MOE alerta sobre “reductos” de la parapolítica en el suroriente del Atlántico
Dos candidatos tienen indagaciones abiertas por presuntos nexos.
“El ingreso del paramilitarismo al Atlántico estuvo dado por dos circunstancias: el interés de ese grupo en posicionarse en el territorio y la posibilidad de adquirir recursos con la privatización de varias de las empresas públicas”. Monografía político electoral del Atlántico (1997-2007).
Las elecciones de octubre próximo para Gobernación, Asamblea, alcaldías y concejos serán las terceras que se realizarán en el Atlántico después de la desmovilización del frente paramilitar José Pablo Díaz, que operó en este departamento.
Aunque la trashumancia está asociada a la dirigencia política y a la aparición del voto popular con la Constitución de 1991, este fenómeno fue, además, una de las plataformas para los proyectos políticos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Lo que se denominó luego la ‘parapolítica’.
“El paramilitarismo jugó otros roles, más la intimidación y promoción de recursos, pero la trashumancia no es su invento, sino de la clase política que se ingenia maneras dudosas para comprar la conciencia de las personas”, analiza el coordinador seccional de la Misión de Observación Electoral (MOE), Diógenes Rosero Durango.
NO FUE EXCEPCIÓN. En el relato que hizo a la Fiscalía, incluido en la sentencia que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá dictó en su contra, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez plasmó cómo la tradición de organizar votos para un candidato encajó en el proyecto de las Autodefensas de “refundar la patria”.
Mancuso aseguró que “se convino tener candidatos propios, surgidos de las bases sociales de las Autodefensas; personas cercanas, afines o conquistados, o como resultado de la alianza con dirigentes políticos tradicionales”.
“Muchos políticos solicitaron nuestro apoyo en sus campañas y realizamos acuerdos (…), permitiéndoles hacer campañas políticas o algunas veces entregándoles respaldos, apoyos logísticos, votos, seguridad”, ahondó.
El contubernio se tradujo para los paramilitares en la obtención de millonarios contratos, burocracia en secretarías y entidades públicas, al igual que el manejo de los presupuestos.
Un ejemplo en el Atlántico ocurrió entre 2003 y 2005 en el hospital Materno Infantil, en el municipio de Soledad, donde José Pablo Díaz se apoderó de al menos 10% de los contratos en ese periodo.
El exjefe de ese frente, Édgar Fierro Flórez o alias Don Antonio, desmenuzó en una indagatoria cómo se repartieron las ganancias.
El testimonio está en la condena del Tribunal Superior de Barranquilla al exjefe financiero del hospital, Tilson Bolaño Polanco. “Se distribuía el 70% para la organización y el 30% restante se dividía entre Carlos Mario (García, jefe político del grupo), Romero (gerente de la época) y yo, todos con 10%”.
Las autoridades establecieron que las AUC recibieron más de $300 millones, de $960 millones que sumaron 20 contratos irregulares del Materno Infantil.
INVESTIGADOS ASPIRAN. Hoy, la arena política del Atlántico muestra que en dos municipios de la banda oriental figuran candidatos indagados por presuntos nexos con paramilitares: los exalcaldes Carlos Gutiérrez Cotes y Robin Hernández Casado.
Gutiérrez, de 50 años, aspira por el movimiento Opción Ciudadana. Ya fue mandatario de Campo de la Cruz en el periodo 2008-2011.
El triunfo que obtuvo entonces estuvo truncado porque a finales de 2007 fue capturado por una investigación que lo involucró con Los 40, la banda criminal que continuó las operaciones ilegales del Bloque Norte de las AUC en Atlántico, Magdalena, Bolívar y Sucre.
La detención de Gutiérrez por parte la Dijín, a raíz de interceptaciones telefónicas que lo comprometían con Los 40, fue antes de que comenzara en su administración. La Fiscalía, sin embargo, archivó en 2008 el caso y Gutiérrez culminó el mandato. Pero los señalamientos se reactivaron en 2012: en la condena por ‘parapólitica’ al exsenador Javier Cáceres Leal, la Corte Suprema de Justicia ordenó que la Fiscalía lo investigue a él y a Gutiérrez “por haber recibido la suma de $800 millones, al parecer de origen ilícito”.
La Corte compulsó copias luego de que en el proceso a Cáceres conoció señalamientos de que Carlos Mario García, alias Gonzalo, fue “garante de un dinero que había ayudado a recuperar a Gutiérrez, exalcalde de Campo de la Cruz, de un cobro ilícito, el cual ascendía a $800 millones y le fue entregado a Cáceres como aporte a su campaña”.
EL HERALDO intentó comunicarse con Gutiérrez. Con tres fuentes distintas del municipio corroboró su número celular, pero no obtuvo respuesta a llamadas y al mensaje que le envió.
Hernández, avalado por el partido de La U, aparece desde 2010 sindicado del delito de concierto para delinquir, en el radicado 328 de la Fiscalía 26 de Antiterrorismo.
Exparamilitares como alias Don Antonio y Gonzalo han declarado que apoyaron la campaña de Hernández, y que este, en su administración (2004-2007), les retribuyó el respaldo con aportes al frente José Pablo Díaz.
Este diario intentó contactar al aspirante de La U en Malambo, pero tampoco consiguió respuesta a llamadas, un mensaje de texto, ni a través de asesores de campaña.
REDUCTOS. Rosero opina que la participación de Gutiérrez y Hernández en estas elecciones no significa el resurgir de la ‘parapolítica’ en el Atlántico, sino la permanencia de “un residuo”.
“Quedan unos residuos en Malambo y el suroriente. Más que un retorno, son reductos que quedan”, estima.
Para el delegado de la MOE, aunque a los candidatos no se les han comprobado los señalamientos en su contra, en el electorado puede crearse una percepción de injusticia. “Más que dinero y compra de votos, su presencia puede interpretarse como que continúan teniendo poder, que son intocables”.
