Los habitantes aseguran que el Gobierno no les ha cumplido con los compromisos pactados.
Hasta el momento no se ha establecido el número de personas que estarían movilizándose hacia el casco urbano.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Gobierno para hacer presencia en la región hacinada de desplazamientos y confinamientos.
Se trata de Jorge Eliécer Pérez, alias Rapidito, quien deberá también pagar una una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para 2003 como reparación para las 123 familias que resultaron afectadas.
124 familias han tenido que huir de sus tierras por cuenta del acoso de los grupos ilegales.