Sorpresa y mucha preocupación ha generado entre los gobernadores del Caribe el hecho de que, a partir del 1 de julio, los entes territoriales deban asumir la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran en las unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación y en estaciones de policía.
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Esta nueva responsabilidad administrativa se deriva de un fallo de la Corte Constitucional de 2022, que posteriormente fue convertido en ley por el Congreso de la República.
Al respecto, el gobernador Eduardo Verano manifestó que antes de proceder con una medida de este tipo se tiene que definir la forma de financiamiento de esta población.
“Hay que ver cuáles son los recursos que se necesitan para poder entender esta decisión, porque no nos pueden dar mayores tareas a los entes territoriales sin asignarles recursos para dichas tareas, esto es claro en la Constitución, porque yo mismo participé en su escritura”, comentó.
Tan solo en la capital del Atlántico, de acuerdo con los registros de la Personería Distrital a corte de mayo del presente año, hay 748 personas privadas de la libertad en las estaciones de policía.
En ese sentido, la entidad reportó que estos espacios tienen una capacidad máxima para albergar a 310 personas, lo que significa un incremento del 241 % en el hacinamiento de estas instalaciones.
Es importante resaltar que de las 748 personas privadas de la libertad en las estaciones de la ciudad el 87,43 % se encuentra bajo medida intramural, sin definir su condena o por medidas de seguridad, mientras que no hay ningún condenado.
A su turno, el gobernador del departamento de Bolívar, Yamil Arana, aseguró a los medios de comunicación: “Nos están obligando a escoger entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros niños. Entendemos el componente humanitario del asunto, pero esta no puede ser una competencia de los entes territoriales”.
Puso de presente que cerca de tres mil personas se encuentran en esta condición en Bolívar, “lo que representaría una carga fiscal considerable para el departamento. Esta medida vulnera la autonomía fiscal y operativa de los territorios”.
Otro gobernador que rechazó la medida fue el guajiro Jairo Aguilar, quien manifestó que “anteriormente no se tiene ni para poder cumplir unos requerimientos puntales para el acompañamiento de las cárceles, en nuestro caso estamos ad portas de terminar la Cárcel Distrital de Riohacha, pero se requiere descongestionar todas las demás y superar la crisis humanitaria que estamos viviendo”.
Desde el Gobierno
Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró algunos detalles de la medida: “Hablé con la ministra de Justicia y me dijo que están evaluando, ella está tranquila y me dijo que no había ningún problema porque eran muy pocos los municipios que no tenían los recursos y que había una solución”.
