La presidenta del Partido Conservador y ex presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Nadia Blel, pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría medidas preventivas ante el polémico decreto del Gobierno sobre la reforma a la salud.
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“Solicito a su despacho la adopción de medidas preventivas y la activación de vigilancia especial frente a los riesgos que dicho acto administrativo puede generar sobre la sostenibilidad del sistema de salud, el patrimonio publico y fundamentalmente sobre la garantía de los derechos fundamentales”, se lee en sendas misivas.
Al Ministerio Público pide la emisión de una alerta preventiva, la designación de vigilancia especial inmediata sobre los giros y contratos celebrados por Adres, la elaboración de un informe técnico que identifique riesgos financieros, administrativos y de continuidad del servicio.
Esto, agrega Blel, porque “la aplicación anticipada de la reforma sin aprobación legislativa pudiera configurar una extralimitación de funciones por reserva de ley y sin un plan de contingencia claro podría ponerse en riesgo de afectación al derecho fundamental a la salud por posible interrupción de tratamiento, especialmente pacientes con enfermedades raras o de alto costo y generar riesgos patrimoniales”.
A la Contraloría llama a emitir una alerta preventiva dada la transición de EPS a Gestoras de Salud y Vida y la administración directa de recursos por Adres, disponer vigilancia especial inmediata sobre giros y contratos derivados del decreto, elaborar un informe técnico con identificación de riesgos financieros, administrativos y de continuidad del servicio.
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Esto porque “la reasignación de recursos y la ejecución de funciones sin habilitación legal comprometen la seguridad del erario y exigen control preventivo para salvaguardarlo”.
Y a la Defensoría solicita emitir alertas tempranas dirigidas a las autoridades nacionales y territoriales de salud para garantizar la continuidad y oportunidad de los tratamientos de pacientes críticos, verificar en terreno la operación de las nuevas rutas de referencia y contrarreferencia para pacientes con patologías de alto costo, huérfanas o catastróficas, durante la transición del modelo y acompañar y asesorar a los pacientes en la interposición de acciones de tutela u otros mecanismos de protección cuando se advierta riesgo de afectación grave a su derecho a la salud.
