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Ley del Montes | Paro nacional: ¿Qué Sí y qué No?

¿En qué puede ceder el Gobierno y en qué no?

Política

¿En qué puede ceder el Gobierno y en qué no?

Una de las dificultades que tiene el paro nacional es su naturaleza multipropósito. Es como una especie de árbol de Navidad al que cada día le cuelgan nuevas bolitas de colores, luces y figuritas. Por ejemplo, los voceros del paro acaban de pedirle al Gobierno que se siente a negociar con el ELN, algo que no estaba en las exigencias iniciales de las que sí hacían parte las reformas laborales y pensionales, así como los asuntos que tienen que ver con los salarios de los empleados públicos y lo relacionado con la educación superior. El diálogo a la brava con el ELN no hacia parte de lo que los organizadores del paro nacional llaman “el paquetazo de Duque”, que tiene que ver, fundamentalmente, con exigencias de tipo económico.

Por cuenta del amplio abanico de peticiones y exigencias el paro ha venido perdiendo bríos, hasta el punto de qué hay quienes consideran que ya se desvirtuó por completo. Sus críticos consideran que la multiplicidad de exigencias lo terminaron convirtiendo en una especie de “lista de mercado”, en la que cabe de todo, desde detergentes hasta preservativos, pasando por arroz, azúcar y panela.

Un paro nacional sin unidad de criterios, como está sucediendo, puede fracasar, aunque existan motivaciones y razones para sostenerlo. Una huelga nacional que no se resuelva de forma rápida termina por cansar a quienes la convocan y -sobre todo- a quienes la padecen, que en el caso de Colombia son millones de personas que han visto afectadas no sólo su vida cotidiana, sino también sus ingresos. De hecho, los reportes de pérdidas en los primeros ocho días de paro ascendían a 1.5 billones de pesos. Ello significa la quiebra de empresas y almacenes y por consiguiente el despido de decenas de personas. Es decir, el paro que se hizo para cuestionar la falta de generación de empleos por parte del Gobierno, terminará produciendo más desempleos.

En el pliego de peticiones de quienes figuran como líderes del paro nacional -organizaciones sindicales, estudiantes de universidades públicas y defensores de Derechos Humanos- hay puntos que pueden ser objeto de negociación y de concesión por parte del Gobierno, pero hay otros que tienen poco margen de maniobrabilidad por parte del presidente Iván Duque, pues hay algunos puntos que no dependen directamente del Ejecutivo y otros que comprometen la seguridad jurídica o estratégica del Estado. Veamos en qué sí y en qué no puede ceder el Gobierno:

SI- Implementar los acuerdos de paz

A Duque le están cobrando como Presidente todo lo que dijo como candidato. En efecto, de todos los candidatos el que más se mostró enemigo de los acuerdos fue Duque. Pero una vez en la Casa de Nariño le marcó distancia a su propio partido, el Centro Democrático, donde ahora muchos no lo quieren por ser muy “tibio” en sus decisiones relacionadas con la implementación de los acuerdos. Por esa misma razón debe emplearse más a fondo tanto con el diseño como con la ejecución de los proyectos productivos, la reinserción y la resocialización de los excombatientes. La llamada “guerrillerada” necesita la mano del Gobierno, pues sus antiguos jefes tienen su situación resuelta: unos están el Congreso, ganando buenos sueldos, y los otros se regresaron al monte a seguir narcotraficando.

Garantizar la vida de indígenas y líderes sociales

El asesinato sistemático de líderes sociales y de ex combatientes de las Farc debe parar de inmediato. Y el Gobierno debe comprometerse para que ello ocurra. Aquí nadie está diciendo que Duque los está matando. Pero el Presidente si tiene la capacidad y el poder para evitar esta matanza. Un Gobierno peca por acción o por omisión. En un país que apenas empieza a sanar heridas producidas por un conflicto armado que duró décadas, el uso del lenguaje por parte de los altos funcionarios del Gobierno es muy importante. La criminalización de la protesta social debe parar, así como el señalamiento o la indiferencia por parte de altos funcionarios del gobierno, como sucedía con el ex ministro Guillermo Botero. Los reclamos de las comunidades indígenas tienen que ser escuchados. 

