Una extraña coincidencia encontró la Misión de Observación Electoral (MOE), al analizar el panorama político en el departamento del Cesar. Resulta que los municipios con más riquezas y potencialidades mineras son los que reflejan mayores indicadores de inscripción de cédulas, incluso por encima del promedio nacional, lo que para la organización es un claro indicativo de un posible fraude electoral.
La directora general de la MOE, Alejandra Barrios, dijo que llama la atención el municipio de La Jagua de Ibirico, al centro de este departamento, donde se refleja la inscripción de cédulas de 214 ciudadanos por cada 1.000 habitantes, superando en más de tres veces la media en el país que es de 72 por cada 1.000 ciudadanos.
A esta localidad, le sigue Becerril con una inscripción de 192, Río de Oro con 143 y El Paso con 130 ciudadanos por cada 1.000 habitantes.
'Se evidencia un tipo de relación en las zonas donde hay producción de minerales con interes del poder local o con intereses de llevar trabajadores u ofrecer posibilidades de trabajo a cambio de que voten por determinado candidato, pero ese es un trabajo de investigación que corresponde a las autoridades competentes', señaló Alejandra Barrios.
CESAR, PRIMERO EN LA COSTA.
La directora de la MOE sostuvo que el departamento del Cesar es el primero en la Costa y el tercero en el país, después del Meta y Norte de Santander, con mayor inscripción de cédulas.
'Para nosotros esto es indicativo de un posible fraude electoral, por lo que hemos pedido claramente al Consejo Nacional Electoral a la Fiscalía y a la Procuraduría que mire con muchísima atención los municipios que tienen una inscripción de cédulas por encima del promedio nacional'.
'El tema de la posible trashumancia electoral está directamente relacionado con las campañas políticas, aquí pueden haber dos comportamientos: uno, o son candidatos que están llevando ciudadanos pagándoles, comprándoles el voto o estamos hablando ya de un negocio que se ha establecido de personas que tienen grupos de ciudadanos que los llevan a determinados municipios', precisó.
Dijo que la autoridad responsable de hacer el control y la investigación para establecer si hay o no trashumancia es el Consejo Nacional Electoral. 'Nosotros solicitamos desde este departamento que adopte inmediatamente las medidas necesarias para poder investigar qué es lo que está pasando en estas localidades. Sin embargo, dijo que no es normal que a dos meses largos de elecciones el CNE no se haya pronunciado'.
EL CASO PUEBLO BELLO. La MOE informó que además de La Jagua de Ibirico, Becerril, Río de Oro, La Gloria y El Paso, que son los cinco municipios considerados en mayor riesgo electoral, se registra un caso especial con Pueblo Bello, en las estribaciones de la Sierra Nevada.
'Para Pueblo Bello se han adoptado unas medidas de urgencia, que son necesarias como la observación internacional.
La coordinación de la MOE en el Cesar ha tomado la decisión de cubrir también veredas, 'vamos a conversar con los partidos a nivel nacional que tienen presencia en este municipio, estamos hablando de ASI, del partido de La U y de Alianza Verde, para ver cuál es el análisis que ellos están haciendo de una masiva inscripción de cédulas porque no queremos encontrarnos frente a una trashumancia electoral que esté siendo promovida por actores que se estén lucrando de las elecciones o que sea promovida por algunos de los candidatos', puntualizó Barrios.
QUE DICE EL CNE. El Consejo Nacional Electoral informó que tras una preparación combinada y transversal con otras entidades estatales como la Registraduría, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General y la Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la República, planea darle un golpe sin precedentes a la trashumancia electoral, 'una de las prácticas delictivas más perversas para la democracia'.
Con esta medida la institución busca no solo la anulación de la cédula de un ciudadano que inscribió su documento en un municipio diferente al lugar de su residencia o trabajo, sino ir además detrás de las organizaciones criminales que quieren apoderarse de un municipio y hasta de una gobernación.
