Insistir en esta “estatización” es volver al pasado de Colombia en el que los servicios que prestaba el estado en salud, puertos, servicios públicos, telecomunicaciones, banca, entre otros, eran de mala calidad, ineficientes, más costosos, burocratizados y politizados.
En ese marco, es necesario pensar en “liberar las capacidades atrapadas del país”. Y permítanme proponer algunos temas: Dónde está la propuesta para lograr que los 2,5 millones de NINIS (jóvenes que ni estudian ni trabajan) se conviertan en SISIS (más capacidad para emprender o emplearse en el marco de la cuarta revolución industrial o los sectores con potencial productivo).
Lo preocupante es que con el nuevo decreto anti-técnico e indeseado de forzar a los fondos de pensiones a traer parte de las inversiones a Colombia, no solamente destruirán nuestro ahorro pensional y deteriorarán su rentabilidad, sino que forzarán una tasa de cambio falsa y aún más baja.
Lo que nadie mide, es que esta moñona alguien la tiene que pagar. Y son precisamente los afiliados al sistema de pensiones. Esto va a significar riesgos de liquidez y de mercado, que reducirán la rentabilidad de nuestro ahorro pensional (en una especie de un impuesto a nuestras pensiones).
La consecuencia es un país, que cada año retrocede en sofisticación productiva. Dada la nueva realidad demográfica, nuestra única y última oportunidad es aumentar la productividad.
Vuelve y eleva el costo de capital a las empresas con el impuesto al carbono, más carga socio-empresa, afectación a algunos sectores productivos con tasas de tributación de más del 50%, y castiga a los ciudadanos con impuesto a los combustibles (por ende, más costos de transporte y bienes en la economía) e IVA a las cuotas de administración, entre otras.
Colombia no puede resignarse a que la ilegalidad sea la norma. La seguridad no es de derecha, centro o izquierda: es la base del progreso, la inversión, la democracia y una paz duradera.
Ya estamos viendo una deuda en máximos históricos y la inversión pública se ha recortado, comprometiendo proyectos esenciales y restando capacidad de desarrollo. A la vez, sectores críticos como la salud y la seguridad se deterioran, afectados por recortes, decisiones ideológicas y mala política pública.
Colombia no se merece seguir atrapada en este círculo de violencia. El país que nos merecemos es uno decente, en paz, próspero, donde la vida y la dignidad sean sagradas.
Al final, cumplirle a la juventud con educación y ayudarles en su proyecto de vida, es mucho más que un indicador mal escogido, mal medido o erróneo. El futuro de nuestra educación superior se merece más que esto, y de ello poco se habla o hace.
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