Reformas pensional y laboral

En las actuales circunstancias no solo nacionales, sino internacionales y con un vecindario ardiendo, lo mejor que puede hacer Duque es olvidarse de reformas pensionales y laborales que afecten a la inmensa mayoría de los colombianos. Ni siquiera un gran acuerdo político -producto de alianzas con partidos como Cambio Radical y Liberal, entre otros- le garantiza a Duque la “tranquilidad social” que necesita para continuar su mandato sin turbulencias. ¿Cómo sacar adelante, por ejemplo, una reforma pensional estructural -que se requiere con urgencia- sin aumentar la edad de pensión y sin que ello signifique un nuevo estallido social? El palo no está para cucharas. Esa es la verdad. Por más que las reformas sean inaplazables, según los expertos, está demostrado que Duque no tiene músculos político para medírsele a esos temas, aunque hay quienes consideran -dentro del Gobierno- que un gran acuerdo nacional se lo podría permitir. 

Definición de las políticas ambientales y protección de los páramos

Ya es hora de que Duque diga con absoluta claridad cuál es su política medioambiental. Ojalá que el paro nacional sirva para despejar las dudas que existen sobre ese asunto. ¿Hasta dónde piensa el Gobierno llevar sus iniciativas de exploración y explotación de hidrocarburos? Al fin qué: ¿Fracking si o no? En estos asuntos a Duque lo está cogiendo la noche. Ojalá que en la reunión sostenida con más de 100 ambientalistas del país -entre ellos varios académicos- durante el desarrollo de la “conversación nacional” se hayan tratado todos los temas relacionados con el medio ambiente. En este punto, como en otros, como el de la lucha contra la corrupción, en especial en lo que tiene que ver con la eliminación de la mermelada, a Duque le ha faltado saber vender los logros alcanzados -muchos o pocos- hasta la fecha.

Negociar el paquetazo social

Si Duque no recupera la gobernabilidad en las calles tendría un mandato muy traumático. Aunque llegó a la Presidencia con más de 10 millones de votos, la verdad es que hoy la calle la tienen otros: estudiantes, sindicatos, organizaciones obreras y líderes opositores. Aunque hay que aclarar que en esos 10 millones de votos hay una buena cantidad de electores “antipetristas”, que no son necesariamente uribistas o duquistas. La única forma de que Duque recupere la calle es enviando un mensaje contundente en el sentido de que ni las reformas pensional ni laboral están dentro de su agenda. Ello lo pone en la mira de centrales de riesgo y de organismos internacionales, como la OCDE y el FMI. Aplazar unas reformas que son inaplazables es la única salida que le está quedando a Duque, debido a una situación social -que todo hay que decirlo- que no comenzó el pasado 7 de agosto, cuando llegó a Palacio.

NO- Desmonte del ESMAD

Es una petición absurda por parte de los líderes del paro nacional. El desmonte del ESMAD no se negocia. Punto. Todo Estado necesita de una fuerza especializada para combatir los disturbios y los desmanes efectuados por quienes con sus actos vandálicos comprometen la integridad y la vida de las personas, así como su movilidad y locomoción. En otras palabras: el Estado necesita defenderse. Lo que sí hay que promover es el castigo y la sanción para quienes -como miembros del ESMAD- abusan de su autoridad y violan los Derechos Humanos de quienes participan de las manifestaciones de forma pacífica o las cubren en su calidad de periodistas o fotógrafos, como acaba de suceder en Barranquilla con varios colegas de EL HERALDO. Esos abusos deben ser castigados de manera ejemplar. Igual sucede con el uso indiscriminado de armas letales que causan la muerte de manifestantes, como ocurrió con Dylan Cruz en Bogotá.

