El “buen trato” de las Farc con los cautivos no se cumplió: JEP
El tribunal acusó a ocho jefes de la antigua Farc por secuestro y crímenes de guerra tras los relatos de 2.107 víctimas.
A lo largo de la recopilación de los relatos para la conformación del caso 1 que se lleva en la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que guarda relación con la “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad (secuestro)”, los miembros del Secretariado de las Farc insistieron en que la orden de “buen trato” era la instrucción que le daban a los subalternos de esa extinta guerrilla para relacionarse con las personas que estaban en cautiverio.
Sin embargo, esa premisa se derrumbó la mañana de este jueves cuando la magistrada Julieta Lemaitre, en medio del anunció de la primera imputación al antiguo secretariado de las Farc-Ep por crímenes de guerra, indicó que tal orden solo “consistía en cuidar la vida del cautivo y no de su dignidad humana”.
Así lo comprueban los relatos de las 2.107 víctimas acreditadas que manifestaron la experiencia de malos tratos que sufrieron en cautiverio.
El auto fue puesto a disposición de Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, y los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda “con el fin de que estos decidan reconocer o no su responsabilidad en este delito”.
La magistrada aseguró, que varios de los maltratos “fueron infligidos” y causaron “sufrimiento físico y psicológico, motivado por el deseo de humillar y castigar a los cautivos”.
La Sala de Reconocimiento concluyó en su análisis que la vida del cautivo quedaba “a merced de los comandantes”.
“Se trata de encadenamientos y amarres como forma de castigo y humillación; agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones; vulneración total de la intimidad”, determinó el Tribunal de paz
La Sala de Reconocimiento estableció que sucedieron hechos “de especial gravedad” durante el cautiverio, como el aislamiento forzado, violencia sexual y desplazamiento forzado como castigo. El tribunal resaltó la vulnerabilidad especial de niños y niñas, y de las mujeres, que estuvieron secuestradas y que vivieron el miedo y la desprotección de manera diferenciada, por la minoría de edad, y por ser mujeres. La situación llevó a que la Sala de Reconocimiento también acusara a los ocho líderes por crímenes de guerra.
La Sala señaló que las Farc utilizó el secuestro como política para financiar su estructura.Los secuestros también se usaron para “forzar el intercambio” de guerrilleros que estaban presos.
La magnitud de los hechos
La JEP manifestó que a través de la Sala de Reconocimiento unificó seis bases de datos que al unificarlas encontró que se le atribuyen a las Farc-Ep 21.396 víctimas de secuestro que fueron identificadas con nombre y cédula. De la cifra, 79% corresponden a hombres y el 21% a mujeres.
De los datos que reportan la edad de la víctima (55% de los datos), el 95% corresponden a mayores de edad y 5% eran niños, niñas o adolescentes, el 47% eran niñas.
De los mayores de edad, el 19% tenían más de 55 años. Al contrastar este listado con el listado de reportados como muertos y desaparecidos, la Sala identificó que el 8,7% de las víctimas de secuestro fueron desaparecidas y el 2,9% asesinadas con entrega de cuerpo.
Los ocho jefes tendrán 30 días para sentar una posición frente al auto presentado por el Tribunal de Paz. En caso de que los procesados no reconozcan su participación en las conductas imputadas o no aporten información exhaustiva que permita poner fin a la impunidad, la JEP puede imponer las denominadas sanciones propias que consisten en privaciones de la libertad de 15 a 20 años.
Los exjefes de la desmovilizada guerrilla, cuyo partido ahora se llama Comunes, anunciaron que se pronunciaran una vez hayan concluido el estudio del auto, al tiempo que definirán su posición dentro del tiempo destinado jurídicamente para ello (30 días).
“Durante las comparecencias relacionadas con el caso en mención, tuvimos la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas; esa conducta nuestra no cambiará”, aseguró el grupo a través de un comunicado.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio la bienvenida este jueves a la solicitud que realizó Colombia, en días pasados, para ampliar la misión encargada de la verificación de la paz en el país con el fin de que haga también un seguimiento a la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional.
El general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien cayó en manos de las Farc junto con 60 de sus hombres tras la toma de Mitú, capital del selvático departamento del Vaupés, celebró el inicio de la imputación de las extintas Farc.
“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, dijo Mendieta.
El general (r) permaneció secuestrado casi doce años, desde los primeros días de noviembre de 1998 hasta el 13 de junio de 2010, cuando fue rescatado en una operación militar. El uniformado valoró como positivo la acción de la JEP.
“Que hoy (ayer) la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘mientras no haya reparación no hay justicia’”, advirtió.
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