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Las obras del proyecto energético Hidroituango avanzan con el ánimo de minimizar el riesgo.
Las obras del proyecto energético Hidroituango avanzan con el ánimo de minimizar el riesgo.
Las obras del proyecto energético Hidroituango avanzan con el ánimo de minimizar el riesgo. Foto por: Cortesía

Los ‘chicharrones’ para el nuevo presidente

Hidroituango, el futuro de los acuerdos de paz, la corrupción, la inmigración venezolana y el aumento de los cultivos ilícitos, son algunos de los temas complejos que deberá afrontar el próximo mandatario.

El titulo es:Los ‘chicharrones’ para el nuevo presidente

Hidroituango, el futuro de los acuerdos de paz, la corrupción, la inmigración venezolana y el aumento de los cultivos ilícitos, son algunos de los temas complejos que deberá afrontar el próximo mandatario.

Aunque el sucesor de Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño recibe un país menos convulso que el que le fue entregado a él en 2010, en parte por sus gestiones para la desmovilización de las Farc y las conversaciones con el Eln, también es cierto que el silencio de los fusiles está dejando escuchar con mayor claridad el estruendo de la corrupción en los tres poderes públicos y el sector privado.

No obstante, a la misma paz le sobrevivieron dos estelas complejas: el aumento de cultivos ilícitos –que algunos atribuyen a un inesperado bumerán del propio acuerdo de La Habana- y las llamadas disidencias de las Farc –de las cuales ya se preveía su aparición y que se suman a las bacrim y a la penetración de los carteles mexicanos en los negocios con los grupos armados de narcotráfico-.

Otro asunto de cuidado para los presidenciables corre por cuenta de la dictadura de Caracas, que ha arrojado a hacia este lado de la frontera la inmigración más grande de la historia del territorio nacional y que propone retos humanitarios, sociales, de seguridad y económicos.

Entre tanto, en el panorama coyuntural, pero de urgencia e implicaciones monumentales, el noroccidente de Colombia permanece en vela esperando a ver qué pasa con Hidroituango, que podría producir una tragedia sin precedentes en esa zona, o bien podría reivindicar la ingeniería nacional, el trabajo conjunto de las autoridades y el sistema de prevención de riesgos.

A grandes rasgos, estos, en una rápida levantada de la tapa de la olla, aparecen como los grandes ‘chicharrones’ que por el momento deberá afrontar el candidato que quede ungido a partir del próximo domingo como el nuevo mandatario de los colombianos.

Hidroituango

El proyecto hidroeléctrico más grande del país (con un costo de $12 billones y una producción de 2.400 megavatios o el 17% de la demanda eléctrica del país), situado en Ituango, Antioquia, sobre el río Cauca, tiene en alerta, aguas abajo, a 12 municipios de cuatro departamentos (Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar): derrumbes en los túneles de desviación y grietas en el macizo rocoso que lo sostienen han obligado a la evacuación de más de 15 mil habitantes de las poblaciones más cercanas a la presa.

Según asegura EPM, los  trabajadores de la empresa intentan retomar el control de la situación y terminar de construir la represa para evitar riesgos y que el agua pase por el vertedero ante una eventual creciente o taponamiento de los túneles. Mientras tanto varios sectores de la comunidad, organizaciones sociales y ambientalistas piden que se desmantele el proyecto de forma controlada pues sostienen que aunque se termine la obra, una montaña resquebrajada no les da tranquilidad a los pobladores y por el contrario temen que en cualquier momento se venga la temida avalancha.

El jefe de Estado entrante deberá, de alguna manera, por supuesto tras profundos conceptos técnicos, dirimir esta disyuntiva, poniendo sobre la balanza todos los aspectos: la seguridad de los habitantes aguas abajo, la billonaria inversión y la producción de energía. Y deberá además acompañar y procurar la independencia de las pesquisas de los entes de control sobre posibles responsables de la emergencia.

Acuerdos de paz

En septiembre de 2012 Santos reveló que estaban en conversaciones con las Farc desde hacía más o menos un año. Dichas conversaciones culminaron con la suscripción de los acuerdos de paz de La Habana el 24 de noviembre de 2016, tras un plebiscito que obligó a las partes a corregir algunos aspectos de lo suscrito.

A pesar de que el propio mandatario ha asegurado que dichos acuerdos “son irreversibles, no importa quién llegue al poder, tendrá que continuarlos, no sólo desde el punto de vista legal, sino práctico, racional”, decenas de académicos y exfuncionarios de la organización social La Paz Querida les advirtieron en una misiva a los candidatos que “no cumplir los acuerdos pone en serios riesgos nuestra credibilidad como sociedad que resuelve sus conflictos de manera pacífica”.

La Paz Querida, de la que hacen parte los exministros Juan Camilo Restrepo, Manuel Rodríguez y Juan Mayr; los generales retirados Hernando Roa, Eduardo Herrera y Henry Medina; el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, la politóloga Elizabeth Ungar y el jurista Rodrigo Uprimny, entre otros, agregan que “la piedra angular de los acuerdos es permitir a los excombatientes organizarse y hacer política sin armas”, y alertaron a los presidenciables sobre el hecho de que “el incumplimiento de lo acordado tendría inmensas consecuencias para la consolidación de la paz, para los desmovilizados, para las víctimas y para el establecimiento de la verdad”.

Así que el mandatario que llegue tendrá la responsabilidad de sacar adelante la implementación de los acuerdos, dirigir la legislación que resta sobre los mismos y conducir los primeros años –de unos 15 estimados- de posconflicto, y  también interactuar con lo suscrito en Cuba.