Asamblea Constituyente

Aunque no hace parte de las peticiones originales del paro nacional, al alcalde electo de Medellín -Daniel Quintero Calle- se le ocurrió que una Asamblea Nacional Constituyente sería la solución a los múltiples problemas que tiene Colombia. Quintero cree que el paro nacional se arregla con una especie de “lluvia de ideas” en la que todo cabe. Es decir: si le están colgando bolitas de colores y estrellitas al árbol de Navidad -piensa el nuevo alcalde de Medellín- aquí van las mías. Señor Alcalde: los problemas de Colombia no son por falta de una Constitución, sino porque la Constitución que nos rige no la hemos aplicado como debe ser, hasta el punto de que hay asuntos contemplados en dicha Constitución que siguen sin desarrollarse con todos sus alcances, como sucede con lo concerniente con las minorías étnicas y el Medio Ambiente. Pocas constituciones del mundo son tan incluyentes y progresistas como la de 1991 que nos rige. 

Reanudar diálogos con el ELN

La reanudación de los diálogos con el ELN tampoco hace parte de las exigencias iniciales del paro nacional. Esa condición llegó después, acompañada de las firmas de varios representantes y voceros de partidos comunistas de otros países. Pero, además, quienes firman la petición deben saber que los diálogos se rompieron por cuenta del ataque terrorista del ELN a la escuela de Policía General Santander en Bogotá, en enero de este año, hecho que produjo la muerte de 28 estudiantes y dejó heridos a unos 70 uniformados. Es decir, quien ha dado muestras de no tener interés en dialogar es el ELN y no el Gobierno. La exigencia deberían hacérsela por consiguiente al ELN y no a Duque. El ELN simplemente debe decir “si queremos negociar y nos comprometemos a suspender todos nuestros actos de terror y los delitos de lesa humanidad”.

Cambiar el modelo económico

Colombia ha sido y seguirá siendo un país capitalista, que respeta el libre mercado y la propiedad privada. Una revolución no se hace por decreto y no será Duque quien la lidere. Las guerrillas colombianas nacieron con ese propósito: cambiar el capitalismo por el socialismo y fracasaron en su intento. El último envión fue en La Habana con las Farc y por fortuna esa iniciativa no prosperó. El paro nacional no puede ser el pretexto para que Colombia cambie sus postulados económicos, así como su modelo de desarrollo, que por cierto la tiene creciendo por encima del promedio de América Latina. Otra cosa bien distinta es proponer y promover cambios estructurales que permitan “humanizar” el modelo económico que nos rige, por ejemplo en todo lo que tiene que ver con las políticas salariales, pensionales y laborales. Todos estamos de acuerdo en que se requieren ajustes severos en esa dirección. Es decir, el modelo económico nos debe permitir cerrar la brecha social.

Luchar contra la corrupción es tarea de todos

La llamada consulta anticorrupción no pasó el umbral y por ello nunca entró en vigencia. Pero la lucha contra la corrupción no depende de un gobierno, sino del compromiso de todos los colombianos. Más que de una ley promovida por Duque se requiere de la convicción íntima de todos los colombianos para acabar con la corrupción. Pensar que se puede acabar con una ley es hacer una lectura errónea del fenómeno. Sobre ese punto habría que decir que uno de los logros de Duque es que acabó con la mermelada a los parlamentarios, fomentada por todos los presidentes que lo antecedieron. Darle mermelada a los congresistas para que aprueben las leyes y no le hagan control político es corrupción pura y dura. El propio Congreso debería, por ejemplo, enviar un mensaje de su compromiso en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo? Bajándose el sueldo, como lo contemplaba la consulta anticorrupción. Pero ni siquiera de eso son capaces nuestros congresistas. De ese tema prefieren no hablar, ni siquiera los más progresistas.

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