BOGOTÁ. En un breve mensaje en sus redes sociales el presidente Gustavo Petro puso en duda la transparencia de las elecciones de 2026 por cuanto el contrato de logística de la Registraduría sería otorgado a la compañía británica Thomas Greg & Sons, con la que ha protagonizado el jefe de Estado una ardua disputa también en el contrato para la elaboración de los pasaportes.
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“Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, escribió el jefe de Estado el pasado martes luego de una reunión entre el Gobierno y una delegación de Portugal en la Casa de Nariño con el fin de avanzar en la firma del contrato para la elaboración de los documentos de viaje.
Este miércoles 9 de julio, a las 5:00 p. m., la Registraduría Nacional adjudicará la licitación para la organización de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. El contrato, estimado en más de $2,1 billones, será entregado previsiblemente a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, única proponente que finalizó el proceso.
La firma en cuestión, de acuerdo con lo que se conoció, está encabezada por la multinacional Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., que participa con una mayoría del 59,91 %.
La convocatoria fue publicada el pasado 28 de mayo en el portal oficial de contratación estatal, SECOP II, y estuvo abierta a oferentes nacionales e internacionales.
Aunque inicialmente más de diez compañías manifestaron su interés, solo la UT ILE 2026 —conformada por nueve empresas— presentó toda la documentación requerida. Además de Thomas Greg & Sons Limited, la unión incluye a Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.S. (11,00%), Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (3,64%), Grupo ASD S.A.S. (7,115%), Thomas Processing & System S.A.S. (8,38%), Sociedad Operadora Opesa S.A.S. (2,92%) y otras tres firmas con participaciones menores.
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El proceso ha sido adelantado bajo la modalidad de selección abreviada, al amparo del régimen especial para bienes y servicios destinados a la defensa y seguridad nacional. Según cifras oficiales, el presupuesto del contrato asciende a $2.135.215.742.083.
Varios de los oferentes inicialmente interesados desistieron de participar, alegando que los requisitos impuestos limitaban la libre competencia.
“Este gobierno no está arrodillado a Thomas Greg & Sons”
Gustavo Petro, previamente, había aseverado sobre el asunto que expresidentes y ex candidatos presidenciales hacen parte de la junta directiva de la firma británica.
“Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía dirijan la empresa que hace los cómputos. Enorme burla a la democracia. (...) El asunto es que desde hace 17 años, el gobierno de entonces entregó la propiedad de los datos de todas y todos los colombianos. Ahora es propiedad privada. Una propiedad privada monopólica sobre los datos de los colombianos, prohibida por la Constitución, es de un riesgo inmenso para la intimidad, derecho fundamental: los datos pueden ser vendidos al mejor postor, o para la democracia, pueden, a través del ‘software’, manipular los datos electorales y aparecer datos que no son los de las mesas ni de los votantes”.
Agregó que en 2018 “una vez se evidenció por la sala plena del Consejo de Estado que se hacía fraude a través del ‘software’ de Thomas Greg, la sala plena del Consejo de Estado ordenó su cambio. Pero hicieron trampa (...). Ahora la empresa que maneja el ‘software’ de escrutinio es la francesa Idime. Pero la francesa Idime subcontrató a Thomas Greg”.
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Expuso por ello el mandatario que en el tema de los pasaportes, “sistema que es del Gobierno, se contrató también a Thomas Greg y se le entregó la propiedad de los datos de colombianos dueños o solicitantes de pasaportes. Subcontrató: está un ‘chip’ que es propiedad de Thomas Greg, a pesar que las máquinas de impresión son propiedad de otra empresa subcontratada. El problema no son las máquinas, la prensa oculta, el problema es que es delictivo hacer de los datos de la población un negocio privado”.
Y concluyó Petro señalando que la trama al parecer ha dado un giro: “Paradoja de la historia, Thomas Greg está a punto de ser derrotado. (...) Un integrante fundamental del monopolio privado: Idime, francés, se acaba de nacionalizar, por parte del estado francés. Ya no es una empresa privada, porque el mundo hoy reconoce, a excepción de la sociedad oligárquica, que el poder público debe fortalecerse en temas que no son de mercado, pero que son indispensables para la vida y los derechos de los pueblos”.