Este lunes, la Sala de Reconocimiento de la JEP informó que imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un ex funcionario del extinto DAS y dos civiles por ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Casanare.
Entre los militares, la mayoría miembros de la Brigada XVI del Ejército, se encuentra el general Henry Torres Escalante, además de tres tenientes coroneles y otros 10 oficiales y seis suboficiales.
Lo que más llama la atención, es que dos los 22 miembros del ejército imputados estarían en servicio activo: el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz y el capitán Miguel Andrés Sierra García.
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Amaya Ruiz, quien era investigado por hechos ocurridos el 2 de diciembre de 2006 en Aguazul, Casanare, compareció en público en noviembre de 2021 y aceptó haber participado.
'Estoy aquí para hacer el reconocimiento de mi responsabilidad ante estos crímenes en los cuales yo participé. No fueron en todos, pero es como si estuviera en todos porque conocí y no denuncié. No hice nada para que eso no volviera a pasar. Yo, Faiber Alberto Amaya, asumo la responsabilidad ante el dolor que les cometí al quitarles a sus familiares', dijo en su momento, en presencia de familiares de las víctimas.
Por su parte, Sierra García, ante la JEP no aceptó su responsabilidad.
{"titulo":"Los ‘falsos positivos’ que se ‘tragó’ la tierra en El Copey","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/los-falsos-positivos-que-se-trago-la-tierra-en-el-copey-925557"}
Faiber Alberto forma parte de los que la JEP indica que 'no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores'.
Por su parte, Miguel Andrés fue imputado bajo el título de 'coautores' porque 'realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones'.
La JEP detalló que un total de 303 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros y que las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas de combatientes. Además, que más de $140 millones de los contribuyentes sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados.
'Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión', concluyó el tribunal de paz.
