La ley del Montes | La paz de Gustavo Petro

A partir del próximo 7 de agosto, cuando tome posesión como presidente de Colombia, Gustavo Petro asumirá la enorme responsabilidad de cumplir una de sus más importantes promesas de campaña: la consolidación de lo que él llama la 'paz total'.

Dicha paz no es otra cosa que la desactivación de todas las máquinas de guerra que están encendidas en estos momentos en el país, entre ellas el ELN, las bandas criminales y las llamadas disidencias de las Farc. La 'paz total' ofrecida por Petro consiste, pues, en silenciar todos esos fusiles.

En estos momentos, tanto el próximo Gobierno como el Congreso y hasta la Rama Judicial, trabajan para poder materializar la 'paz total' ofrecida por Petro.

En lo que tiene que ver con el Gobierno, la tarea la realizan el canciller Álvaro Leyva y Danilo Rueda, recién designado Comisionado de Paz. Ambos tienen amplia experiencia en diálogos con organizaciones armadas ilegales y en negociaciones con grupos criminales. Mientras Leyva es reconocido desde hace décadas por su cercanía con líderes de grupos subversivos, especialmente de las Farc, Rueda ha acompañado a dirigentes políticos en sus encuentros con voceros de dichos grupos criminales, incluyendo jefes paramilitares en cárceles de Estados Unidos, como sucedió con los senadores Piedad Córdoba e Iván Cepeda. De hecho, es uno de los protagonistas del llamado 'Pacto de La Picota', junto con Juan Fernando Petro, hermano del presidente electo. Durante la campaña presidencial ambos visitaron la cárcel La Picota para entrevistarse con políticos condenados por corruptos y con parapolíticos para explorar la posibilidad de un 'perdón social'.

El Congreso por su parte será el escenario para el trámite de las leyes que permitan hacer realidad la 'paz total' de Petro. Su primera tarea será prorrogar la Ley de Seguridad Nacional (orden público), que vendrá acompañada de algunos ajustes, especialmente en lo que tiene que ver con los llamados 'diálogos regionales'.

Los ajustes a dicha ley apuntan fundamentalmente a descentralizar la paz. O mejor: regionalizarla. Una paz manejada desde Bogotá no funciona, porque se trata de múltiples conflictos que se desarrollan en las regiones y es en ellas donde se encuentra la mayor cantidad de víctimas. 'Desbogotanizar' la paz será una de las tareas del Congreso.

Pero la 'paz total' no solo incluye los llamados grupos subversivos o insurgentes, que sería el caso del ELN o inclusive de las disidencias de las Farc, llamada como ‘Segunda Marquetalia’, sino también se ocupa de las bandas criminales, como el Clan del Golfo, Los Pachencas o Los Caparros, entre otros, cuyos delitos no son de naturaleza política, sino que se trata de organizaciones narcotraficantes. Su tratamiento, por consiguiente, no será político. Su oferta será la del sometimiento a la justicia a cambio de algunos beneficios, como podría ser una rebaja de penas. ¿Cuál es el verdadero alcance de la paz total ofrecida por Petro? ¿Qué posibilidades de éxito tiene dicha paz?

Ninguna organización narcotraficante podrá recibir tratamiento político. Punto. Ni en el gobierno de Petro, ni en los de Santos, ni en los de Uribe, ni tampoco en el de Duque. La razón es muy simple: sus delitos no son de naturaleza política.

La razón de ser de su existencia no es el derrocamiento del Estado, ni son movimientos armados insurgentes, ni tampoco grupos subversivos. No son grupos rebeldes levantados en armas, sino simples narcotraficantes, cuya razón de ser es el enriquecimiento personal. Son 'traquetos' dedicados al multimillonario negocio del narcotráfico. La obligación del Estado no es negociar con ellos, sino someterlos.

Sus acciones criminales, como por ejemplo el cobarde y macabro ‘plan pistola’, ejecutado contra agentes de la Policía Nacional, pretende mostrar un poder militar del que carecen para tratar de llegar fortalecidos a una eventual mesa de negociación con el gobierno entrante.

Gustavo Petro no podrá ofrecerle al Clan del Golfo nada distinto a lo que todos los gobiernos pueden ofrecerle: sometimiento a la Justicia a cambio de rebaja de penas. Deberán también reparar a las víctimas y entregar rutas para traficar narcóticos.

