El expresidente Álvaro Uribe, en casa por cárcel desde hace un mes por orden de la Corte Suprema de Justicia, criticó el pasado miércoles, desde su cuenta de Twitter, un contrato que habría suscrito el hoy magistrado de ese alto tribunal, César Reyes, con el gobierno de Juan Manuel Santos.
'Del contrato directo del magistrado Reyes con Santos no sé qué pensar, menos qué escribir!', se lee en la publicación del exsenador.
El CD critica. A su vez, el Centro Democrático emitió ayer un comunicado poniendo de presente que 'el magistrado César Augusto Reyes Medina, ponente del caso y quien elaboró el escrito con la solicitud de medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe, antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia tuvo un contrato con el gobierno anterior, para una asesoría en los listados de beneficiarios del acuerdo que tenía la Oficina del Alto Comisionado para la Paz'.
Agrega la colectividad que 'según los documentos dados a conocer públicamente, el contrato se dio en el año 2016, por un valor de $574 millones, en el que el magistrado Reyes fungía como subgerente de la empresa contratista y que tuvo una ejecución de cinco meses y medio, se dio bajo la modalidad de contratación privada y fue pactado en tres pagos parciales de $172 millones, $230 millones y $172 millones'.
Para el partido de gobierno, del cual Uribe es su líder natural, 'este hecho ratifica que el proceso estaba empañado por claras intenciones de difamación e infamia, las cuales hoy quedan en evidencia, pero que adicionalmente ponen en riesgo la institucionalidad y credibilidad de la Corte'.
Así es el contrato. El contrato de prestación de servicios FP-148 del 14 de julio de 2016, por $574 millones, suscrito entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores, es el que ha generado las críticas.
La contratación, suscrita entre María Restrepo, directora del Fondo de Programas Especiales para la Paz, y Reyes se justifica en que 'la Oficina del Alto Comisionado para la Paz requiere acopiar y analizar la información jurídica de las personas que se encuentran privadas de la libertad, así como las condiciones temporo-modales, la condición de vinculación a la justicia ordinaria, los delitos y penas impuestas a estos, realizar desplazamientos a los diferentes establecimientos carcelarios donde se encuentren recluidas las personas incluidas en los listados o relacionadas por la delegación de las Farc y/o a los despachos judiciales donde cursen los correspondientes procesos contra estas personas'.
Por lo anterior, agrega, 'se requiere realizar una investigación situacional de identificación, verificación y análisis de las condiciones jurídico-carcelarias en que se encuentran las personas que aparecen enlistadas por pertenecer o colaborar con la organización armada ilegal Farc, en todo el país'
Y se indica en el contrato de siete páginas que hubo 'tres solicitudes enviadas', que 'se recibió respuesta positiva de dos empresas' y que 'la propuesta que más se ajustaba a las necesidades de la Oficina, en el aspecto económico, fue la presentada por la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores'.
