La reciente radicación del proyecto de ley de sometimiento por parte del Ministerio de Justicia ha reavivado el debate sobre los límites entre la búsqueda de la paz y el respeto a los principios fundamentales de la justicia.
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La iniciativa, liderada por el ministro Eduardo Montealegre, plantea una hoja de ruta para el desarme, la desmovilización y la reintegración de grupos armados ilegales, diferenciando entre organizaciones con carácter político, como el Eln o disidencias de las Farc, y bandas criminales como el Clan del Golfo, a las que se aplicarían procesos de sometimiento judicial.
En medio del optimismo oficial, que asegura que esta ley dotará al Estado de herramientas “sólidas, legales y humanitarias” para enfrentar el crimen organizado, las críticas no se han hecho esperar. Una de las más contundentes ha sido la de Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y reconocida penalista, quien cuestionó varios aspectos del articulado presentado.
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En entrevista con La FM, Buitrago advirtió que el proyecto “mezcla justicia con no justicia” y alertó sobre la posibilidad de que se introduzcan mecanismos jurídicos que favorezcan a personas condenadas sin sustento constitucional, lo que, en su opinión, se asemejaría a una “amnistía impropia”. Para ella, cualquier legislación en este campo debe enmarcarse en la garantía de justicia y en el respeto por las instituciones, como ha reiterado la Corte Constitucional en sus pronunciamientos.
“El tema de la disminución eventual de otros detenidos no tiene que ver con paz total”, señaló la exministra. Afirmando que otorgar beneficios sin diferenciar adecuadamente el tipo de delitos o su gravedad puede derivar en tratamientos preferenciales injustificados.
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El ministro Montealegre, por su parte, ha sido enfático en afirmar que el proyecto no pretende construir un camino de impunidad. “El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, afirmó. Según la cartera, la propuesta recoge lecciones del pasado y busca corregir vacíos del actual sistema jurídico, caracterizado —en palabras del ministro— por “la desarticulación normativa” frente al tratamiento de grupos ilegales.
Entre los elementos más destacados del proyecto está el establecimiento de compromisos claros y verificables como condición para acceder a beneficios judiciales. Estos incluyen la entrega de armas, la reparación de las víctimas, la contribución a la verdad y la renuncia a acciones violentas. Aun así, Buitrago sostiene que, en su redacción actual, el proyecto se aparta de la Ley 2272 de paz total, que establece directrices más estrictas para avanzar en procesos de sometimiento.
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Además, criticó que se incorporen medidas para beneficiar a personas procesadas por delitos graves en el marco de las protestas sociales, cuando estos, en realidad, no se enmarcan dentro de manifestaciones pacíficas. La exfuncionaria aseguró que hay casos de “tortura y tentativa de homicidio” que no pueden interpretarse como parte de una protesta social, y rechazó que estos hechos sean tratados con indulgencia bajo la nueva normativa.
Buitrago también recordó que ella presentó un proyecto similar con un enfoque distinto, el cual exigía garantías claras de no agresión a la población civil por parte de los grupos interesados en acogerse al proceso. Esa propuesta fue archivada por el Congreso.
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Sobre posibles conexiones con el llamado “Pacto de La Picota”, la exministra prefirió no especular. Sin embargo, sí mostró preocupación por el hecho de que el proyecto abra la puerta a beneficios judiciales para condenados en primera y segunda instancia, lo que a su juicio “viola el marco del Código Penal y los parámetros de proporcionalidad”.
El proyecto fue aprobado por el Consejo Superior de Política Criminal el pasado viernes, y ahora inicia su trámite en el Congreso. Desde el Ministerio se insiste en que se trata de una propuesta integral, que permitirá a jueces y fiscales actuar con mayor claridad frente a grupos armados y redes criminales.
