La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) arrancaría desde este jueves la imputación contra todo el secretariado de las Farc por el delito de secuestro, priorizado principalmente entre los años 1993 y 2012, en el marco del conflicto armado.
El proceso se da en torno al denominado caso 1 'retenciones ilegales realizadas por parte de las Farc-EP', el cual ha cumplido unas etapas. Primero se analizó los informes recibidos en 2019 ante la Sala de Reconocimiento donde se hizo una contrastación de toda la información recibida.
Lo que se llevaría a cabo este jueves, según W Radio, sería la presentación del ‘auto de determinación de hechos y conductas’, en el cual 'se identifican preliminarmente los hechos graves y representativos, los responsables y los modus operandi' con relación a los secuestros ocurridos durante esos 19 años.
Dicho documento tendrá la versión individual de los comparecientes comprometidos como responsables, en especial las personas señaladas como máximos responsables y autores determinantes de esos crímenes (el antiguo Secretariado y el Estado Mayor de las Farc-Ep), por lo tanto, los señalados tendrán que manifestar en un plazo de 30 días si aceptan o no su responsabilidad en estos actos.
Los que acepten la responsabilidad pasarán ante el Tribunal de Paz, y pasarán a la sección con reconocimiento donde se evaluará el hecho y de encontrarlo satisfactorio imponen sentencia o sanción propia que tiene vocación restaurativa y no incluye castigo de cárcel, pero sí podría incluir otra forma de restricción de la libertad.
Los que no acepten su responsabilidad pasarán a la unidad de investigación y acusación para que esta evalúe la evidencia y decida si los lleva a juicio ante el Tribunal de Paz, si este los encuentra culpable, podría emitir una sentencia con una condena que podría acarrear hasta 20 años de cárcel.
Esta diligencia estaba programada para el 2020, pero debido a la crisis causada por la pandemia la Sala debió suspender las audiencias.
