Un proyecto de ley que abriría la puerta a beneficios jurídicos para jefes criminales radicaría el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, después del 20 de julio, cuando se llevará a cabo la instalación del Congreso.
Lea también: “Estableceremos los protocolos para la mesas de paz entre Digno Palomino y Castor”: Mininterior
De acuerdo con el documento, se trata de una reforma de la Ley de Justicia y Paz, creada en el 2005 para el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares para que los jefes criminales puedan entrar en esos beneficios jurídicos, sin crear otra instancia para dicho sometimiento.
Así las cosas, aquellos jefes criminales que ya hayan pagado entre cinco y ocho años de prisión por los crímenes cometidos en el pasado podrían acceder a un beneficio de libertad condicional, con la salvedad de que deberán cumplir con ciertas condiciones.
Además, la propuesta contempla que narcotraficantes y cabecillas que reciban condenas máximas de entre cinco y ocho años podrían pagarlas en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de ‘armonización’ por los delitos cometidos, según la propuesta.
Estos serían beneficios con los que no cuentan jefes de grupos armados con estatus político, como el Eln y las disidencias de alias Calarcá, designación otorgada por el Gobierno Petro.
La preocupación radica en que la propuesta abriría la puerta a que jefes o cabecillas de grupos como ‘los Costeños’, el ‘Tren de Aragua’, el Clan del Golfo, entre otras peligrosas estructuras criminales obtengan dichos beneficios.
Le puede interesar: Condena de 44 años a Iván Márquez por ordenar crimen de sargento del Ejército en medio de un operativo de rescate
Condiciones
La iniciativa del ministro Montealegre contempla ciertas condiciones que deberán cumplir para acceder a los beneficios, entre esas están: la entrega de armas y bienes ilegales, la liberación de los menores reclutados y secuestrados, el fin de cualquier actividad ilegal, la participación en proyectos de ‘transformación territorial’ y una certificación de buena conducta y compromiso expedida por la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El objeto de la iniciativa es “facilitar la reincorporación, promover la justicia restaurativa y contribuir al desmantelamiento de estructuras armadas en el marco de diálogos o acuerdos con el Gobierno Nacional”.
Se conoció que por ahora se trata de una propuesta que está siendo socializada e incluso este viernes habría un comité de la Comisión de Política Criminal para construir el proyecto en firme que pueda ser presentado después del 20 de julio.
Este es el borrador que se está estudiando:
