El mapa del empobrecimiento energético en el Atlántico

Cuánta razón cargan aquellas personas mayores que mascullan la célebre frase: “¡Los tiempos de antes no son como los de ahora!”. Pero por supuesto: aquellos ayeres en los que se iba la luz de noche y las familias aprovechaban para sentarse en sus terrazas y refrescarse de los sofocantes calores que impregnan al Atlántico. Mientras que los más pequeños se distraían jugando con sus amigos del barrio, los mismos que, al ver las bombillas encenderse nuevamente, gritaban: “¡Llegó la luz!”. Una alegría inmensa los sacudía cuando todo, absolutamente todo, recuperaba sus colores.

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En aquel entonces, las personas sobrevivían vagamente a la falta de energía. Hoy día resulta imposible vivir dignamente sin ella, porque todo ha cambiado.

En sectores del barrio El Carmen, en Malambo, cada semana se les va la luz. Y no les queda de otra que esperar y permanecer por horas en una oscuridad en donde se resguardan la delincuencia, los mosquitos y la precariedad.

En uno de esos días, en los que llevan más de 24 horas sin luz y a la habitante Diana Ayala y sus hijos y sus nietos les toca dormir en la sala, se enfrentaron a un posible atraco: su hijo, quien reposaba cerca a la puerta principal, sintió que una mano se asomaba lentamente en el umbral. Frente a la escena, se incorporó del susto y la mano desapareció inmediatamente. Esa noche, de calor y de constantes picadas de mosquitos, no pudieron conciliar bien el sueño.

“Es pesadísimo vivir sin luz. (...) Siempre está el peligro de los que atracan. Nos toca dormir en la sala hasta que la arreglen. Y, a veces, dura dos o tres días en llegar. En el pedazo de este sector siempre hay cortes, pero la luz se va en unas casas y en otras no”, relató la mujer de 64 años.

Dicha zona de El Carmen solo cuenta con un contador comunitario, puesto que muchos de los residentes se opusieron a que se les instalaran medidores.

Pero esta historia también se ensambla con el mismo hilo vigoroso de inseguridad que la une al panorama que enfrenta el sector Ciudad Paraíso, en Soledad, en donde tienen conexiones ilegales de energía y la luz también se va cada semana durante horas.

Evaristo Bisbal contó que, a partir de las 9 de la noche, dicha zona parece un barrio fantasma. Y cuando se va la luz, es peor. “Cuando no hay luz, la gente se guarda más rápido. Y es un poco triste, porque anteriormente no se veía eso, pero se está viendo mucha inseguridad. Solo se escuchan los que van pasando en las motos”, señaló el hombre de 55 años.

Bisbal tiene un pequeño taller en donde arregla los electrodomésticos a los vecinos que se les dañan por el bajón de luz. Diariamente repara entre diez y quince electrodomésticos averiados, mientras que los residentes se desahogan con Bisbal como si él tuviera culpa alguna.

Esta quema de artefactos eléctricos también se vive en el sector La Pachita, del municipio de Ponedera, en donde la luz se va constantemente sin ninguna explicación. Pero, quizás, en este territorio, el desafortunado destino de los electrodomésticos es lo menos grave, pues resulta más inconcebible para el habitante Jonathan Bolívar perder una cita médica por la falta de fluido eléctrico. “Este jueves estaba en una cita médica; diez minutos antes de atenderme, la luz se fue. Es penoso que te cancelen un servicio de salud por falta de energía”, narró.

Mientras que en Manatí, el secretario de Planeación municipal, Antonio Cantillo, indicó que hay zonas del territorio en el que la deficiencia en el servicio obedece a la falta de transformadores: “Esto no permite un suministro adecuado de energía eléctrica para la cantidad de viviendas que se encuentran allí. Nosotros hemos estado notificando y enviando a Air-e solicitudes, pero no han sido respondidas de buena forma”, declaró el funcionario a EL HERALDO.

Estos cuatro municipios figuran como los territorios donde más aumentó la duración de las interrupciones del servicio eléctrico en 2024, según la tercera edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE) de Promigas y su Fundación Promigas.

No obstante, el estudio reveló un hallazgo igual de alarmante para el departamento: el Atlántico registró el mayor retroceso del país en materia de pobreza energética. En total, 162.000 personas adicionales ingresaron a esta condición, lo que elevó la incidencia del 9,3 % en 2023 al 14,8 % en 2024, un incremento de 5,5 puntos porcentuales.

Como consecuencia, el departamento cayó cuatro posiciones en el ranking nacional, ubicándose en el puesto 13 entre los 33 territorios evaluados (32 departamentos más Bogotá).

Según Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, estos resultados responden al deterioro en la calidad del servicio eléctrico, especialmente por la frecuencia de las interrupciones y la duración de cada corte.

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“Si bien el país progresó disminuyendo en 300.000 el número de personas en pobreza energética, en el departamento del Atlántico, por un deterioro en la calidad de la energía, la pobreza energética aumentó. Eso se puede trabajar y corregir, que es lo importante. Las empresas que prestan los servicios públicos de electricidad deben mejorar la calidad: en este caso, disminuir la frecuencia y la duración de las interrupciones”, afirmó Rojas.

