“Asesinamos a inocentes, a campesinos”: Militares sobre ‘falsos positivos’.
La JEP halló que los 10 miembros de la fuerza pública y un civil son penalmente responsables de crímenes de guerra ocurridos en el Catatumbo.
En medio una ceremonia que se lleva a cabo en Ocaña, Norte de Santander, este martes se realiza la audiencia de reconocimiento de responsables de 'falsos positivos' en el Catatumbo, donde la JEP halló que los 10 miembros de la fuerza pública y un civil son penalmente responsables de crímenes de guerra ocurridos en esa zona del país.
Durante la diligencia, el presidente de ese tribunal, el magistrado Eduardo Cifuentes, señaló que: “Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento. Ante ustedes la historia está en marcha”.
La audiencia que es presidida por las magistradas Catalina Díaz, co-relatora del Caso 03, y Lily Rueda, y los magistrados Óscar Parra y Alejandro Ramelli, de la Sala de Reconocimiento, se realiza en esa zona del país por decisión de la JEP, luego de la solicitud de las víctimas, como medida de reparación simbólica de los daños que estos crímenes causaron en ellas, sus familias, comunidades y en su territorio.
A esta audiencia comparecen: el general (r) Paulino Coronado: los coroneles (r) Santiago Herrera y Rubén Darío Castro; además de los tenientes (r) Álvaro Diego Tamayo y Gabriel de Jesús Rincón Amado, además del mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro.
También hacen presencia el capitán (r) Daladier Rivera Jácome, los sargentos segundo (r) Rafael Antonio Urbano y Mauricio Pérez Contreras, el cabo primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez y Alexander Carretero (tercero civil).
Estos comparecientes, según la JEP, fueron responsables en determinadas fases del plan criminal.
Por ejemplo, algunos participaron en la selección de las víctimas, otros en su ejecución, otros fueron decisivos en la legalización de esas operaciones y otros en el encubrimiento de los crímenes.
Eduvina Becerra fue la primera víctima del Catatumbo en tomar la palabra. Se trata de una mujer campesina de la Serranía del Perijá quien desde hace más 14 años busca verdad y justicia por el asesinato de su compañero Jorge Eliécer Ortega.
“Queremos que hoy, ante este público y ante el mundo y nuestro país, digan que nuestros familiares no eran ningunos combatientes o guerrilleros. Esperamos que todo esto se aclare”, manifestó Becerra, quien le pidió verdad y garantías de no repetición “a lo que se viene haciendo con nuestros hermanos colombianos (…), que el gobierno no encubra más estos crimines que se están dando”.
“Queremos que hoy, ante este público y ante el mundo y nuestro país, digan que nuestros familiares no eran ningunos combatientes o guerrilleros. Esperamos que todo esto se aclare”, manifestó Eduvina.#JusticiaParaElCatatumbo #ReconocerParaNoRepetir
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) April 26, 2022
Sandra Barbosa Mora fue la segunda víctima que se dirige al país y los comparecientes. “Hoy exijo que digan que no son guerrilleros, que eran campesinos”, manifestó tras relatar cómo fue el asesinato de su hermano Javier Peñuela.
El cabo primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, arrancó su intervención diciendo: “Yo reconozco mi responsabilidad a título de coautor de crímenes de guerra y lesa humanidad (…). No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos”.
"Asesinamos personas inocentes. Campesinos. Uno de mis compromisos cuando me reuní con las víctimas fue aclarar todo. Que los que asesinamos eran campesinos. El fenómeno criminal se dio en el Catatumbo entre 2007 y 2008", señaló el excomandante de escuadra en la BRIM15.
El cabo primero (r) Gutiérrez Salazar participó en la consolidación de la primera modalidad del patrón criminal identificado por la JEP en la investigación.
En Catatumbo, desde donde el país conoció por primera vez los ‘falsos positivos’. En esta región el patrón criminal tuvo dos modalidades que se distinguen por el perfil de las víctimas. En ellas participaron miembros de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (Bisan).
La primera modalidad deja en evidencia que los miembros de la fuerza pública escogieron a sus víctimas en procesos irregulares de inteligencia militar, que derivaron en falsas bajas en combate perpetradas mucho antes de conocerse el caso de los jóvenes de Soacha.
La segunda modalidad consistió en que miembros del Ejército tranzaron con terceros civiles para engañar y reclutar a las víctimas y sumar sus cuerpos a las estadísticas militares de ‘bajas en combate’.
