La ley del Montes | La hora de la verdad
¿En qué van el proceso contra Álvaro Uribe, la cita de los ex jefes de las Farc ante la JEP y la deportación de Mancuso a Italia?
Tres noticias trascendentales están en desarrollo en estos momentos en el país. Aunque todas ellas han marcado por décadas la historia nacional, en estos momentos sus protagonistas tienen la gran oportunidad de contar no sólo su versión de cómo habrían sucedido los hechos, sino –sobre todo– la oportunidad para que se sepa la “verdad verdadera” de los mismos. De ellos depende que Colombia cierre o mantenga abierto este capítulo de horror y sangre que ha marcada la vida y el destino de millones de personas en los últimos años.
El primero de los hechos tiene como gran protagonista al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien renunció a su curul en el Senado para que sea la Fiscalía la entidad que se ocupe de su caso. Uribe considera que la Corte Suprema no le garantiza un proceso equilibrado y objetivo, que le brinde la posibilidad de defenderse en franca lid ante las graves acusaciones que pesan en su contra. Para el expresidente los magistrados no solo actúan con espíritu vengativo, sino que estarían al servicio de las que él llama las “nuevas generaciones de las Farc”, en cabeza del senador Iván Cepeda, situación que atentaría contra sus derechos. Considera el exmandatario y jefe natural del Centro Democrático que de ser trasladado su proceso a la Fiscalía, podría contar con las garantías procesales que el máximo tribunal de justicia le estaría negando.
Los allegados más cercanos a Uribe han ido mucho más allá en su descalificación a la Corte Suprema, al sostener que ese alto tribunal tiene “secuestrado” al exmandatario y que ello atenta contra su legítimo derecho a defenderse con todas las garantías procesales.
En la medida en que la situación del ex mandatario permanezca en estado de indefinición –al no saber si es la Corte Suprema o la Fiscalía quien debe investigarlo– su proceso toma cada día más fuerza política que jurídica y ello dificulta mucho más la obtención de la verdad a la que solo se puede llegar mediante la presentación, valoración y confrontación de pruebas.
De hecho, la decisión de Uribe de que se conozca la publicación integral de todo el expediente y no de algunos apartes descontextualizados, como ha venido sucediendo hasta el momento, busca que la opinión pública tenga una aproximación más fidedigna y certera a la verdad, así como para que conozca cómo ha sido la relación de sus jueces con su contraparte, el senador Iván Cepeda. “Hay magistrados que hasta le sugieren cómo debe comportarse y qué debe decir y qué debe callar para protegerlo de una posible autoincriminación”, me dijo un senador del Centro Democrático, con quien hablé sobre la situación del expresidente.
El segundo hecho tiene que ver con la comparecencia de los ex jefes de las Farc ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que narren su versión sobre el reclutamiento, abuso y asesinato de menores de edad en las filas del desaparecido grupo guerrillero. Por primera vez los antiguos comandantes del desaparecido grupo subversivo podrán contar su versión de cómo llevaron a cabo la práctica del reclutamiento forzoso de los menores. Esta es la mejor oportunidad para que los exjefes guerrilleros cuenten su participación en la planeación y ejecución de ese delito de lesa humanidad, como quedó consignado en los acuerdos de La Habana.
Pero nada de eso ha sucedido. Los ex jefes guerrilleros no solo han negado el reclutamiento forzoso de menores, como ocurrió con “Sandra Ramírez”, segunda vicepresidenta del Senado, y Rodrigo Londoño, “Timochenko”, sino que los pocos que han admitido el delito lo han hecho con timidez y algunos valiéndose de una cínica retórica, como la de llamar “error” lo que es sin duda una innegable actuación criminal.
Y el tercer hecho es la deportación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de Estados Unidos a Italia, lo que podría dejar sin castigo no solo sus crímenes en Colombia, sino la reparación de sus víctimas. Pero también pondría en grave peligro el conocimiento de la verdad sobre la actuación de los grupos paramilitares en el país. Con Mancuso en Italia y no en Colombia, como exigen sus víctimas, quedaría impune su actuación criminal, así como la de sus auspiciadores y promotores, tanto económicos como políticos.
Mancuso fue actor de primer nivel en la violencia que por años padeció el país, al igual que Fidel, Carlos y Vicente Castaño, entre otros, ex jefes paramilitares. Es necesario que el país sepa la verdad de esos hechos. Su traslado a Italia por pena cumplida en Estados Unidos, lo exoneraría de pagar su deuda con cientos de familias colombianas. La actuación de la Cancillería colombiana en el lamentable episodio de que Mancuso sea trasladado a Italia y no a Colombia deja mucho que desear.
¿Qué hacer para que se sepa la verdad en cada uno de estos hechos?
La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hace tres semanas de ordenar la detención domiciliaria del ex presidente Álvaro Uribe fue considerada por su defensa como abusiva y contraria a la Ley.
