El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció este lunes la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de una solicitud de nulidad de la medida de aseguramiento en su contra.
'Radicaré una acción contra la medida de aseguramiento para que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare su nulidad', anticipó el líder político en una rueda de prensa virtual a través de Twitter.
Juristas consultados explicaron que la solicitud de nulidad de la medida de aseguramiento es un acto de postulación contemplado en el antiguo sistema penal o Ley 600, por la que los señalados pueden pedir la anulación de la decisión en su contra.
Durante su intervención en la red social, Gaviria aseveró: 'Desconozco si hay personas motivando esta situación, pero será aclarada desde el punto de vista jurídico. Espero que no haya otra motivación distinta a un error'.
Dijo además que ha obrado 'siempre con transparencia', e hizo votos porque 'nuestra justicia avance en un proceso de mejora. A pesar de los errores de los funcionarios, debemos creer en las instituciones'.
El mandatario indicó que no presenta recursos ante la Fiscalía porque 'no tengo todas las garantías del caso', y agregó que 'la decisión del fiscal general denota un interés mayor en los titulares de prensa'.
Afirmó que la Troncal de la Paz, obra por la que suscribió el contrato que lo tiene en las pesquisas, 'se necesitaba, se hizo dentro de los plazos previstos, dentro de los presupuestos, no tiene ningún reparo técnico, fue recibida por la comunidad, está prestando un enorme servicio y es la obra más importante que se ha hecho en la historia reciente de esa subregión'.
Finalmente, criticó el hecho de que la medida en su contra haya sido dictada en medio de la emergencia sanitaria: 'En Antioquia genera una costosa e innecesaria inestabilidad en la atención hoy absolutamente necesaria en la pandemia y en la reactivación económica y social'.
Entre tanto, luego de que la Fiscalía que dictó la orden de captura con el gobernador Gaviria, pidiera a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia investigar por el mismo caso de presuntas irregularidades contractuales a los también exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, los exmandatarios aseguraron ser inocentes.
'Una vez más, como en tantas otras ocasiones, listo para demostrar mi transparencia en todas mis actuaciones. Siempre, paciencia y decencia', escribió Fajardo en su cuenta de Twitter.
A su vez, Ramos 'trinó': 'Respecto al proceso del gobernador Gaviria, manifiesto mi entera disposición de atender el llamado de las autoridades competentes frente a mis actuaciones como gobernador de Antioquia, siempre ajustadas a la ley'.
La compulsa de copias contra los exmandatarios antioqueños, según se lee en la resolución del ente acusador, se hace 'con el fin de establecer las responsabilidades de los posteriores gobernadores, se compulsan copias de la denuncia'.
Esto, añade, 'como quiera que la ejecución y liquidación del contrato principal, el contrato adicional número 1 y el otrosí número 2, tuvieron ocurrencia a lo largo de dos administraciones departamentales más'.
El fiscal Barbosa anunció el pasado viernes la emisión de la orden de captura por presuntas anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, que se suscribió por una suma de $41 mil millones, durante el primer periodo de Gaviria como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007.
De acuerdo al organismo de investigación penal, los elementos probatorios dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras supuestas irregularidades.
El mandatario penal es investigado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
Barbosa aseveró que en el contrato se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, que este se pagó sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros, que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, una de ellas cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador que, según el fiscal, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección.
