El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que este viernes el Gobierno Nacional hará un llamado para que miembros de los grupos ilegales entren al programa de desmovilizados.
El anunció supone un ultimátum de las autoridades a estos grupos, porque de lo contrario 'la fuerza pública continuará buscándolos hasta el último rincón de Colombia'.
'El mensaje es contundente: o se pasan del lado de la legalidad o serán capturados. Nuestra Fuerza Pública no descansará hasta dar con ellos y aplicar todo el peso de la ley', afirmó el ministro Molano.
De igual forma, el mindefensa reportó que siete integrantes de la subestructura ‘Pablo José Montalvo Cuitiva’ del ‘Clan del Golfo’, entregaron sus armas, un día después de la captura de Otoniel.
Estos miembros del Clan del Golfo delinquían en los corregimientos de Hojas Blancas, Loma, La Escuelita y Caimanero, uno de ellos era comandante de la zona en el municipio de Bojayá, Chocó.
De acuerdo con el Gobierno, existe un programa para aquellos que decidan entregar sus armas que, comprende, la entrega voluntaria, abandonar la ilegalidad y cumplir con los requisitos de cada fase.
Posteriormente las personas que se desmovilicen serán trasladados a un hogar encargado de ofrecerles atención psicosocial, salud, medidas de protección y seguridad. 'Si cumplen con todos los pasos pasaran a un apoyo económico'.
Es así, como en 100 días, se hace efectivo el tránsito a la legalidad, con la participación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que acompaña y brinda asesoría permanente a quienes le apuestan a la paz, para fortalecer sus capacidades y brindar la oportunidad de desenvolverse plenamente como ciudadanos.
'Esta decisión la han tomado ya 309 hombres y mujeres de los grupos armados organizados, antes de que la Fuerza Pública los encuentre y los neutralice como sucedió el pasado miércoles con la captura de 28 de estos criminales en La Guajira y Santander', indicó Mindefensa en un comunicado. .
Estos siete integrantes del ‘Clan del Golfo’, al igual que todos aquellos que decidan presentarse a la justicia comenzarán la ruta hacia la legalidad e iniciarán un proceso de tres etapas.
La primera comprende la entrega voluntaria, abandonar la ilegalidad y cumplir con los requisitos de cada fase. Posteriormente son trasladados a un hogar encargado de ofrecerles atención psicosocial, salud, medidas de protección y seguridad. Si cumplen con todos los pasos pasaran a un apoyo económico.
Es así, como en 100 días, se hace efectivo el tránsito a la legalidad, con la participación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que acompaña y brinda asesoría permanente a quienes le apuestan a la paz, para fortalecer sus capacidades y brindar la oportunidad de desenvolverse plenamente como ciudadanos.
