Río Ranchería: sujeto de derechos, a segundo debate

"Desde su nacimiento a 3 mil metros sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Ranchería recorre 150 kilómetros atravesando La Guajira hasta su desembocadura en el mar Caribe, surtiendo con sus aguas a centenares de comunidades indígenas que han visto afectado su diario vivir por las intervenciones humanas sobre el afluente", se lee en la exposición de motivos de la iniciativa.

Al respecto, el senador Inti Asprilla, de la Alianza Verde, ponente, advirtió que "este caudal hídrico fue objeto de depredación cuando en el país no se era consciente de la necesidad de proteger los recursos naturales, por lo que en sus ocho artículos el proyecto tiene un objetivo fundamental: establecer mecanismos para que las comunidades ribereñas, junto con el Estado colombiano, logren apersonarse de la defensa del río y se designe una comisión que se encargue de hacerle seguimiento a la restauración del  afluente, con el fin de restaurar la flora propia del territorio".

A su vez, el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, dijo estar dispuesto y disponible para apoyar todos los mecanismos jurídicos que sean necesarios para frenar la devastación de nuestros ecosistemas, en especial el del Ranchería.

“Es necesario que el Río Ranchería sea sujeto de protección, conservación y mantenimiento a cargo del Estado y las comunidades étnicas que habitan el departamento de La Guajira. Este guardaba en su caudal una gran diversidad de flora y fauna, con más de 460 especies de animales y plantas, sin mencionar la variedad de biomas que van desde el páramo hasta el mangle, pasando por el bosque seco tropical y el matorral espinoso subtropical", dijo el opositor.

Así mismo, el senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, expuso que "al igual que el Río Ranchería, otros ríos que hoy carecen de protección deben tenerla y alzaré mi voz por los ríos Sinú, San Jorge, Cauca y tantos otros que no son inferiores".

Y agregó que le preocupa del proyecto el artículo que establece el nombramiento de dos representantes legales del río: uno escogido por el Gobierno y otro por la comunidad, "porque las fuentes hídricas deben estar protegidas por el Gobierno a través de las autoridades competentes y no por particulares, que no tienen autonomía para representar un recurso natural".