El Sistema de Monitoreo la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzó una alerta en su sexto informe quincenal de alto riesgo para los miembros de las extintas Farc-EP que aportan verdad en los 7 macro casos.
Según la UIA, la situación de seguridad para los excombatientes de las Farc-EP es crítica en diez municipios: Tumaco, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, Caloto, Cali, Tibú, San José del Guaviare, Santander de Quilichao, Corinto y Miranda.
Afirma la entidad que 'en estos municipios existe un alto índice de afectaciones contra los exFarc y son, simultáneamente, las zonas donde se han asentado varios comparecientes que vienen rindiendo cuentas a la JEP'.
En el reporte, la unidad alertó que 'la semana del 14 al 21 de abril de 2021 fue una de las más letales para los excombatientes desde la firma del Acuerdo Final de Paz. De acuerdo con el periodo analizado, se presentaron 7 asesinatos, en promedio uno cada 24 horas, y 1 tentativa de homicidio contra los reincorporados en cinco departamentos. El 100% de las víctimas estaban sometidos a la JEP'.
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En su sexto informe, los investigadores advierten que persisten los hechos violentos contra quienes asumieron roles de liderazgo en el postacuerdo. 'Este patrón demuestra cómo las posiciones de liderazgo que asumieron algunos reincorporados durante su tránsito a la vida civil están relacionadas con las causas que produjeron su victimización', meniona la UIA.
Al conocer el reporte de la UIA, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, insistió nuevamente en la necesidad de implementar de manera decidida el Acuerdo Final de Paz y en desarrollar políticas más robustas de protección para líderes sociales y excombatientes de las Farc, como lo ha pedido reiteradamente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
A la fecha, el Sistema de Monitoreo de la UIA ha logrado determinar que 2 de cada 10 reincorporados de las extintas Farc-EP, que fueron asesinados, ejercían liderazgo en temas políticos, asociados a proyectos productivos, representantes de cooperativas, o encabezando procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
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Tras la alerta que lanzó durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares colectivas que ordenó la Sección de Ausencia de Reconocimiento para proteger a los firmantes del Acuerdo, la UIA advirtió nuevamente que 'si la variable temporal de homicidios a reincorporados continuaba, se podría llegar a la cifra de 1.600 crímenes al finalizar el año 2024'.
