Durante una visita que hizo una delegación de la Contraloría General de la República al municipio de Soledad este martes, se dio a conocer la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por las irregularidades en el desarrollo de las obras de saneamiento básico, en la fase l y ll, de los barrios Juan Domínguez Romero, La Esperanza y La Loma.
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El vicecontralor Carlos Zuluaga aseguró que dichas obras se encuentran suspendidas desde hace ocho años.
Entre los argumentos que expuso Zuluaga para adelantar este proceso es que se evidencia “la falta de planeación en la ejecución de la fase II, para lo cual se proyectaron las obras suponiendo la existencia de tuberías instaladas, que en realidad no existen, lo que también atenta contra la funcionalidad del proyecto”.
A su vez se reportó que: “de liquidarse el contrato tal como se encuentra –faltando por ejecutar el colector en tubería PDE 630 mm correspondiente a la carrera 16 con calle 11 A, a la EBAR 15 de agosto, y el tramo de impulsión del K0+876 al K1+484 de la fase II–, las obras quedarían inconclusas y no se lograría la interconectividad entre las diferentes fases que harían funcional el proyecto, el cual debería terminarse a finales de 2025”.
De igual manera, el funcionario mencionó que “las falencias en la planeación contractual trajeron como consecuencia que la comunidad actuara por cuenta propia conectándose a las redes y provocando así problemas ambientales por las aguas residuales sin tratamiento alguno, que son vertidas en la carrera 16 con calle 11 A”.
Es de anotar que este proyecto se incluyó en la estrategia Compromiso Colombia, el 22 de junio de 2022, debido a que las obras estaban destinadas a ejecutarse con recursos por el orden de $5.543 millones provenientes del Sistema General de Regalías, los cuales fueron gestionados por la Alcaldía, con el fin de dar solución a la problemática de aguas servidas en los sectores mencionados.
Futuro de un CDI
Desde las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Nueva Esperanza, el vicecontralor Zuluaga anunció que se van a retomar las obras de construcción de esta infraestructura, que tras varias suspensiones en su cronograma, será puesta en funcionamiento nuevamente y prestará sus servicios también como una segunda sede de la Institución Educativa Juan Manuel Santos.
De acuerdo con Zuluaga, este era un “elefante blanco” de más de $3.900 millones que nunca logró inaugurarse por completo.
“Nosotros continuamos con unas investigaciones por la responsabilidad fiscal de quienes participaron hace más de 10 años en la estructuración de este proyecto, pero también celebramos que hay una nueva administración que va a lograr poner en servicio estas instalaciones en un período de 5 meses”, declaró.
Agregó, además, que “para estas nuevas obras se invertirán recursos por el orden de $1.042 millones con el objetivo de albergar a más de 240 niños en Soledad”.
El funcionario detalló que en su momento “cuando el proyecto estaba listo para habilitarse, comenzó la pandemia, y en otro momento que estuvo habilitado hubo vandalización y delincuencia que permitió daños en las instalaciones de la infraestructura”.
Por otro lado, la Contraloría indicó que la Alcaldía de Soledad cuenta en la actualidad con la aprobación de los recursos para la refracción de las obras del CDI, para su dotación, y tiene aprobada la planta de docentes por parte del Ministerio de Educación Nacional.
Otros proyectos bajo lupa
El vicecontralor Zuluaga dio a conocer un informe de regalías en la región Caribe que evidencia el inadecuado o presunto uso patrimonial de $233 mil millones en varios proyectos, los cuales se convertirán en las próximas semanas en procesos de responsabilidad fiscal.
“Seguimos dando cuenta que los recursos de regalías en el Caribe colombiano y en muchas zonas del país se han convertido en proyectos siniestrados que merecen ser revisados, por ejemplo, la construcción de un sitio de vivienda rural en La Guajira por $33 mil millones en Fonseca, o por esta misma cifra en una obra de pavimentación en La Mojana, Sucre”, declaró.
Señaló que en el caso del Atlántico se tienen bajo la lupa 25 proyectos importantes que suman $278 mil millones.
Alerta por suspensión del PAE en municipios del departamento
La Contraloría también lanzó una alerta por el mecanismo de planeación que se ha adoptado para contratar del servicio de alimentación escolar en el Atlántico, debido a que se presentó una suspensión del servicio en 20 municipios y afectó a cerca de 43 mil estudiantes.
De acuerdo con el ente, el contrato actual suscrito por la Gobernación del Atlántico con la firma Servicios de Alimentación N.P. S., finalizaba el 1 de abril. De esta manera, se “evidencia un riesgo en la continuidad de la prestación del servicio de atención PAE, y afecta la sostenibilidad en la cobertura de beneficiarios”.
En el SECOP II se adelantó un proceso de contratación con fecha de adjudicación 14 de abril, por lo que alertó una posible falta de servicio por diez días.
De acuerdo con la Gobernación, ya se suscribió un contrato por $19.882 millones para ejecutarse durante un periodo de cuatro meses, a partir del 28 de abril.
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