El Heraldo
Vista de la sede del edificio de la Contraloría General de la República.
Colombia

Contraloría indaga más de 220 contratos de las firmas de Centros Poblados

El ente de control declaró de impacto nacional todos los contratos que estas empresas tienen con entidades del Estado desde 2014, y que suman $1,1 billones.

La contratación que por más de $1.1 billones tenían las firmas que conforman la UT Centros Poblados, fueron declarados por contralor general de la República, Felipe Córdoba, como de “impacto nacional”.

La serie de contratos que se han realizado, desde el año 2014, las cuatro firmas de la Unión Temporal se elevan a más de 234 y serán sometidos a una revisión para intentar determinar  si la ejecución de los proyectos ponen en riesgo los recursos públicos.

A través de un comunicado, el ente de control señaló que la medida se da dentro de la investigación que se lleva a cabo por la pérdida del anticipo de más $70 mil millones que recibió la UT para ejecutar el contrato 1043 de 2020 con el que se buscaba llevar internet a zonas rurales del país y que fue concedido por el Mintic.

La decisión del Despacho del Contralor General de la República, se sustenta sobre la base en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

Así las cosas, se adoptó la decisión de “declarar de impacto nacional los hechos relacionados con la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos en los cuales, en calidad de contratistas, se encuentran directamente o a través de consorcios y uniones temporales estas empresas que son miembro de la UT Centros Poblados”, señaló la Contraloría en un comunicado.

A partir de la declaratoria, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción “procederá a abrir las indagaciones preliminares correspondientes”.

Las firmas que hacen parte de la UT son:  Omega Buildings Constructora SAS, ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa, y Fundación de Telecomunicaciones Ingenieria Seguridad e Innovación (Funtics, ahora Novotic).

La medida se suma al anuncio del ente de control de embargar los bienes de Emilio Tapia.

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