Las ciudades capitales del país atraviesan una crisis sin precedentes debido a las intensas lluvias que han afectado sus territorios, mientras los recursos destinados para atender esta emergencia permanecen sin ejecutar ocho meses después de su aprobación.
En una reunión técnica convocada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el IDEAM, los alcaldes de las ciudades capitales elevaron un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para garantizar el giro inmediato de los $1.9 billones correspondientes a la declaratoria de desastre nacional por variabilidad climática, emitida en noviembre de 2024.
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La situación es particularmente crítica en ciudades como Florencia, Puerto Carreño, San José del Guaviare, Quibdó, Inírida, Yopal y Arauca, donde las emergencias han superado ampliamente la capacidad de respuesta local. Estas ciudades enfrentan condiciones que, según la ley 1523, requieren la intervención articulada del gobierno departamental y la UNGRD para proteger a la población y la infraestructura básica.
“Quiero elevar nuevamente la solicitud de recursos por $1.9 billones de pesos de la declaratoria de desastre nacional, en ocho meses no se ha entregado un solo peso, esa declaratoria no puede ser letra muerta. Sin recursos es imposible responder a todos los departamentos y municipios que están en emergencia”, declaró Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
Los mandatarios locales insisten en que el desembolso de estos recursos es fundamental para fortalecer la respuesta ante las emergencias derivadas de la temporada de lluvias y para atender con prioridad los territorios más vulnerables. Las ciudades capitales, que concentran la mayor densidad poblacional y prestan servicios regionales clave, requieren ayudas humanitarias, apoyo logístico y acompañamiento técnico de manera inmediata.
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El alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, anunció que tomarán medidas legales para garantizar el cumplimiento de la declaratoria: “Vamos a actuar jurídicamente con el objetivo de encontrar caminos para que esa declaratoria de emergencia se respalde con recursos económicos porque es una norma que tiene rigor jurídico y es de obligatorio cumplimiento”.
Durante el encuentro, los alcaldes acordaron líneas de trabajo conjuntas para reducir la vulnerabilidad de los territorios, avanzar en medidas preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias. Sin embargo, enfatizaron que estas acciones requieren el respaldo económico prometido por el gobierno nacional.
Desde Asocapitales, la organización reiteró su disposición para fortalecer el trabajo conjunto con la UNGRD y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, al tiempo que exigen que el Gobierno nacional reconozca con urgencia la dimensión urbana de esta crisis climática y ejecute acciones concretas en ese sentido.