Al no permitirle defenderse en libertad y el negarle garantías elementales de legítima defensa ha sido interpretado por Uribe como una persecución que atenta contra sus más elementales derechos ciudadanos. El caso concreto que cuestiona Uribe es el del testigo en su contra el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien habría realizado pactos con el senador Iván Cepeda y habría recibido tratos preferenciales por parte de magistrados de la Corte Suprema.
Establecer la presunta participación de Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal por –al parecer– haber determinado la manipulación de testigos por parte del abogado Diego Cadena –que es el señalamiento de la Corte Suprema– es mucho más complejo de lo que piensan quienes quieren verlo preso por muchos años. Para encontrar la verdad en este hecho, la pregunta que debería responderse es qué tanto sabía Uribe de lo que hacía Cadena. O mejor: qué tanto de lo que hacía Cadena era con el consentimiento de Uribe. A juzgar por las primeras decisiones de la Corte, entre ellas la de ordenar su detención domiciliaria, Uribe no solo conoció sino que consintió la actuación de Cadena.
Con esa decisión –abusiva y arbitraria, según allegados al expresidente– la Corte Suprema mostró sus cartas y dejó en evidencia su “apetito voraz” por ver condenado al jefe natural del Centro Democrático. De ahí que el ex presidente insista en que su proceso sea trasladado cuanto antes a la Fiscalía.
A los antiguos jefes de las Farc les quedó grande reconocer el reclutamiento forzoso de menores, una de sus prácticas criminales que produjo el repudio masivo por parte de los colombianos, al igual que ocurrió con el secuestro, al que se refieren como “retenciones”. Los ex jefes de las Farc no pueden negar ante la JEP lo que todo el país conoce. Las denuncias por esta práctica perversa se pueden contar por miles.
Pese a ello, ningún exjefe guerrillero o vocero de las desaparecidas Farc admite con valentía y entereza su participación en este delito. Los más osados a la hora de pedir perdón por su actuación se refieren al reclutamiento obligado de menores como un “error” y no como a lo que es en realidad: un crimen de lesa humanidad. Mientras los ex jefes de las Farc sigan en su cinismo negacionista, será muy difícil poder llegar a la verdad, que fue uno de sus compromisos en La Habana, cuando negociaron con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ni Timocheko, ni Sonia Ramírez, ni Arturo Alape podrán negar que hicieron parte de un grupo guerrillero que tenía como práctica frecuente y sistemática reclutar menores para vincularlos a su organización guerrillera. Es de esperar que con tantas pruebas y testimonio en su contra la JEP proceda en consecuencia.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha tenido varias oportunidades para contar la “verdad” de su actuación como comandante de las autodefensas de Colombia. La tuvo en Colombia cuando se desmovilizó y se acogió a Justicia y Paz. La tuvo en las cárceles de Estados Unidos a donde llegó extraditado por orden de Álvaro Uribe en 2008, luego de ser expulsado de Justicia y Paz, junto con otros jefes paramilitares. Ocurre, sin embargo, que Mancuso tiene muchas “verdades”, que va contando de acuerdo a la ocasión.
Lo cierto es que las “verdades” de Mancuso solo llegaron hasta los políticos de la Región Caribe y no todos, porque hubo muchos que siendo “parapolíticos” no fueron mencionados jamás por el exjefe paramilitar. Ahora cuando su extradición de Estados Unidos a Italia es un hecho, trascienden de nuevo las “verdades” de Mancuso que no quieren que se sepa. Pero ya es hora de que el país conozca esa verdad. Y en ese sentido es mucho lo que Mancuso tiene que decirle a sus miles de víctimas y ojalá que cuenta la verdad de los hechos criminales en los que estuvo involucrado. Que diga quiénes estuvieron detrás de esa poderosa maquinaria de muerte, llamadas las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
¿Quiénes la fomentaron y patrocinaron? ¿Quiénes encubrieron su actuación? ¿Quiénes facilitaron su comportamiento criminal? No es con “memoria selectiva” como Mancuso puede contribuir a una verdadera reconciliación nacional y al esclarecimiento de la “verdad verdadera” que tanta falta nos hace.
El conocimiento de la verdad es lo único que nos permitirá pasar la página de la violencia en Colombia. Si no hay verdad será muy difícil que el país logre cerrar las heridas producidas por décadas de conflicto armado. Hasta ahora hemos conocido verdades a medias, que poco o nada contribuyen a tener pleno conocimiento de la forma cómo sucedieron los hechos que tanto dolor causaron a cientos de familias colombianas. Y es ahí donde radica la enorme dificultad de avanzar a una reconciliación total y absoluta entre los colombianos.
Mientras las versiones de los protagonistas respondan a sus propios intereses y no al interés de todo el país –en especial de los familiares de las víctimas– la página de dolor seguirá abierta por muchas décadas más. En el caso de los jefes de las antiguas Farc, por ejemplo, deben reconocer que negar lo evidente en lo que tiene que ver con el reclutamiento de menores atenta contra toda la negociación de La Habana y fortalece la postura de quienes nunca creyeron en la negociación, tanto en la sociedad civil como dentro de la propia organización guerrillera.
