El Heraldo
Parte de la cúpula del secretariado de las Farc. Archivo
Colombia

JEP imputa por secuestro a ocho ex jefes de las Farc

El tribunal de Paz le dará a los señalados un documento con los relatos de las víctimas. Tendrán 30 días para aceptar o no su responsabilidad.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) arrancaría desde este jueves la imputación contra todo el secretariado de las Farc por el delito de secuestro, priorizado principalmente entre los años 1993 y 2012, en el marco del conflicto armado.

El proceso se da en torno al denominado caso 1 “retenciones ilegales realizadas por parte de las Farc-EP”, el cual ha cumplido unas etapas. Primero se analizó los informes recibidos en 2019 ante la Sala de Reconocimiento donde se hizo una contrastación de toda la información recibida.

Lo que se llevaría a cabo este jueves, según W Radio, sería la presentación del ‘auto de determinación de hechos y conductas’, en el cual “se identifican preliminarmente los hechos graves y representativos, los responsables y los modus operandi” con relación a los secuestros ocurridos durante esos 19 años. 

Dicho documento tendrá la versión individual de los comparecientes comprometidos como responsables, en especial las personas señaladas como máximos responsables y autores determinantes de esos crímenes (el antiguo Secretariado y el Estado Mayor de las Farc-Ep), por lo tanto, los señalados tendrán que manifestar en un plazo de 30 días  si aceptan o no su responsabilidad en estos actos.

 Los que acepten la responsabilidad pasarán ante el Tribunal de Paz, y pasarán a la sección con reconocimiento donde se evaluará el hecho y de encontrarlo satisfactorio imponen sentencia o sanción propia que tiene vocación restaurativa y no incluye castigo de cárcel, pero sí podría incluir otra forma de restricción de la libertad.

Los que no acepten su responsabilidad pasarán a la unidad de investigación y acusación para que esta evalúe la evidencia y decida si los lleva a juicio ante el Tribunal de Paz, si este los encuentra culpable, podría emitir una sentencia con una  condena que podría acarrear hasta 20 años de cárcel.

Esta diligencia estaba programada para el 2020, pero debido a la crisis causada por la pandemia  la Sala debió suspender las audiencias.

Aproximadamente 700 víctimas, de las 2.107 víctimas acreditadas, habían presentado observaciones

¿Cómo se elaboró el auto de determinación?

Las versiones contenidas en el documento, según el Tribunal de Paz, fueron aportadas de forma individual de los responsables y después se ampliaron en versiones colectivas realizadas al término de 2019.

Estas comparecencias fueron mixtas: tenían un componente escrito y uno oral. “En el componente escrito se reporta la participación de 350 exguerrilleros de distintos rangos y en el componente oral hicieron presencia 236”.

A corte del 28 de febrero de 2020 aproximadamente 700 víctimas, de las 2.107 víctimas acreditadas, habían presentado observaciones, algunas de forma individual y otras en grupo a las versiones realizadas por los excombatientes.

“Estas observaciones, así como las versiones de los comparecientes, son sobre hechos y conductas que fueron tipificados en la justicia ordinaria como: secuestro simple, secuestro extorsivo, toma de rehenes, desaparición forzada y homicidio, entre otros tipos penales. Hasta el momento el comentario principal es el rechazo de la afirmación de los exguerrilleros de que la orden era dar buen trato a los cautivos, ya que muchas víctimas recibieron múltiples maltratos que detallan en sus observaciones y en sus solicitudes de acreditación”, reseña el tribunal.

Un análisis

Para Andrés Dávila, profesor de la Universidad Javeriana y experto en temas de postconflicto, lo que ocurrirá será la puesta en práctica de la JEP, que ha sido “cuestionada” y “presionada” precisamente por no mostrar resultados.

“El caso 1 es uno de los procesos más complejos dado el número de secuestros que registraron en el periodo analizado. Hay que destacar que es un sistema complejo inédito en Colombia. Habrá voces a favor y en contra, pero no deja de ser importante esta imputación”, dijo el analista. 

Resaltó Dávila que los resultados finales “no dejará de ser fuerte” para toda la sociedad.

 “Si aceptan no pagarán cárcel y les será aplicadas penas restaurativas y ante la posibilidad de no aceptar los casos, será un tema muy interesante que podría llevar a la división interna del secretariado”.

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