La Corte Constitucional ordenó este jueves suspender provisionalmente la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña en 2022.
El alto tribunal decidió que el proceso no continuará hasta que se resuelva la tutela que interpuso el mandatario contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado “para que se le ampare su derecho al debido proceso en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional”.
En el recurso de amparo el presidente Petro busca que se anule la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que avaló que el Consejo Nacional Electoral adelante en su contra investigaciones en torno a posibles irregularidades en la financiación de las campañas presidenciales (precandidatura y candidatura).
"La Corte Constitucional decretó la suspensión provisional de los efectos de la decisión proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, que resolvió un conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, únicamente en lo referente al Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego y, en consecuencia, de las actuaciones administrativas que se encuentran en curso ante el Consejo Nacional Electoral contra el citado funcionario", indicó el tribunal.
Sostuvo la Corte que los términos de prescripción del proceso administrativo en curso contra Gustavo Petro que se adelanta ante el Consejo Nacional Electoral se reanudarán una vez se notifique la decisión definitiva que se adopte en el proceso de tutela.
Argumentos del CNE frente a Petro
La investigación del CNE concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos y que además recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral.
De esa forma, durante la primera vuelta supuestamente se sobrepasó en 3.709.361.342 pesos y hubo siete violaciones, entre ellas que se habría omitido reportar un aporte por 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y otro aporte del mismo monto del partido Polo Democrático que hace parte de la coalición gobernadora.
Durante la segunda vuelta electoral también se habrían superado los topes en 1.646.386.773 pesos y se habrían cometido cinco violaciones.
Entre las violaciones, además de que no se habrían reportado los pagos a testigos electorales gestionados por el político catalán Xavier Vendrell, tampoco se habría reportado el costo total del alquiler del centro de eventos Movistar Arena en Bogotá, que se usó por Petro para celebrar los resultados de la segunda vuelta electoral y que costó 250 millones de pesos y solo se reportaron 150 millones.
