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Tras la reciente decisión del presidente Gustavo Petro de retirar del servicio al general de la Policía Edwin Urrego por supuestamente haber intentado poner “sustancias psicoactivas” en uno de sus vehículos oficiales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a criticar las palabras del saliente general.

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Y es que la supuesta maniobra contra Petro está relacionada con un allanamiento a la casa en Barranquilla del ministro, en noviembre de 2025, por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando Urrego era comandante de la Policía Metropolitana de la capital del Atlántico.

Benedetti dijo que el oficial no fue destituido por el allanamiento a su casa, como supuestamente ha dicho Urrego a la prensa, sino “porque hay un informe de inteligencia” que vincula a Urrego con una jugada sucia contra el presidente.

“Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho” y de su paso por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)“, agregó Benedetti.

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El ministro, que llamó “cobarde” a Urrego, dijo que el oficial destituido “tomó partido para delinquir” pese a que “su cargo le prohíbe deliberar en política”.

Urrego aseguró en declaraciones a medios locales que no había recibido ninguna notificación formal sobre investigación alguna en su contra.

“Soy completamente inocente”, dijo, y aseguró que está dispuesto a someterse “a cualquier prueba técnica”, como la del polígrafo, para demostrar su integridad.

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Urrego también negó haber tenido acceso al vehículo presidencial y sostuvo que la seguridad del jefe de Estado está a cargo de funcionarios de Presidencia bajo protocolos estrictos.

“Lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal. Yo tendría que aclarar esa situación y llegar hasta las últimas instancias”, respondió el oficial al ser preguntado sobre posibles acciones legales para defenderse.

El retiro se formalizó este miércoles mediante un decreto firmado por el mandatario en el que dispuso la salida del general Urrego mediante “llamamiento a calificar servicios”, una figura discrecional contemplada en la ley que permite el retiro de oficiales sin pérdida del grado y con derecho a pensión.