La diligencia se llevará a cabo el 20 de septiembre, según informó el tribunal de paz.
La SAI explicó que las conductas cometidas por los comparecientes son crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Fueron hallados culpables de crímenes que ocasionaron daños graves, diferenciados y desproporcionados a los pueblos indígenas, al pueblo afrocolombiano, entre otros.
El ofrecimiento de estos predios hace parte de los esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro para avanzar en la reforma rural integral.
Los excombatientes aseguraron temer por su vida tras recientes ataques de disidentes. Fiscalía verifica una supuesta carnetización a la población civil.