El Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata, hasta tanto se defina la segunda instancia del fallo condenatorio en su contra.
El recurso había sido interpuesto por la defensa del líder del Centro Democrático, que alegó “violación al debido proceso, a la presunción de inocencia y a su dignidad humana”.
En su momento, la defensa del ex jefe de Estado adviertió que la detención domiciliaria no tiene justificación, puesto que el exmandatario siempre se defendió en libertad y atendió cada una de las 67 sesiones de la etapa de juicio.
“En el caso que se examina, al actor se le reconoció la prisión domiciliaria tras verificarse el cumplimiento de los requisitos contenidos en los arts. 38 y 38 B del C.P.; sin embargo, los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social. Por lo mismo, es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social”, se lee en el fallo.
De acuerdo con el Tribunal, la juezaa Sandra Liliana Heredia no justificó algún riesgo de fuga, por el contrario, aceptó el buen comportamiento del encartado durante la actuación penal y en la demanda de amparo se destacó que, “pese a sus ocupaciones a nivel internacional que implicaron su salida del país en varias oportunidades en el decurso de esa actuación, siempre informó de esa situación y retornó”.
En este sentido, señalaron: “Por consiguiente, el buen comportamiento del justiciable durante la actuación y su asistencia voluntaria a las citaciones, contradicen la necesidad de la privación inmediata de su libertad”.
Se inicia una nueva batalla jurídica con efectos políticos
La condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria abre dos campos de batalla para las partes enfrentadas y sus seguidores y contradictores: el jurídico, que sigue ahora con la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmará, revocará o modificará la sentencia; y el político, en medio del escenario electoral de las presidenciales y legislativas del año entrante.
Al respecto, la abogada penalista Luisa Fernanda Caldas le dijo a EL HERALDO que “indiscutiblemente es un asunto de carácter jurídico y de carácter político de cara al tribunal y de cara al proceso, tiene que ser una discusión exclusivamente jurídica en la medida en que los jueces están obligados a fallar en derecho. Entonces, frente a lo que se discuta en el tribunal, todos esperamos, y estoy segura de que no va a haber ningún tipo de interferencia de carácter político en la decisión, sino que los magistrados van a fallar en derecho”.
