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Así reclutan las estructuras de crimen organizado en el Caribe

Defensoría del Pueblo ha emitido 10 alertas tempranas para evitar el reclutamiento de menores en la Región.

El tema sobre los reclutamientos forzado no ha sido ajeno para la Defensoría del Pueblo en la Costa Caribe. En el periodo comprendido entre 2018 y 2020, la entidad ha emitido 10 alertas tempranas estructurales para los municipios del caribe colombiano, específicamente para los departamentos del Atlántico, San Andrés, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Sucre.

Según el ente, que vigila la protección de los derechos humanos de los colombianos, el delito ha afectado de manera directa a niños, niñas, adolescentes, donde los principales perpetradores son los sucesores del paramilitarismo.

“La dinámica del conflicto armado en estos departamentos está determinada por el control social y territorial de grupos armados post desmovilización, ejercido principalmente, a través de subcontrataciones de grupos de crimen organizado con presencia focalizada y vínculos con estructuras internacionales como el Cartel de Sinaloa o ‘Los Pranes’ venezolanos”, sostiene la Defensoría en un informe al que este medio tuvo acceso.

 El principal interés de estos grupos, según la entidad,  es “la instrumentalización” de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como informantes o campaneros, así como en redes de microtráfico para la venta y distribución de drogas.

“Las víctimas de este delito podrán luego ser vinculados a grupos de crimen organizado de presencia focalizada o bandas delincuenciales tercerizadas por estructuras de mayor alcance, como las AGC, y desde donde serán encaminados a cometer otro tipo de delitos como hurto, intimidación, porte ilegal de armas y homicidio”, señala el informe.

El crimen organizado invita a un estilo de vida de dinero fácil y les da a los menores una sensación de poder y control sobre sus propias vidas que las vulnerabilidades socioeconómicas les habían arrebatado”, explica el documento.

La Defensoría manifestó además que en los entornos escolares también existen situaciones “que ponen en riesgo a los menores”.

Destacó que los menores se han visto afectados en su derecho a la vida, por la instrumentalización de la que son objeto ante los ajustes de cuentas entre grupos criminales en contra de sus familiares.

En Atlántico, para Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, y Soledad el escenario de riesgo se configura a partir de enfrentamientos y ajustes de cuentas entre las estructuras delincuenciales por el control de las economías ilegales y disputas al interior de las estructuras delincuenciales por el ascenso en las jerarquías.

“Durante el monitoreo llevado a cabo por el Sistema de Alertas Tempranas, se pudo establecer que el uso ilícito de menores se da a partir de los 9 años  y que son utilizados principalmente para: actividades de vigilancia, como informantes y mensajeros; transporte de suministros, armas y elementos de apoyo para el grupo; transporte de sustancias ilícitas; tráfico o microtráfico de sustancias ilícitas; hurtos; inducción al reclutamiento, extorsión; explotación sexual y sicariato”, dice la entidad en el documento.

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