A lo largo de la recopilación de los relatos para la conformación del caso 1 que se lleva en la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que guarda relación con la 'toma de rehenes y graves privaciones de la libertad (secuestro)', los miembros del Secretariado de las Farc insistieron en que la orden de 'buen trato' era la instrucción que le daban a los subalternos de esa extinta guerrilla para relacionarse con las personas que estaban en cautiverio.
Sin embargo, esa premisa se derrumbó la mañana de este jueves cuando la magistrada Julieta Lemaitre, en medio del anunció de la primera imputación al antiguo secretariado de las Farc-Ep por crímenes de guerra, indicó que tal orden solo 'consistía en cuidar la vida del cautivo y no de su dignidad humana'.
Así lo comprueban los relatos de las 2.107 víctimas acreditadas que manifestaron la experiencia de malos tratos que sufrieron en cautiverio.
El auto fue puesto a disposición de Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, y los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda 'con el fin de que estos decidan reconocer o no su responsabilidad en este delito'.
La magistrada aseguró, que varios de los maltratos 'fueron infligidos' y causaron 'sufrimiento físico y psicológico, motivado por el deseo de humillar y castigar a los cautivos'.
La Sala de Reconocimiento concluyó en su análisis que la vida del cautivo quedaba 'a merced de los comandantes'.
