De forma desafortunada, la historia de vida de muchos colombianos se ha visto impactada por la violación de sus derechos humanos. Uno de ellos es el desplazamiento forzado, una situación que empuja a muchos a vivir en condiciones de pobreza.
Han pasado casi 20 años desde que a Julita Velásquez la desarraigaron violentamente de su casa en Piedecuesta, Santander, junto con sus hijos. Desde entonces, asegura que el Gobierno no ha respondido por lo sucedido y que ha perseguido, vigorosamente, la indemnización que otros sí han podido obtener.
Le puede interesar: Daydream Barranquilla 2025: más de 120 estudiantes participaron en el evento
Relató que las ayudas que ha recibido por parte de la Unidad para las Víctimas se pueden contar con los dedos de una sola mano. Y mientras espera y sigue tramitando papeles y continúa llamando a las oficinas en Bogotá para recibir dicho apoyo permanente, el dolor por su lupus se concentra en sus huesos, a la vez que se le va acabando el tiempo que le dieron para desalojar el lugar donde actualmente vive.
Instantes del horror
Como muchos otros ataques, los paramilitares de la zona llegaron en la madrugada a las parcelas. Los asesinatos empezaron y, con esto, aumentó el miedo de Julita, quien tomó a sus hijos y buscó la vía más cercana.
En esa carretera estuvieron por bastante tiempo aún vestidos con la ropa de dormir y descalzos. Hasta que, finalmente, lograron montarse en una mula que los trajo de vuelta a Barranquilla, su ciudad natal.
“Me daba miedo denunciar porque ellos nos amenazaron: que si denunciábamos, nos mataban; nos dijeron que nos iban a buscar y nos asesinaban si lo hacíamos”, recordó la mujer de 57 años.
No obstante, en el 2006, un año después de lo sucedido, se atrevió a dirigirse a la Unidad para las Víctimas a exponer su caso. Desde entonces, aseguró, está incluida en su base de datos, pero olvidada en medio de las interminables listas de afectados por desplazamiento y “escondida” detrás de las cifras devastadoras.
Una ayuda intermitente
Según Julita, han sido pocas las veces que la Unidad la ha apoyado. La primera vez fue en el 2012, cuando —con ayuda de esta casa editorial— se conoció el caso de su hija que debía someterse a una cirugía de corazón abierto.
La masificación de la noticia propició que la entidad le concediera $1.420.000.
Además: Bloqueo en la Circunvalar por falta de servicios públicos en el barrio 7 de Abril
“Yo debía tres meses de arriendo, debía todo. No había comida. Y con eso pude lograr darle a los niños y tener para moverme acá, porque a veces me tocaba moverme a buscar un análisis”, expresó Velásquez.
Posteriormente, en el 2013 le dieron dos ayudas más y, en el 2014, dejó de recibirlas.
“Dijeron que yo me había retirado y yo no lo hice. De ahí para acá a mí nunca más me han dado una ayuda. Nunca más he sabido qué es eso”, sentenció.
El desespero agrava su lupus
En la vida de Julita siguen apareciendo más obstáculos. La enfermedad por lupus, desde hace dos años, ha dificultado que la madre cabeza de hogar consiga un trabajo, ya que sus manos, por instantes, se ponen rígidas y un dolor “indescriptible” invade sus huesos.
“Yo tengo dos años de tener el lupus. Yo quedé en silla de ruedas cinco meses, que no caminaba. El lupus es traicionero: sube y baja, porque trabaja con las defensas. Y yo quedé cinco meses sin poder caminar. Y hoy, nuevamente, me está afectando”, explicó.
Julita tiene nueve hijos: dos varones y siete hembras. Y luego de casi 20 años, siguen sin tener vivienda.
“Ya eso fue hace mucho tiempo y, de verdad, estoy desesperada. No tengo vivienda. Ya tengo que entregar donde estoy. ¿Dónde me voy a meter? Ahora mismo no puedo trabajar. Yo trabajaba haciendo limpiezas en casas y esas cosas”, manifestó.
Indicó que no le han dado razón de ninguna especie: llama, pero no contestan. Aun así, continúa en pie de lucha y acude a otros espacios, como la Personería de Barranquilla, en busca de ayuda para poder sobrevivir con su nueva vida.
Las cifras detrás del desplazamiento
De acuerdo con el informe final de la Comisión de la verdad ‘Hay futuro si hay verdad’, el desplazamiento forzado es “la violación de derechos humanos y la infracción del DIH más generalizada del conflicto armado”, se lee en el volumen ‘Hasta la guerra tiene límites‘.
Lea también: Este viernes Atlántico rendirá homenaje a los veteranos de las Fuerzas Militares de Colombia
El documento asevera que las afectaciones por desplazamiento, por lo general, no se superan debido a “la falta de garantías de las víctimas para el retorno a sus lugares de destierro y a la precaria restitución de sus derechos”.
El informe dio a conocer que, entre 1985 y 2019, se registraron 7.752.964 personas desplazadas. El año en el que alcanzó el pico más alto fue en el 2002, sumando un total de 730.904 víctimas.
Asimismo, hallaron que fue a mediado de los años noventa cuando el desplazamiento forzado aumentó. Y enfatizaron que esta problemática aún persiste, ya que en Colombia aún se siguen desplazando más de 100.000 personas al año.
“Los costos sociales del desplazamiento son inmensos, ya que se trata de millones de personas condenadas a sobrevivir de manera errante entre la miseria y la violencia. Por las condiciones sociales del país, las causas del desplazamiento no se superan y, por el contrario, se reproducen generación tras generación”, sentenciaron los autores en el informe.