Carteles corruptos

El gobierno saliente, pese a que ha estado defendiéndose especialmente por el escándalo de Odebrecht, ha garantizado una cierta independencia de la justicia, hasta lo que se conoce, para que esta actúe sobre los casos de corrupción de las más altas esferas, como el denominado ‘Cartel de la Toga’. Así han caído, por igual, magistrados de las altas cortes, congresistas y altos funcionarios del Ejecutivo.

Luego del apoyo popular y político a la consulta anticorrupción, y del mensaje que se ha enviado en esta campaña de votantes que se han volcado por una mayoría de sufragios en contra de los partidismos y los políticos tradicionales y a favor de las propuestas nuevas e independientes que representan una lucha contra el saqueo del erario, el presidente por venir estará obligado a seguir garantizando la acción judicial y de los entes de control penal, disciplinario y fiscal. 

Además se sobreentendería la  necesidad de permitir que la justicia siga profundizando sus pesquisas hasta las últimas consecuencias en los escándalos antes mencionados y en la decena de carteles de todo tipo que se han suscitado en el país con las más variadas denominaciones.

Tan solo en el Caribe colombiano se cuentan nueve carteles: el de la ‘Educación’, con una veintena de capturas de abogados y exfuncionarios de la Gobernación de Córdoba que embolataron $145 mil millones pagando falsas resoluciones de derechos a docentes; el de la ‘Hemofilia’, a través del cual se alzaron en Córdoba con $54 mil millones, en Bolívar $20 mil y en Sucre $2.900 millones; el de las ‘Regalías’, que con Alejandro Lyons a la cabeza en Córdoba se hizo a más de $100 mil millones de los recursos de las regalías; y el de las ‘Terapias de Neurodesarrollo’, que une a Lyons y al gobernador Edwin Besaile con $10.000 millones en cuestión.

Así mismo, está el de los ‘Enfermos Mentales’, que en Sucre se robó más de $6 mil millones y que tiene como protagonista al exgobernador Julio César Guerra Tulena; el del ‘Sida’, que está aún en investigación en la Procuraduría y en el que se prevé un desfalco por $100 mil millones en Córdoba; el del ‘Síndrome de Down’ o terapias médicas no realizadas a supuestos pacientes por $1.345 millones; el del ‘Asma’, que se configuró en Sucre por más de $269 millones a través de soportes falsos en las facturas; y el del ‘Bastón’, sobre el desvío de cerca de $4.000 millones destinados para el programa de atención de los adultos mayores en varios municipios de Córdoba.

Inmigración venezolana

Los ciudadanos venezolanos, golpeados por la crisis socio-económica del vecino país, han emigrado hacia Colombia durante casi toda la década de 2010. Se cree que hay en el territorio nacional unos 600 mil venezolanos, de los cuales, según el más reciente reporte del Gobierno, a principios de mayo pasado, más de 203 mil están debidamente registrados.

De esos ciudadanos del país vecino registrados, más de 87 mil, es decir, cerca del 40% están en el Caribe: en La Guajira 44.472, en Magdalena 13.340, Atlántico 10.692, Bolívar 9.051, Cesar 6.366, Sucre 2.077 y en Córdoba 1.329 personas.

En 2017, el Gobierno les otorgó un Permiso Especial de Permanencia, PEP, a los ciudadanos venezolanos, con un plazo para permanecer en territorio colombiano de hasta dos años hasta que resolvieran su situación migratoria. A finales de ese mismo año, se implementaron medidas adicionales en las fronteras como militarización, creación del grupo especial migratorio y la disposición del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, Ramv, que es un proceso que busca ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país para la formulación y diseño de la política integral de atención humanitaria, no para medidas sancionatorias como multas, deportaciones o expulsiones, pero que tampoco otorga ningún tipo de estatus migratorio ni constituye autorización de permanencia o regularización, ni reemplaza los documentos de viaje vigentes, ni genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado.

Es claro, pues, que uno de los grandes retos que tendrá el nuevo presidente, al margen de cómo se desenvuelvan las relaciones con Caracas en medio de su régimen inestable y en crisis, y con la comunidad internacional encima, será la atención humanitaria de los inmigrantes.

Aumento de cultivos

El año pasado, el Gobierno logró cumplir la meta de erradicar de manera forzosa un poco más de 50 mil hectáreas sembradas con mata de coca y en 2018 ya se contaban, a inicios de junio, con cerca de 20 mil. Esas 70 mil hectáreas pueden llegar a ser 80 mil si se cumple lo que prometió el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, de entregar 30 mil hectáreas erradicadas este año.

El propio Santos reconoció en mayo pasado que  “es cierto que los cultivos ilícitos han aumentado en los últimos tres años y yo asumo esa responsabilidad”, añadiendo que “precisamente por imponer a las Farc en la agenda el tema del narcotráfico y eso tuvo un incentivo perverso, porque los campesinos dijeron: ‘aquí va a haber una sustitución voluntaria, entonces va a haber beneficios cultivando coca, pues vamos a sembrar coca’ y se aumentó”.

Entre tanto, el último estudio de la Fundación Paz y Reconciliación advierte que el Gobierno “no ha logrado cumplir con la meta que se propuso desde junio de 2017, cuando afirmó que reduciría 100.000 hectáreas con las dos modalidades de erradicación: 50.000 vía erradicación forzada y 50.000 vía sustitución social”.

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