La Unidad Nacional de Protección informó en la noche de este lunes, horas después de la lectura del fallo contra Álvaro Uribe Vélez, que la jueza que condenó al expresidente, Sandra Heredia, solicitó reforzar su seguridad.
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A través de un comunicado publicado en redes sociales, la UNP indicó que la jueza 44 del Circuito Penal de Bogotá, en calidad de benficiaria de la entidad, hizo una solicitud de protección el 11 de febrero de este año.
Sostuvo la Unidad Nacional de Protección que en ese momento hizo la respectiva valoración del riesgo, pero “actualmente” evalúa una una nueva solicitud.
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“Ante una nueva solicitud, se evalúan hechos sobrevinientes junto con la Dirección de Protección de la Policía Nacional, por los cuales podría determinarse el refuerzo de su esquema de seguridad”, dice el comunicado.
Sandra Heredia condenó este lunes en primera instancia a Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal y lo absolvió del de soborno simple en el considerado ‘juicio del siglo’ en Colombia.
“Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal”, dijo la jueza al leer el fallo contra el expresidente de 73 años.
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La jueza agregó: “Cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata”.
Heredia señaló que aunque el abogado Diego Cadena, que también está enjuiciado, aparece en el material probatorio presentado por la Fiscalía como la persona que supuestamente manipuló testigos para que cambiaran su testimonio a favor de Uribe en una demanda que lo enfrentó con el senador Iván Cepeda, el expresidente fue el “determinador” de tales conductas.
“Diego Javier Cadena Ramírez (...) se dedicó a encadenar personas, acciones y delitos, forjando un entramado delictivo en donde cada eslabón tenía un propósito asignado. Eso sí, con una consigna inquebrantable, resguardar la identidad del verdadero instigador. Movidos no solo por el miedo, sino por una lealtad devocional que los llevó a proteger al cerebro del plan criminal, incluso a costa de su propia responsabilidad penal”, dijo la jueza.
Este proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que estudió el caso, no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
