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15 imputaciones haría la JEP por ‘falsos positivos’ en el batallón La Popa

Se trataría de la segunda imputación del Tribunal Especial por ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto.

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) imputará al coronel (r) Hernán Mejía Gutiérrez; a su sucesor, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, y 13 militares más por 126 asesinatos por la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el Batallón La Popa entre los años 2002 y 2003 en esa guarnición militar.

Según reveló El Espectador, se trataría de la segunda imputación de la JEP en el macrocaso 03, que investiga los falsos positivos (la primera se conoció la semana pasada y trató sobre casos de Catatumbo).

La JEP tomó en cuenta los testimonios de subalternos, quienes señalan que el Coronel Mejía conocía de las ejecuciones extrajudiciales, en algunos casos, acusándolo de haber ordenado recoger cuerpos de las Autodefensas para presentarlos como bajas en combate propias.

Asimismo, se revela que bajo la comandancia del coronel (r) Mejía, según varias pruebas y testimonios, el batallón La Popa se alió con grupos paramilitares para asesinar a personas señaladas de ser auxiliadoras de la guerrilla o “bandidos”.

Sobre Publio Hernán Mejía, la JEP asegura que ordenó, participó y encubrió la muerte de 75 inocentes, entre ellos 72 hombres –tres indígenas Kankuamos–, un adolescente y tres mujeres.

La versión aprobada del documento, que consta de 361 páginas, muestra como la Sala de Reconocimiento detalla el horror de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

En él se detalla evidencia de alianzas con paramilitares, estigmatización contra la población, asesinato de guerrilleros que se habían rendido, detención de personas en retenes posteriormente asesinadas, engaños a habitantes de calle para ultimarlos y presentarlos como bajas, entre otras artimañas hicieron parte del entramado ilegal organizado en el Ejército para perpetrar estos crímenes.

La Sala de Reconocimiento se concentró en La Popa, pues la justicia decidió priorizar lo ocurrido allí, teniendo en cuenta que el Cesar figura como el tercer departamento con más ‘falsos positivos’: 323 de las 6.402 víctimas que la JEP determinó entre 2002 y 2008 se habrían cometido allí.

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