El informe señala que el Atlántico pasó de un 11,3 % a un 41,3 % de privaciones en el indicador de calidad de la energía, factor que incidió de manera determinante en el incremento departamental de la pobreza energética.

“Puede ser que hayan faltado inversiones en materia de calidad del servicio, especialmente en las redes de esos cuatro municipios. Habría que revisar cómo el prestador está asumiendo las inversiones y si se ha dejado de invertir en esas zonas, que hoy presentan mayores niveles de duración y frecuencia de interrupciones”, agregó.

En 2023, los municipios con mayor incidencia de pobreza energética fueron Campo de la Cruz (83,3 %), Candelaria (74,3 %), Repelón (67,4 %), Luruaco (66,8 %) y Santa Lucía (55,4 %).

De acuerdo con Amylkar Acosta, expresidente del Congreso y ex ministro de Minas, la principal causa del deterioro del servicio es atribuible a la empresa Air-e, por no cumplir con las exigencias de “eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad”.

Por su parte, Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe, señaló que la desmejora no es exclusiva del Atlántico, sino que afecta a los siete departamentos de la región Caribe y se arrastra desde hace treinta años, cuando se liquidó la empresa Corelca.

Tras su salida, llegó Electricaribe y después Air-e, que fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Sin embargo —afirmó Alarcón— “el remedio fue peor que la enfermedad”. Recordó que el gobierno anterior impuso un régimen tarifario especial por encima del resto del país y que el actual lo prorrogó por dos años más. “Y Air-e intervenida no ha recibido recursos del Gobierno nacional en forma insólita”, añadió.

Pese a señalar fallas en las empresas operadoras, Alarcón insistió en que la mayor responsabilidad es del Estado, que no ha construido una política pública de largo plazo para superar las profundas carencias del sistema eléctrico en el Caribe.

“Esto es una deuda del Estado, de todos los gobiernos —incluido el actual— por no atender las inversiones requeridas para mejorar la infraestructura eléctrica más obsoleta del país”, sentenció.

Asimismo, subrayó que tanto el sector público como el privado han cometido errores que han llevado a la costa Caribe a una crisis energética, y que, además, han dejado por fuera a un actor clave: los usuarios. “Han descuidado a un tercer actor decisivo: los usuarios, que tienen sus organizaciones, sus criterios y enfoques en este tema tan crucial para la calidad de vida de la ciudadanía”.

Pero la problemática va mucho más allá. Otro factor que comparten los cuatro municipios con mayor desmejora en la calidad del servicio es que, en la mayoría de los barrios donde más se interrumpe el suministro eléctrico, se trata de sectores subnormales organizados de manera ilegal.

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Nubis Yepes, funcionaria del área de Servicios Públicos de Malambo, explicó que, al crecer sin planificación, son los mismos habitantes quienes instalan cables y postes improvisados, lo que deteriora aún más la calidad del servicio. Por esta razón, la empresa Air-e sostiene que no es responsable de estos sectores “subnormales”.

“Air-e dice que no tiene responsabilidad en la calidad del servicio eléctrico de esos barrios. Eso deriva en un mal servicio, daños constantes y en que la Alcaldía deba gestionar continuamente los arreglos. El proceso es difícil cuando se trata de barrios que han nacido de esta manera”, argumentó.

Frente a esta postura, el excongresista César Lorduy precisó que la restricción para prestar servicio a hogares no normalizados es solo parcialmente cierta. Aunque legalmente no se puede suministrar energía a predios sin registro catastral, existe una ley —de su autoría— que permite a las alcaldías titular predios ocupados por más de diez años y, con ello, normalizarlos.

Por lo tanto, hizo un llamado a que “los alcaldes ordenen su territorio, actualicen el catastro, incorporen esos predios a los censos correspondientes y, de manera paralela, se pueda brindar el servicio a cada uno de los hogares”.

Pero mientras esto ocurre, en El Carmen, Ciudad Paraíso o La Pachita las familias esperan que la próxima noche no llegue con oscuridad, calor e inseguridad. Porque en el Atlántico, quedarse sin luz ya no es solo una anécdota, es una problemática resistente a irse.

De acuerdo con el presidente de Promigas, el Atlántico debe recuperar y ampliar la calidad de la energía eléctrica para retomar los niveles de pobreza energética de un dígito presentados en 2022 (9,6 %) y 2023 (9,3 %). Añadió que también se deben implementar acciones en la dimensión de Aprender y Comunicarse, donde se evidencian privaciones en acceso a internet por encima del promedio nacional (41,1 % del Atlántico versus 32,2 % del nacional), y privaciones en tenencia de computadora o tablet en un alto nivel ligeramente por encima del promedio nacional (62,3 % del Atlántico versus 63,4 % del nacional).

Asimismo, aseveró que se deben implementar estrategias diferenciadas por municipios, ya que encontraron brechas de más de 80 puntos porcentuales. Por ejemplo, para el análisis municipal del año pasado B/quilla registró una pobreza energética del 3,1 %, mientras que municipios como Campo de la Cruz y Candelaria registraron una incidencia del 83,3 % y 74,3 %, respectivamente. “Mientras que en Campo de la Cruz y Candelaria se deben implementar estrategias para mejorar la calidad de la energía, los esfuerzos en Barranquilla deben focalizarse en facilitar el acceso y uso de computadora o tablet”, explicó.