En los informes que entregó esta semana el movimiento sindical colombiano a la Comisión de la Verdad, conocidos en parte por EL HERALDO, consta que desde 1971 hasta junio de 2020 han sido asesinados en el país 3.270 sindicalistas, de los cuales 565 fueron muertos de manera violenta en la región Caribe.
Entre las 15.245 violaciones a la vida, libertad e integridad de integrantes de organizaciones sindicales que registra el documento, hay además denuncias de 7.492 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados.
El reporte fue elaborado poñ2r las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, Fecode, Fensuagro y sindicatos como la USO, Anthoc, Sintraunicol, sindicatos del sector de la palma en Magdalena Medio, Sintramienergética, Sittelecom y Sintraofan, con el acompañamiento de la Escuela Nacional Sindical, Codhes, Viva la Ciudadanía, el Cajar y la propia Comisión de la Verdad.
'Mataron a profesores, estudiantes y funcionarios'
Stefan Romero Núñez, presidente de la organización sindical Sintraunicol, de la Universidad de Córdoba, cuenta a EL HERALDO que le tocó 'de manera viva presenciar la muerte' de uno y otro compañero profesor, estudiante y profesor en la 'toma a sangre y fuego' de la Universidad de Córdoba a comienzos de este siglo.
El artífice de la arremetida contra los recursos públicos y las plazas del alma mater: Salvatore Mancuso, muy mencionado por estos días a raíz de su posible deportación a Italia o extradición a Colombia.
'Ingresé a la Universidad de Córdoba en la época del año 1995, y aparentemente había un ambiente tranquilo y en calma, sin embargo se maquinaba el interés de los grupos al margen de la ley en la Universidad de Córdoba. Ese interés radicaba más que todo en el presupuesto que se maneja de manera autónoma dentro del claustro universitario. Inicialmente este presupuesto era asediado por los políticos de turno y despertó luego esas ganas en las AUC', hizo una reconstrucción de la memoria el líder sindical.
'Para el 2000 se inició una oleada de asesinatos de profesores, funcionarios y estudiantes, producto de esta toma a la Universidad de Córdoba. Yo apenas entraba a hacer parte de los afiliados de Sintraunicol y veía y escuchaba a mis compañeros decir que las AUC se habían tomado a sangre y fuego la universidad. Fue entonces cuando nos tocó de manera viva presenciar la muerte de un compañero de oficina: Nelson Narváez Romero, que era una persona digna de continuar con su vida, ya que era una persona justa y con bastante buen humor', continúa su relato.
Frente al papel de Mancuso en el horror del centro educativo de la sabana, Romero Núñez describe: 'Pasaron rectores bajo el mando de Salvatore Mancuso, como Víctor Hugo Hernández y Claudio Sánchez Parra, el primero sindicado de cómplice del asesinato de Hugo Iguarán Cotes, excandidato a la rectoría, y el segundo como facilitador administrativo de Mancuso al interior'.
Y acerca de la lucha valiente de los sindicatos que sobrevivían a la balacera, narra: 'Sánchez tenía algo bien claro y era acabar con los trabajadores oficiales de la universidad. En 2005 reunió al Consejo Superior Universitario y a través de los acuerdos 095 y 096 les quitaron la naturaleza jurídica a estos 148 trabajadores oficiales. Sánchez luego fue capturado y a través de acuerdos pactados con Emiro Madera, rector que ocupó el cargo, se les devolvió la naturaleza jurídica a los trabajadores oficiales. Posteriormente, en 2008, bajo la administración de Jairo Torres, la vicerrectoría de Elkin Rojas, la asesoría de Gustavo Garnica y con la junta directiva de Sintraunicol se logró una adenda a la convención colectiva y se le da fin a la inestabilidad producida en la toma paramilitar'.
El caso emblemático de la Universidad de Córdoba
En diciembre de 2018, la Fiscalía, luego de 15 años de proceso, llamó a juicio al ex rector de la Universidad de Córdoba, Claudio Sánchez Parra, por presuntos vínculos con grupos paramilitares, materializados, según el ente acusador, en el hecho de que el ex jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, fungió como coadministrador en la sombra del claustro.
La acusación cita que entre 2001 y 2006 se registraron 37 asesinatos en la universidad, mientras que 227 personas sufrieron algún tipo de violación de sus derechos humanos.
Mancuso dijo ante Justicia y Paz que ingresó al centro educativo en el 2000, 'pues era foco de corrupción y guerrilla, se investiga quienes aspiraban a rector, los mando citar, había costo por estudiante, la carga pensional grande superior al 40%, se habían conseguido convenciones colectivas, no tenían programas de alta calidad, ni estaba acreditada, se jubilaban sin la edad con prebendas extralegales, en el tema de salud creamos un organismo que brindaba salud pero no utilizaban porque el servicio era malo, desbordaban lo que tenía que ver con la ley 100'.
El exrector Víctor Hernández fue condenado a 35 años de cárcel por el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 23 de agosto de 2010, por el crimen del líder sindical Hugo Iguarán. También fue condenado por este asesinato Víctor Rojas, alias Jawi.
Además, los Tribunales de Justicia y Paz de Bogotá y Medellín, respectivamente, emitieron sentencias el 20 de noviembre del 2014 contra Mancuso, Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio y Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, y otros; y el 23 de abril de 2015 contra Jorge Barranco, Iván Correa, José Hernández Salazar y Dovis Grimaldi Núñez. Los fallos se produjeron por los crímenes, el 5 de enero de 1995, del docente Francisco Aguilar; del estudiante Elkin Tapia; de William Aguirre, el 21 de septiembre de 2000; del estudiante Nelson Narváez; y de Iván Garnica, hermano de un estudiante, el 18 de septiembre de 2001.
Fecode, el más vulnerado
En el informe entregado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode -que según la Escuela Nacional Sindical, ENS, es el sindicato que ha sufrido el mayor número de violaciones a los Derechos Humanos en el país-, conocido por EL HERALDO, se pone de presente que rescatar la memoria de victimización contra trabajadores sindicales 'se constituye en un avance en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición ante los graves hechos de violencia antisindical que no sólo generaron un gran impacto en nuestras organizaciones, sino en la construcción de democracia en nuestro país'.
Reporta el sindicato que los paramilitares han sido los presuntos responsables del mayor número de las 274 violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas afiliados al sector de la educación, relacionados entre 1997 y 2018: Paramilitares (150 casos, un 54,74% del total), no identificado (114 casos, 41,61%), organismos estatales (8 casos, 2,92%) y delincuencia común (2 casos, 0,73%).
'Para el caso de la Costa Norte cabe mencionar el accionar del Bloque Norte de las AUC en cabeza de Jorge 40, además de individuos como José Gelvez Albarracín, Hélmer Hincapié De la Cruz, entre otros, quienes jugaron un rol protagónico en las acciones violentas contra la comunidad universitaria en el norte del país, además del intento por permear las instituciones universitarias, como fue el caso de la universidad del Magdalena y de Córdoba, entre otras', se lee en el documento de los educadores.
La Escuela Nacional Sindical ha registrado en contra de Fecode, el sector sindical más vulnerado en Colombia en los últimos años, '6.119 violaciones a la vida, libertad e integridad de los docentes sindicalizados entre 1986 y 2016; de las cuales, 3.523 fueron cometidas en contra de maestros y 2.596 en contra de maestras. Entre estas violaciones, 990 fueron homicidios, 78 desapariciones forzadas, 49 atentados contra la vida, 3.170 amenazas y 1.549 desplazamientos forzados'.