Ni siquiera el tema de la no extradición depende de Petro, pues se trata de un mecanismo de cooperación internacional que involucra a otros países, como es el caso de Estados Unidos. En ese sentido, la infame matanza de policías no es más que otra demostración de crueldad por parte de este grupo narcotraficante.

Pero si el Clan del Golfo, los Caparros y las demás bandas criminales no pueden recibir tratamiento político, dada su condición de delincuentes comunes, ¿por qué las disidencias de las Farc y el ELN sí? ¿Acaso no están dedicadas todas ellas al narcotráfico?

El sapo que el Estado colombiano se tragó durante la negociación de Juan Manuel Santos con las Farc en La Habana, desconociendo sus actividades narcotraficantes, no puede tragárselo Petro con las disidencias de las Farc. Los jefes de la llamada ‘Segunda Marquetalia’, con ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y ‘El Paisa’ a la cabeza, no se la jugaron por la paz sencillamente porque el negocio del narcotráfico les resultaba más rentable.

De hecho, la guerra a muerte que libran en estos momentos con otras facciones disidentes de las Farc y con sectores de las Fuerzas Armadas de Venezuela es por el control del negocio del narcotráfico.

El ELN en el Catatumbo también vive de los cultivos de hojas de coca y de su comercialización, así como de la minería ilegal. ¿Negociará Petro con esas organizaciones alzadas en armas o les exigirá su sometimiento a la Justicia, como hace con el Clan del Golfo y demás grupos narcotraficantes? Estados Unidos seguirá muy de cerca esta negociación, pues existe el antecedente de ‘Jesús Santrich’, señalado por la DEA de pertenecer a una organización narcotraficante. Santrich habría muerto en Venezuela en momentos en que pesaba sobre él una solicitud de extradición por parte de una corte de Estados Unidos.

Como ha ocurrido con casi todos sus antecesores, Gustavo Petro también quiere negociar la paz con el ELN, el grupo guerrillero con mayor presencia en el territorio nacional en estos momentos. Todos los anteriores presidentes fracasaron en su intento. ¿La razón? Negociar con el ELN es más complejo que hacerlo con las Farc o –inclusive– con sus disidencias.

Pese a los golpes militares sufridos, los comandantes del ELN siguen convencidos en la toma del poder por la vía armada. Esa sigue siendo su convicción. Sus frentes tienen una mayor autonomía que los de las Farc y la toma de toda decisión lleva días, semanas y hasta meses, pues el Comando Central (Coce) solo se encarga de tramitar las iniciativas para ser sometidas a extenuantes jornadas de discusión.

A ello se suma un hecho irrefutable: con la desmovilización de las Farc, el ELN copó un mayor número de territorio y creció tanto en combatientes como en 'colaboradores urbanos'.

No obstante, esta negociación –de darse– tiene la ventaja del camino recorrido, pues tanto Petro como el Comisionado Rueda han hecho saber que retomarán los diálogos partir del momento de la ruptura por parte del presidente Duque, luego del ataque a la Escuela de Policía General Santander en enero de 2019.

Para lograr su objetivo de la 'paz total', Petro tendrá que demostrarle a los colombianos que el crimen no paga y que quienes delinquen deben reparar el daño causado. En el cumplimiento de esa premisa radica la legitimidad que dichas negociaciones podrían tener.

El triunfo del No durante el plebiscito de la paz con las Farc estuvo directamente relacionado con el hecho de que la gran mayoría de los colombianos consideran que los jefes de las Farc fueron premiados por sus crímenes, mientras sus víctimas fueron ignoradas por el Estado. Ver pontificar a los antiguos jefes de las Farc desde sus curules en el Congreso de la República, señalando de 'dictador y criminal' a un presidente elegido en las urnas, como Iván Duque, genera repudio hacia quienes –pese a sus crímenes– no han recibido ningún tipo de castigo.

Mientras los victimarios sean premiados y las víctimas sean castigadas, es muy difícil que Colombia alcance una verdadera reconciliación. Todo lo contrario: cada proceso de negociación vendrá acompañado de más odio y resentimiento.

Construir la paz es mucho más difícil que hacerla. Mientras que para construirla se requiere la participación de todos los colombianos, para hacerla sólo basta que las partes se sienten a la mesa.