importante explorar varios caminos para la paz, incluyendo posibles diálogos con el Eln. Hacemos un llamado a un cese del fuego y al respeto pleno de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de todos los grupos. Además de los diálogos es necesario implementar una política de desmantelamiento y tener caminos claros para el sometimiento de los grupos.
¿Cómo entienden los términos de paz total y seguridad humana del actual gobierno?
Entendemos que la “paz total” es una paz para todas las colombianas y todos los colombianos. Es una paz para todo el país con un enfoque integral y definitivo. La paz total inicia con la implementación del Acuerdo de Paz existente. Es decir que requiere de una reforma rural integral, de una política de desmantelamiento de grupos generados de violencia y de un enfoque de desarrollo integral en los territorios más afectados por el conflicto. Además, la propuesta de paz total es una propuesta de garantías de seguridad para todas. La paz total se construye entre todos, el Estado, la sociedad civil, la población, con consulta a los pueblos indígenas y afrodescendientes y con una debida implementación del capítulo étnico.
¿Cómo ve a Colombia en materia de protección a los derechos humanos. Cree que podría mejorar con el nuevo gobierno?
Por nuestro monitoreo hemos observado que es urgente que el Estado tenga como objetivo la protección de la vida y la garantía de los derechos de la población, tanto a nivel local como nacional. En particular es necesario consolidar el Estado de Derecho y el desarrollo en los territorios más afectados por la violencia. Colombia es un país de inmensas riquezas y capacidades que pueden con una política acertada y voluntad lograr estos cambios.
¿La JEP anunció la apertura de nuevos macrocasos, cómo ve la ONU estos pasos?
Nos parecen muy importantes y necesarios para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Nosotros hemos insistido para que varios de estos macrocasos se abran porque es lo que esperan y han solicitado las víctimas.
Hemos visto acompañando al presidente Petro a varios encuentros, ¿es un espaldarazo al nuevo Gobierno?
Nuestro mandato en Colombia nos exige asesorar a las autoridades del Estado: organismos de control, Fiscalía, congresistas, ministros, gobiernos locales e incluso a la Vicepresidenta y al Presidente, y también a la sociedad civil en materia de derechos humanos.
En este caso particular estamos acompañando de acuerdo con nuestras capacidades y mandato, en aquello en lo que podemos aportar para que mejore la situación de derechos humanos en el país y, en particular, la protección de comunidades y sus liderazgos.
Insistimos en que la protección de la población es y debe ser lo más importante para el Estado, y por eso también deben fortalecerse las capacidades de los gobiernos locales y de los gobiernos propios de los pueblos afrodescendientes e indígenas en los territorios.
Desde comienzos de año la guerra que libra en Arauca ha desatado una crisis humanitaria ¿cómo ha sido la participación de la ONU en ese escenario?
En Arauca tenemos presencia permanente. Es lamentable la situación que se presenta este año. Como parte de nuestro mandato, en Arauca hemos documentado el homicidio de varios defensores de derechos humanos y también de población civil, y estamos asesorando de forma permanente a las organizaciones sociales en materia de protección. Hace pocos días, por ejemplo, estuvimos trabajando con defensores de derechos humanos precisamente sobre medidas de protección.
También con las autoridades en diferentes niveles buscamos incidir para que el principal objetivo del Estado sea la protección de la vida y de los derechos humanos, en los territorios. Nos hemos articulado con la Iglesia, con la Unión Europea, con Embajadores y con otras instancias de la ONU en Colombia para dar visibilidad a la situación y buscar soluciones.
