Tras varios fracasos en sus trámites en el Congreso, esta semana se radicó el informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley que pretende imponer la cadena perpetua contra asesinos y violadores de niños en el país, esta vez con una condena revisable, es decir que a los 25 años de sentencia la pena será revisada.

El informe de ponencia fue radicado por el representante barranquillero César Lorduy, de Cambio Radical; la representante conservadora Adriana Matiz; el representante uribista José Uscátegui; el representante Elbert Díaz, del Partido de La U y el representante liberal Harry González.

La idea central del articulado es la de modificar el Artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o la víctima esté en incapacidad de resistir.

“Este proyecto tiene por objeto garantizar la protección de un segmento de la población que hoy se ve expuesto y que debe ser considerado como el tesoro más preciado de nuestro ordenamiento jurídico”, dijo Lorduy.

La reforma propuesta, además, pretende que se pueda imponer hasta la pena de prisión perpetua, teniendo un control automático ante el superior jerárquico y será revisada en un plazo no inferior a 25 años, “para evaluar la resocialización del condenado”, indicó el representante atlanticense.

Agregó en este sentido que la modificación a la Constitución planteada obedece, entre otros argumentos, a que los delitos sexuales contra menores tienen un alto nivel de reincidencia en Colombia (cerca del 9%), ya que, de acuerdo a datos consolidados por el Inpec hasta agosto de 2019, el total de población privada de la libertad por delitos sexuales contra niños es reiterativa.