El Heraldo
Los antiguos miembros del secretariado imputados en el caso 01 seguirán con su curul en el Congreso. Archivo
Colombia

JEP niega medidas cautelares y retiro de ex-Farc del Congreso

El Tribunal Especial respondió a la solicitud de familiares de diputados del Valle asegurando que dichas medidas “no competen a la JEP”.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)  negó las solicitudes de medida cautelar radicada por los familiares de los diputados del valle, en el marco del caso 01, conocido como el de secuestro, para que los imputados por el Auto 019 de 2021 permanecieran en restricción de la libertad en las Zonas Veredales de Normalización y perdieran su espacio en el Congreso de la República.

Tras analizar el requerimiento formulado por la Fundación Defensa de Inocentes contra Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisando Alape, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, los magistrados determinaron que la Sala no es competente para evaluar la solicitud y la medida cautelar no es la vía procesal para formular las inquietudes planteadas en la misma.

Es menester, recordar que según la Fundación Defensa de Inocentes es necesario que los exjefes de las Farc tengan restricción de la libertad en las Zonas Veredales de Normalización, pues “hay riesgo de que esas personas no comparezcan, colocando en grave riesgo la verdad y el eje central del proceso, como son las víctimas, llegando a que esas víctimas no conozcan la verdad sobre el caso de los diputados del Valle”.

La JEP determinó que resolver la restricción de la libertad o la participación política de los comparecientes es una decisión que compete al Tribunal para la Paz una vez imponga la sentencia que corresponda. Este escenario de discusión se dará si los comparecientes se hacen acreedores de una sanción propia o, por el contrario, de una alternativa u ordinaria. Además, de las condiciones que se fijen para su cumplimiento en cada caso.

Teniendo en cuenta que la sanción propia es la única que implica restricción efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, pero no cárcel, como las otras dos, será la Sección de Primera Instancia del Tribunal quien determine la compatibilidad de la sanción propia con el ejercicio de la participación política. Esto, para quienes reconozcan verdad y responsabilidad.

En los casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, corresponde a la Sección de primera Instancia del mismo Tribunal imponer, de acuerdo al momento procesal de cada compareciente, una sanción alternativa o una sanción ordinaria. Dado que ambas implican cárcel, producirán la inhabilidad señalada por el artículo 31 de la Ley 1957 de 2019.

Si bien esta es una decisión que puede ser adoptada por el Tribunal en la sentencia, es él quien tiene la palabra y no la Sala por vía de una medida cautelar. En ese sentido, su competencia ante la solicitud apenas va hasta la presentación de la resolución de conclusiones ante la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz cuando haya reconocimiento de verdad y responsabilidad o la remisión ante Unidad de Investigación y Acusación, cuando no lo haya.

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