Ley del Montes | Hora de ejercer la autoridad
En su afán por ponerle fin a la indisciplina social en pleno coronavirus, alcaldes y gobernadores del país han adoptado medidas extraordinarias, como el toque de queda y la Ley Seca. ¿Autoridad o autoritarismo?.
En momentos en que la cuarentena se acerca a los 60 días -que podrían ser 90 o 120 o más, según lo determine el temible y temido coronavirus- empiezan a conocerse algunas cifras que muestran la dimensión de la tragedia que se viene. Y ello es así porque detrás de cada frío número o porcentaje hay un drama, una lágrima, un dolor. Son miles de familias y millones de personas que en Colombia padecen una incertidumbre nunca antes vivida y cuya suerte es incierta, sencillamente porque lo único que no hay en estos momentos es certeza. No hay certeza de absolutamente nada.
Es como si todos estuviéramos entrando a un cuarto oscuro, con una vela encendida en nuestras manos, con la esperanza de que ella nos permita observar con absoluta precisión todo lo que allí se encuentra. Se trata -obviamente- de una misión imposible, un mero deseo, una ilusión.
La cruda realidad nos muestra que la tristemente célebre “curva”, que mide el número de contagiados y la letalidad del coronavirus, sigue sin ser aplanada, en unos países más que en otros. Mientras varias naciones de Europa, como Italia o España, ya superaron la fase de ascenso y se encuentran en la de estabilización o, incluso, en la de descenso, todo indica que en Colombia apenas estamos subiendo la cuesta. Es decir, nos falta un buen trecho para alcanzar el “pico de contagiados”, para luego estabilizar su número y posteriormente empezar a descender en esa cifra. Solo nuestro comportamiento responsable y las decisiones certeras de las autoridades determinarán la magnitud de la tragedia.
El diario The Washington Post definió la situación que vive el mundo de una forma gráfica, pero elocuente: el goteo inicial se ha convertido en una corriente muy fuerte. Tal cual: los dos, tres, cinco, diez y doce casos iniciales, pasaron a ser miles en cuestión de horas y de días. Está demostrado que el crecimiento del virus es exponencial, si no se toman los recaudos necesarios, como ocurrió en Estados Unidos, Brasil y México.
El número de contagiados y de muertos por cuenta del coronavirus es una especie de taxímetro que no para. Por ejemplo, cuando usted amigo lector o lectora termine de leer este artículo -escrito el sábado 9 de mayo de 2020 a las 2:00 p.m.- los 78.378 muertos en Estados Unidos podrían estar muy por encima de los 78.600. O los 26.426 españoles superarían los 26.600. Lo mismo va a pasar en Colombia con las cifras, tanto de contagiados como de fallecidos. Nosotros estamos en la fase del “goteo”, como la definiera The Washington Post. Ojalá que la cuarentena prolongada evite que ese goteo se convierta en un aluvión. Pero cuando se trata del coronavirus -¡por desgracia!- los hechos demuestran que las profecías terminan por cumplirse.
Mucho más en países como el nuestro -o regiones como la nuestra- donde la indisciplina social es moneda de cambio. Por estos lares nadie obedece, nadie cumple y pocos están dispuestos a acatar los mandatos de las autoridades. Aunque hay casos en los cuales por razones laborales o de absoluta obligatoriedad, es necesario abandonar el confinamiento, lo cierto es que en la mayoría de los casos la desobediencia responde a absoluta irresponsabilidad. En Barranquilla hay barrios donde han organizado torneos de microfútbol o parrandas en las calles. Así es imposible no solo “aplanar la curva”, sino evitar una verdadera crisis sanitaria.
Si el comportamiento ciudadano no está acorde con la gravedad de la situación de nada servirán las medidas de las autoridades nacionales o regionales, inclusive aquellas que comprometan los derechos individuales, como la Ley Seca y el toque de queda, decretado en algunos municipios del Departamento del Atlántico. Se trata de un asunto de supervivencia. Así de simple.
¿Cuáles son las cifras más dramáticas de la tragedia? Veamos:
El informe de Fedesarrollo sobre el Índice de Confianza del Consumidor del mes de abril -tres semanas después de iniciada la cuarentena en Colombia- muestra que se contrajo 41,3 por ciento. Nunca antes el país había logrado una cifra de esa magnitud.
Este indicador es el verdadero pulso de la situación actual de miles de familias, que ante la incertidumbre decidieron no adquirir ningún tipo de bien durable en el corto y mediano plazo.
