Advierten daño patrimonial de $44.500 millones en universidades públicas

Según el ente de control, decidió emitir un concepto de incumplimiento material adverso debido a que “el cumplimiento de la normativa aplicable en la Dian y el Ministerio de Educación Nacional para este tema no resulta conforme en todos los aspectos significativos frente a los criterios aplicados”.

Indicó que el concepto se fundamenta en varios hallazgos tales como la “deficiencia en la supervisión del recaudo de la contribución por parte del Ministerio de Educación”. Sobre esto, el ente reportó que “algunos agentes retenedores no efectuaron la retención de manera oportuna y en consecuencia no se adelantaron acciones de fiscalización y cobro”.

“Se observan debilidades en los procesos de fiscalización, debido a que se evidenció que se utilizó más de una tarifa para realizar el cálculo del valor presunto por trasladar, aun cuando el Ministerio de Educación y la Dian contaban con información amplia y suficiente para identificar el valor de cada uno de los contratos sujetos de retención”, agregó la Contraloría en su informe.

Respecto a la gestión del proceso de administración, fiscalización y cobranzas de la contribución de la estampilla, el ente señaló que, con corte a 30 de junio de 2022, se evidenciaron deficiencias en la supervisión y fiscalización del recaudo de la contribución, así como “una inoportuna verificación por parte del Ministerio de Educación de las tarifas aplicadas por los agentes retenedores”.

Asimismo, halló debilidades en los procesos de fiscalización por parte de la Dian, que cuenta con un periodo de cinco años para llevarlos a cabo.

“Igualmente, se determinaron debilidades en el Sistema RIEL ya que no se encuentra diseñado, ajustado y probado para realizar la correcta liquidación y Conversión a la Unidad de Valor Tributario (UVT) de la tarifa de la estampilla que dispuso la Resolución 024509 de 28 de diciembre de 2021”, concluyó el ente.