El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el caso, celebró en la noche de este lunes la decisión de la jueza 44 del Circuito Penal de Bogotá, Sandra Heredia, quien condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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“A pesar de presiones políticas y mediáticas la jueza Sandra Heredia ha proferido una decisión de carácter histórico. Ha hecho valer, tal vez por primera vez, el principio de que nadie puede impunemente desafiar y mancillar el imperio de la ley y la Constitución, un principio fundamental de la democracia que hasta hoy exceptuaba a los máximos responsables del Estado”, manifestó Cepeda a periodistas a la salida de la audiencia.
Agregó: “Al comenzar la audiencia la jueza Heredia dijo: ‘la justicia no se arrodilla ante el poder’. A comienzos de este siglo, Álvaro Uribe intentó imponer a las víctimas y a la sociedad colombiana un modelo que intentaba la negación y la impunidad de crímenes de lesa humanidad en los cuales él también estaba comprometido”.
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Consideró Cepeda que ese modelo “autoritario” se ha “frustrado” en buena parte gracias a “la decisión, al valor civil y a la dignidad del poder judicial”.
“Juezas, fiscales mujeres, magistrados y magistradas, abogados y abogadas, víctimas, han sido quienes han sabido defender la verdad y la dignidad en este país”, sostuvo.
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Iván Cepeda hizo un llamado a su “contraparte” para que “respete y acate la institucionalidad y, sobre todo, que respete a la justicia”.
“Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes. Con este fallo ha quedado establecida la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez y compuesto por numerosos falsos testigos, que intentaron engañar a la justicia. Luego de 13 años de un largo litigio”, aseveró.
Este proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que estudió el caso, no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
