Hallazgos fiscales por $32 mil millones en planes de agua
En Magdalena hubo anomalías por $11,290 millones, en Córdoba por $3.313 millones y en La Guajira $2.010 millones.
La Contraloría informó este martes en un comunicado que estableció 62 hallazgos con presunta incidencia fiscal en cuantía de $32.282 millones en 17 Planes Departamentales de Agua (PDA).
Indicó el ente de control que fueron auditados los PDA correspondientes a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Nariño, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.
"Uno de los departamentos con la mayor cuantía de hallazgos fiscales es Magdalena (2 por $11,290 millones). También resaltan Cauca (5 por $3.823 millones), Córdoba (4 por $3.313 millones) y La Guajira (6 por $2.010 millones)", se lee en el documento.
Las principales deficiencias encontradas por la Contraloría tienen que ver con deficiencias en la planeación y ejecución contractual, persistencia generalizada de incumplimiento de cronogramas, obras inconclusas, posibles daños al patrimonio público, manejo inadecuado de los recursos públicos y debilidades en la planeación de los proyectos.
“Algunos proyectos iniciaron su ejecución sin estudios previos adecuados y fueron contratados sin contar con los permisos, concesiones y licencias ambientales o sanitarias. También hay falta de liquidación de contratos con plazo de ejecución vencido, los cuales no cuentan con las correspondientes actas de liquidación y terminación. Además, hay pago de bienes o servicios no recibidos o instalados”, informó la Contraloría.
Asimismo, la Contraloría identificó numerosas obras concluidas y contratos liquidados sin que se hayan puesto en funcionamiento y al servicio de la comunidad a la que están destinadas.
“Muchos de los contratos evaluados presentan retrasos relevantes y han sido objeto de frecuentes suspensiones, lo que genera incertidumbres sobre su culminación y puesta en funcionamiento a fin de satisfacer las necesidades sociales de los servicios de acueducto y saneamiento básico. Los retrasos en estas obras mantienen elevados los niveles de riesgos sanitarios y ambientales para la población e impiden elevar su calidad de vida”, explicó la entidad.
Por otro lado, la Contraloría advirtió sobre otras deficiencias, como sobrecostos en la contratación y adquisición de bienes y servicios, el pago de anticipos que no fueron debidamente amortizados, ni manejados adecuadamente en las cuentas bancarias abiertas al efecto, debilidades en la supervisión e interventoría y en la gestión de recursos para dar continuidad a los proyectos, e insuficiencia en el seguimiento, monitoreo y evaluación.
Además, se encontraron proyectos de agua potable que no cumplen con los indicadores de calidad del agua para consumo humano, presentando riesgos para la salud por presencia de patógenos (coliformes).