Ante el desconcierto es mejor abstenerse. Esa parece ser la premisa que explicaría el desplome del Índice de Confianza del Consumidor. Pero detrás de esa cifra escandalosa hay ilusiones frustradas y sueños aplazados de miles de personas. Y ello es así porque no hay cifras sin rostros. Los buenos indicadores nos llenan de optimismo y nos hacen reír, mientras los malos nos vuelven pesimistas y nos ponen a llorar. Curiosamente la caída más fuerte de este indicador se dio en Barranquilla, que tradicionalmente ha sido positiva y optimista a la hora de iniciar y fomentar proyectos, sean grandes o pequeños.
La más reciente tasa de desocupación del país (marzo) alcanzó el 12,6 por ciento, la más alta de las últimas décadas, según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo. Lejos estamos -ahora más que nunca- de llevar el desempleo a un dígito, como lo pregonara el presidente Iván Duque, durante la campaña presidencial.
Aunque se trata de un problema estructural, lo cierto es que la coyuntura del coronavirus terminó por agravar la situación. Hay que esperar la medición de abril, que seguramente arrojará cifras más demoledoras, puesto que es el mes donde se empezó a sentir con más fuerza las medidas restrictivas, como el confinamiento y el cierre de establecimientos comerciales, así como las relacionadas con turismo, entre otras.
La población desocupada de marzo aumentó en cerca de 1,8 millones de personas. En ciudades eminentemente turísticas, como Cartagena y Santa Marta, la desocupación hotelera superó el 90 por ciento, según las Cámaras de Comercio. Detrás de cada cifra hay una tragedia y un drama, porque son decenas de desempleados y desocupados, cuyas familias empezarán a padecer un drama que nadie sabe ni cuándo ni cómo acabará.
El Gobierno nacional acaba de declarar la segunda emergencia económica por cuenta de la crisis del coronavirus. Y en esta oportunidad la medida tiene nombre propio: tratar de salvar más de 1.600.000 mipymes que hay en el país, cuyas nóminas empiezan a ser impagables. Se trata de 17,8 millones de empleos que generan las mipymes, que están en peligro, puesto que -sin salvavidas- tendrían que empezar a cesar contratos por la falta de liquidez.
Las micro, pequeñas y medianas empresas son las grandes empleadoras del país. Hay quienes consideran, incluso, que la medida del Gobierno habría llegado un poco tarde, pues muchas de ellas carecían de flujo de caja y no soportaron las primeras semanas sin facturar. A esa tragedia social hay que sumarle millones de colombianos que “sobreviven en la informalidad” y a duras penas subsisten con el producido del día a día. Las medidas de esta segunda emergencia económica apuntan a asistir directamente a aquellas empresas que se han visto más golpeadas por la crisis generada por el coronavirus.
Una de dichas medidas es el subsidio de hasta el 40 por ciento de un salario mínimo. “Aquellas empresas que se hayan visto afectadas en un 20 por ciento, las vamos a subsidiar con el pago del 40 por ciento de los sueldos mínimos de los trabajadores”, afirmó el Presidente Duque. La pregunta es: ¿Hasta cuándo podrá resistir “papá gobierno” metiéndose la mano al dril, cuando -como dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,- “plata no hay”?
¿Es necesario adoptar medidas restrictivas de las libertades individuales en tiempos de coronavirus, como ocurre con el toque de queda? Esa pregunta ha generado una gran controversia nacional. Hay quienes sostienen que este tipo de medidas adoptadas en circunstancias excepcionales y que deberían ser transitorias, podrían prestarse para abusos de poder y terminarían perpetuándose en el tiempo. Pero también hay quienes afirman que son necesarias y urgentes cuando la indisciplina social se desmadra, como ocurre en algunas ciudades de la Región Caribe, en Cali y hasta en Bogotá.
Lo cierto es que está demostrado que a mayor indisciplina social, mayor número de contagiados. Las conglomeraciones traen consigo más personas contagiadas. El toque de queda y la Ley seca apuntan a ponerle control con el ejercicio de la autoridad al descontrol existente. Son medidas excepcionales y transitorias que en circunstancias normales ningún mandatario podría tomar. Es evidente también que algunos “déspotas ilustrados”, sean de izquierda, derecha o centro, podrían aprovechar la ocasión para ejercer un autoritarismo reprochable y condenable, que obviamente tendrá que ser objetos de demandas ante las autoridades competentes.
Hay que buscar, pues, un punto medio que permita controlar la situación, aplanar la curva de contagios y evitar el colapso del sistema de salud.
