Sobre el caluroso cielo azul celeste, y entre las nubes que auxilian con su sombra, se vislumbra un arcoíris en el panorama de Barranquilla, al ser antesala de la primera política pública LGBTIQ+ del Distrito, con la presentación de un documento que expone un diagnóstico estratégico, plan de seguimiento y evaluación que permitan garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas diversas, mirando hacia un horizonte con una sociedad más inclusiva y equitativa, y que se encuentra a puertas de ser presentado ante el Concejo Distrital para su aprobación.
Cabe resaltar que para catalogarse como política pública se debe reconocer la existencia de un problema que requiere atención pública, valga la redundancia, y que se aborda a partir del diseño y construcción de posibles soluciones como lo es la vulneración de los derechos de las personas LGTBIQ + en la ciudad de Barranquilla.
El proyecto se encuentra aún en fase de socialización, y según sus portavoces surgió cuando organizaciones diversas, expertos y dependencias distritales al compartir sus diagnósticos evidenciaban el mismo patrón que afectaba a la población LGTBIQ+: falta de lineamientos, rutas claras y - de un reconocimiento estatal que fuera más allá de las actividades de visibilidad- frente a la discriminación que atraviesan en distintos ámbitos.
Emmer Noreña, de la Oficina para el Seguro Público y Social, afirma que “Barranquilla no cuenta con políticas públicas LGBTIQ+, pero sí tiene acciones afirmativas que hemos venido desarrollando hace más de doce años, hemos tenido dificultad en la construcción porque finalmente la idea era que se hiciera de forma participativa, que las personas del sector social se sintieran cobijados y fueran los que nos dieran la información pertinente, en la etapa de adopción, cuando ya el consejo por acuerdo su aprobación, la evaluación sería ya medir su desarrollo, finalmente la problemática inicial puede irse transformando o salir nuevas problemáticas que tendremos que otra vez cobijarse con la política pública”.
Escuchando todas las voces, el diagnóstico inicial se sostiene en un reporte de 2023 por parte de la Oficina de la Mujer en donde se encuestaron a 792 personas, las cuales derivaron en 13 grupos focales, cada uno segmentado por orientación, identidad y expresión de género: hombres gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas transmasculinas y transfemeninas, queer e intersex.
Desde sus experiencias y tratando de encajar en el paraguas de la diversidad, también se realizaron reuniones con otros grupos demográficos, como lo fueron personas migrantes, personas con discapacidad, actores culturales y cuidadores.
En total se abrieron 18 espacios de diálogo y desde allí, se comenzó a trazar una hoja de ruta que abre el camino hacia garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQ+, impulsando una sociedad más inclusiva y equitativa a través del acceso equitativo a derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo.
Todas ellas mediante acciones que garanticen servicios de salud físico y mental inclusivos, educación libre de acoso y discriminación, y condiciones laborales dignos. “Estas personas siempre carecen del tema de empleabilidad, muy difícilmente las emplean, también el tema del servicio de salud. Hay unas cosas que son como orientadoras en tema de cómo deben ser atendidas”, puntualizó Noreña.
A su vez, la política pública pretende crear entornos seguros, justos e inclusivos a través de estrategias integrales que fortalezcan la seguridad, el acceso a la justicia, y la convivencia en el espacio público, como se ve evidenciado en los casos de discriminación en los centros comerciales hacia parejas del mismo género en Barranquilla.
Finalmente, siendo la ciudad escenario de inclusión, se pretende fortalecer la participación político, social y cultural de las personas LGBTIQ+, garantizando así la implementación electiva de la política al fomentar el liderazgo y la representación.
Del dicho al hecho hay un solo trecho, todo aquello implica un entorno donde todas las personas puedan vivir libres de discriminación a razón de su orientación sexual e identidad de género, mientras que de la mano de las instituciones públicas y privadas se asume un rol activo, con sensibilidad y compromiso hacia la diversidad.
Un sesgo permeado en la dinámica socia frente a dichos temas, pero con un camino largo por recorrer y que se abre a paso con este documento que plantea metas claras para los próximos diez años, en el periodo (2025–2035) y que incluye además, un plan de seguimiento con indicadores para los cuatros años actuales y recomendaciones para que el próximo gobierno en el momento que se cree una oficina específica para diversidad.
Tres comités interinstitucionales lo han revisado —dos en diciembre de 2024 y uno en junio de 2025— y actualmente se encuentra sobre la mesa en los despachos de Hacienda, Jurídica y Planeación, afinando costos y ajustes antes de ser erradicado ante el Concejo Distrital.
De ser aprobado para el primer trimestre del próximo año 2026, Barranquilla tendrá su primera política pública LGBTIQ+, construida con datos, jurisprudencia y relatos sin eufemismos, una que consiste en el reconocimiento de los derechos de las personas diversas de la ciudad, de cara a un horizonte de visibilidad y tolerancia.
