El director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur, manifestó su preocupación por el creciente aumento de la deuda del Gobierno por concepto de los subsidios al sector energético.
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Así lo manifestó el líder gremial durante el seminario Eficiencia Energética, organizado por Andesco, este martes en la ciudad de Barranquilla.
Explicó que, a la fecha, se adeudan en total $7,6 billones: $3,1 billones corresponden a la opción tarifaria, $2,9 billones a subsidios, $1,2 billones a deuda oficial y $400 mil millones por los precios de bolsa.
“La mala noticia es que, cerrando abril, que termina mañana, ya tenemos el estimativo de que pasamos de $2,9 billones en marzo a $3,1 billones en abril en materia de subsidios. Son sumas que han sido entregadas por las empresas y que aún no vemos que se reduzca esa deuda”.
Sumado a esto, señaló que, en el presupuesto de la Nación para la vigencia 2025, no hay recursos para financiar subsidios por cerca de nueve meses.
“Es una situación preocupante. Vemos muy buena voluntad por parte del Gobierno, principalmente del ministro de Minas. Las empresas comercializadoras estamos en una disyuntiva con los pocos recursos que recibimos: o financiamos subsidios o cumplimos con nuestros compromisos de compra de energía”, afirmó.
Fue enfático en advertir que, si se dejara de otorgar los subsidios, el impacto en las tarifas sería muy significativo en varias regiones del país, especialmente en aquellas donde el número de usuarios de los estratos 1, 2 y 3 es elevado, como en la región Caribe.
“En la región Caribe, de no disponerse de más recursos para subsidios y si las empresas no pueden seguir financiándolos, los incrementos en las facturas para los usuarios del estrato 1, que consumen hasta el consumo de subsistencia, podrían ser cercanos al 100%. Y en el caso de la región del Chocó, donde hay mayor concentración de usuarios de los estratos 1, 2 y 3, los incrementos podrían acercarse al 140%”, alertó.
Manzur reiteró el llamado al Gobierno para que se realicen los desembolsos a las empresas, teniendo en cuenta que los más afectados serán “las personas más pobres y vulnerables de nuestro país”.
Asimismo, hizo un llamado por la deuda de los usuarios oficiales, que hoy es cercana a $1,2 billones.
“Y recordemos que, por ley, toda institución oficial está obligada a apropiar en su presupuesto los recursos para servicios públicos y pagarlos de manera oportuna”, puntualizó.
En ese sentido, señaló que le han solicitado a la Procuraduría que investigue y sancione de manera ejemplar a aquellas instituciones o funcionarios que no están cumpliendo con su deber legal de apropiar y pagar los servicios públicos.
Por último, Manzur sostuvo que las empresas siempre han financiado los subsidios y tienen la voluntad de seguir haciéndolo. Sin embargo, hay problemas de liquidez:
“No tenemos recursos para seguir financiando. $7,6 billones en promedio equivale a casi dos años del ingreso bruto de la actividad de comercialización”, concluyó.
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