El vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, lideró una mesa técnica para hacerle seguimiento a las acciones para la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, teniendo en cuenta que la baja altura impide la navegación de embarcaciones de gran calado.
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Lo anterior, de acuerdo con el vicecontralor, afecta directamente el aprovechamiento del nuevo puente Pumarejo, en el que el Estado invirtió $791 mil millones.
“Al no desmontarse la vieja infraestructura, se afecta el uso del nuevo puente, porque no cumple con su objetivo, y eso representa un detrimento al erario público”, advirtió.
En la reunión estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional de Vías (Invías), el Ministerio de Transporte, la Alcaldía de Barranquilla, Fontur y Asoportuaria, para establecer acciones tendientes a avanzar con el desarrollo de este proyecto.
Se estableció que para la culminación del proyecto se requieren $116 mil millones, recursos que aún no están disponibles. Según la contraloría, el objetivo es que los actores involucrados unan esfuerzos para lograr la finalización de este proyecto.
El ente de control advirtió que esta situación tiene implicaciones en términos de control fiscal, pues no puede continuar la desfinanciación del proyecto, que además debe contemplar el dragado del río para asegurar la navegabilidad completa.
En ese sentido, se recordó que el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, no ha recibido en los últimos dos años respuesta sobre los recursos asignados para estas obras.
“En el caso de esta deconstrucción del Puente Pumarejo, es muy claro que, al no ser desmontada la vieja infraestructura, se afecta el uso de la nueva, porque no cumple con su objetivo, y eso representa un detrimento al erario público”, sostuvo el vicecontralor.
Solicitó además, como parte del seguimiento permanente que realiza la Contraloría Delegada para el sector Infraestructura, la inclusión de los cronogramas para la expedición del Conpes, la contratación del 2026 y el horizonte de contratación 2027-2029, así como todos los documentos relacionados con este compromiso para mantener el seguimiento.
Como conclusión de la mesa, la Contraloría solicitó un plan con fechas y responsables del proyecto, que será la base para el seguimiento de la entidad. El tiempo de ejecución incide directamente en los impactos fiscales derivados de la falta de materialización de la deconstrucción.
El cronograma deberá aprobarse y publicarse luego de las verificaciones del órgano de control, y será un insumo para el seguimiento permanente de la Contraloría Delegada para el sector Infraestructura.
