La Ley del Montes | Mucho ojo con la región Caribe
¿Qué piensa hacer el gobierno de Gustavo Petro para afrontar y superar las crisis en la Mojana, La Guajira, el sur del Atlántico y el sur de Bolívar?.
Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro apenas está prendiendo motores, lo cierto es que la grave situación que atraviesa la región Caribe, desde La Guajira hasta la Mojana, pasando por Cesar, Magdalena y Atlántico, no da espera y requiere de su atención inmediata. Ya está bueno de discursos. Cada día que pasa sin encontrar solución a la crisis, significa –por desgracia– más niños muertos por desnutrición, más damnificados hambrientos, más campesinos desplazados y más líderes sociales asesinados.
En la Mojana, por ejemplo, sus habitantes llevan más de 20 meses esperando las soluciones del Gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque, antes, y de Gustavo Petro, ahora. Son 60.000 familias que luchan por sobrevivir en medio de la desolación y la incertidumbre. Muchas de ellas se vieron obligadas a salir a las carreteras a bloquearlas para llamar la atención del presidente Petro. Pese a ello el Gobierno sigue indolente. De nada sirven las “visitas de funcionarios de Bogotá” si no se traducen en obras y soluciones concretas. Las fotos y los videos no solucionan el problema. En el caso de la Mojana, sus habitantes claman por el cierre definitivo del boquete que se abrió en el dique Cara ’e Gato, que mantiene inundadas miles de hectáreas. Mientras el presidente Petro anuncia que las obras se realizarán con el pago del impuesto de valorización, que tendrán que pagar los “terratenientes” de la Mojana, millones de campesinos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, que siguen padeciendo la inclemencia de la ola invernal que no termina de pasar.
En La Guajira sus habitantes también decidieron bloquear las principales vías del departamento, pues la mortandad de niños por desnutrición no para. Su clamor tampoco es escuchado en Bogotá. Igual pasa con los habitantes del Magdalena Medio y del Sur de Bolívar, quienes exigen protección para sus líderes y voceros, pues están siendo asesinados por organizaciones criminales, entre ellas las llamadas “Autodefensas Gaitanistas”.
Los habitantes del sur del Atlántico, al igual que los de la Mojana, el sur de Bolívar, La Guajira y el Magdalena Medio, también reclaman un mayor y mejor atención del Gobierno nacional. Ni siquiera la citación a una sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, que se llevó a cabo el pasado jueves en la Asamblea del Atlántico, sirvió para que el Gobierno nacional hiciera presencia y tomara atenta nota de la difícil situación que viven los habitantes del sur del departamento.
Los ministros del Interior, Defensa y Vivienda, quienes fueron invitados para que asistieran a la sesión extraordinaria, nunca llegaron. Tampoco lo hizo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava. Por increíble que parezca, ninguno de ellos hizo presencia para conocer de primera mano la crisis del sur del Atlántico.
El desplante a los damnificados del Atlántico, a los congresistas del departamento y a los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial, muestra un absoluto desinterés por parte del Gobierno nacional, cuyo discurso de asistencia a la población más vulnerable queda sin soporte cuando ignora por completo a quienes requieren con urgencia de su ayuda.
¿Qué pasa con la región Caribe? ¿Qué medidas debe tomar el presidente Petro para superar la crisis?
La Mojana está llamada a ser la gran despensa agroindustrial de Colombia. Es un viejo sueño de la región Caribe. Pero pasan los años y los gobiernos y ese sueño no se vuelve realidad. Mientras tanto 500.000 personas padecen todos los años la inclemencia del invierno.
Antes de abandonar la Casa de Nariño, Iván Duque dejó aprobado un CONPES que compromete recursos por 1.8 billones de pesos y que podría solucionar buena parte de la crisis de la Mojana, en términos de infraestructura y medioambientales. Pero el presidente Petro decidió apersonarse del asunto y ordenó la reubicación de unas 900 familias, que serán trasladada a terrenos que el Gobierno piensa comprar. La reubicación no es tan fácil porque cada familia tiene un vínculo directo con la tierra y el “desprendimiento” de la misma resulta muchas veces traumático.
Dada la grave situación, el gobierno de Petro debería darle desarrollo al CONPES aprobado y con recursos ya comprometidos para superar la crisis de la Mojana. Tiene que dejar de lado mezquindades y egoísmos. Los habitantes de la Mojana solo quieren superar la tragedia humanitaria que están viviendo. Prolongar su angustia y su dolor es condenarlos a la miseria por las próximas décadas.
La Guajira es el departamento con la más alta tasa de muertes infantiles por desnutrición del país. Punto. Así ha sido por descasas y sigue siendo en el gobierno de Gustavo Petro. La decisión del propio Petro por ponerle fin a esta tragedia no se ha traducido en soluciones concretas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el año pasado murieron 151 niños en La Guajira, 76 de ellos por desnutrición. Es una cifra escandalosa.
La directora del ICBF, Concha Baracaldo, ha sido desbordada por la situación. El propio Petro le llamó la atención en su visita al departamento, ante esta muerte constante de niños por desnutrición, “¿de qué potencia mundial de la vida estamos hablando?”, se preguntó. Pese a ello, la crisis humanitaria sigue.
Desesperados los habitantes del departamento salieron a bloquear las vías esta semana para exigirle al Gobierno nacional la atención urgente y eficaz de la población.
La no asistencia de funcionarios del Gobierno nacional a la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial realizada en Barranquilla ha sido interpretada como un gesto indolente y grosero no solo por parte de los congresistas citantes, sino –sobre todo– por los miles de damnificados del sur del Atlántico. Su tragedia poco o nada les importa a quienes desde Bogotá deciden su suerte. Ni el ministro del Interior, Alfonso Prada; ni el de Defensa, Iván Velásquez; ni la de Vivienda, Catalina Velazco, quienes fueron invitados a la sesión, al igual que el director de la UNGR, Javier Pava, se hicieron presentes.
Tienen toda la razón, damnificados y congresistas, en exigirle al Gobierno nacional un mayor compromiso con la crisis del sur del Atlántico. Todo lo que han hecho la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, –que es mucho– al destinar recursos que no tienen para contribuir a la superación del problema, se queda corto ante la magnitud de la tragedia. Razón tiene el alcalde Pumarejo cuando reclama: “Necesitamos ayuda del Gobierno, solos no podemos”.
Otro “sur” de la región Caribe que reclama una mayor y mejor atención del Gobierno nacional es el sur de Bolívar, cuyos habitantes también resultaron damnificados del invierno y quienes también exigen una pronta solución a la crisis que viven. A ello se suman las amenazas que sufren sus líderes y los asesinatos de varios de ellos.
La presencia de organizaciones criminales como los llamados Clan del Golfo y Autodefensas Gaitanistas, sin que las autoridades hagan nada para confrontarlas, llevó a los habitantes del sur de Bolívar y del Magdalena Medio a bloquear las vías de la región. Esa acción produjo desabastecimiento de gasolina y de alimentos en Barrancabermeja, la ciudad más estratégica de la subregión. Al igual que los otros damnificados de la región Caribe, sus líderes piden mayor presencia del Gobierno nacional y medidas eficaces para poner fin a su tragedia. La situación es, pues, dramática.
El tiempo de los discursos y los anuncios ya pasó. Hoy la realidad es cruda y exige que quienes están al frente del Gobierno nacional adopten medidas efectivas que pongan fin al suplicio que viven millones de colombianos a lo largo y ancho de la región Caribe. Menos “carreta” y más acción. De eso se trata.
