La ley del Montes | Iván Cepeda mueve sus fichas
¿Qué hay detrás de la recusación del fiscal general Francisco Barbosa y de la demanda contra siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
La Rama Judicial ha sido la ‘rama seca’ del poder público en Colombia. En buena parte ello se debe al hecho de que es el único poder que la clase política no ha logrado controlar. Tampoco lo han hecho las élites empresariales y económicas del país. Esa es una de las razones por las cuales desde sus inicios la Administración de Justicia ha sido maltratada en lo que tiene que ver con la asignación de recursos y manejo presupuestal. Así lo evidencian las instalaciones donde funcionan los juzgados y tribunales a lo largo y ancho del país.
Con la Constitución de 1991 se logró un acuerdo nacional que permitió a la Rama Judicial recuperar el tiempo perdido, pero aún así no alcanzó para corregir el atraso histórico que arrastraba respecto a las otras ramas del Poder Público en el país.
En materia de sueldos, por ejemplo, se dio un cambio aparente que en realidad fue un buen negocio para el Estado, puesto que se quitó de encima el costo de las cesantías retroactivas en las que cada punto de incremento anual se trasladaba a todo el lapso que llevaran en servicio los funcionarios para actualizarlas y –supuestamente– agregar en puntos de sueldo lo que los jueces y magistrados perdían por renunciar a las cesantías retroactivas.
En materia de locaciones el asunto siguió igual, aunque se logró una relativa independencia presupuestal y administrativa con la creación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Pero en donde no se ha logrado un gran consenso nacional es en lo que tiene que ver con la legitimidad de las funciones que cumple la Justicia en Colombia, hasta el punto de que hay quienes consideran que buena parte de los males nacionales tiene que ver con eso que llaman la “politización de la Justicia”, que no es otra cosa que trasladar a los estrados judiciales las disputas o –inclusive– los odios de la clase política.
Desde el primer mandato de Álvaro Uribe las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial han vivido en estado constante de turbulencia, en especial en lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Magistrados y exmagistrados de las altas cortes atribuyen esa relación tormentosa al llamado “manifiesto de los 100 puntos”, en el que ubicaron a la Justicia como parte del componente de Seguridad. Esa decisión fue interpretada por magistrados y jueces como el deseo del Ejecutivo de establecer con la Rama Judicial una relación de subalternidad o dependencia, que todos ellos consideraron intolerable e inadmisible.
Desde esos tiempos se remontan los “choques de trenes” entre el uribismo y los integrantes de la Rama Judicial, que todos los días presencian los colombianos. Los jueces y magistrados han defendido siempre la independencia y autonomía de la Rama Judicial, tal y como quedo refrendada en el artículo 230 de nuestra Constitución Política.
Pese a episodios lamentables y vergonzosos recientes, como el tristemente célebre “cartel de la toga”, que involucra a magistrados de altas cortes, lo cierto es que la Rama Judicial colombiana ha sido capaz de enfrentarse a dictaduras, al poder asesino del narcotráfico, al mismísimo Pablo Escobar, a la infiltración del narcotráfico a la clase política y a una campaña presidencial, como ocurrió con el proceso 8.000 de Ernesto Samper, y también al poder paramilitar con las investigaciones de la llamada “parapolítica”. En fin, son innumerables las batallas de la Rama Judicial contra todas las organizaciones criminales del país. Y aquellos que sostienen que los jueces y magistrados jamás han desafiado el poder de las guerrillas solo hay que recordarles que el propio Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’, murió con 150 órdenes de captura vigentes en su contra.
Nadie puede desconocer que en Colombia los jueces han pagado un alto precio –incluyendo sus vidas– por mantener su independencia. Los ejemplos son miles: la masacre de La Rochela, ejecutada por alias Vladimir, los asesinatos realizados por orden de Pablo Escobar, el holocausto del Palacio de Justicia, iniciado con la toma de un comando del M-19. En fin, son innumerables los casos que dan fe de los actos heroicos de nuestros jueces.
Un sistema democrático se sostiene en la independencia y la autonomía del Poder Judicial. El mejor ejemplo de ello es la tragedia venezolana con una Justicia tomada por el chavismo, que la utiliza como arma mortal para perseguir a sus opositores y premiar a sus aliados. ¿Qué debe hacer la Justicia para mantener su independencia?
El proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe es sin duda alguna el mayor reto de la Rama Judicial en Colombia en toda su historia. Es la prueba de fuego para demostrar su absoluta independencia y autonomía. Punto. Desde la medida de aseguramiento con detención domiciliaria dictada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hasta el traslado del proceso a la Fiscalía General todas las decisiones han sido aplaudidas y cuestionadas con igual intensidad por las partes interesadas. Los amigos de Uribe las aplauden o las critican de acuerdo con sus intereses y conveniencias y sus enemigos hacen lo propio también de acuerdo con sus intereses. Pero la Rama Judicial y los jueces que la encarnan deben estar por encima de las mezquindades propias de las partes interesadas en condenar o absolver al expresidente Uribe. Solo así podrá salir fortalecida de esta prueba de fuego. La historia juzgará el proceder de quienes en representación de la Rama Judicial y bajo su mandato definieron la suerte del expresidente. La Justicia y quienes la administran deben estar por encima, inclusive, de los ataques personales, injustos y mezquinos que a diario realizan quienes están siendo procesados. En eso consiste, precisamente, la mayor fortaleza de la Justicia. Por los jueces hablan sus fallos, es una máxima que durante muchos años tuvo vigencia en Colombia. Hoy muchos de ellos hablan por Twitter.
Pero los ataques contra la Rama Judicial no provienen solo de la derecha, por cuenta del proceso al expresidente Álvaro Uribe. La izquierda no ha sido ajena a esta agresión constante a la Justicia. De hecho, el peor ataque físico contra la Administración de Justicia provino de un grupo guerrillero que en 1985 decidió tomarse el Palacio de Justicia con el delirante propósito de hacerle un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur. En el proceso a Álvaro Uribe –que es el que ha puesto esta crisis de presente– Iván Cepeda, uno de los más caracterizados voceros de la izquierda, es la parte civil, es decir, el directamente perjudicado con la conducta cuya responsabilidad presunta se le achaca al senador Uribe. Y como corresponde al talante de esa izquierda que se autovictimiza e instrumentaliza las garantías del Estado para su propio beneficio, Cepeda también inició una serie de ataques contra la Justicia. El objetivo principal es la Fiscalía. Mientras Uribe señalaba de “mafiosos” a los magistrados de la Corte Suprema, Cepeda anunciaba una recusación contra el fiscal General Francisco Barbosa que radicó el abogado del Colectivo José Alvear Restrepo ante la Sala Plena de la Corte Suprema y no ante el propio fiscal General, como corresponde. Consideran que Barbosa no les ofrece garantías. Para los uribistas está bien que Uribe ataque a la Corte y para los amigos de Cepeda está bien que Cepeda ataque al fiscal General. Mostrarse independiente ante esos acosos y presiones es el reto de la Justicia hoy en Colombia.
La arremetida del senador Cepeda contra el fiscal Barbosa y contra el delegado al que le asignó el caso de Uribe ha sido brutal y despiadada. Tan brutal y despiadada como la de Uribe contra la Corte Suprema. Que uno es amigo del presidente Iván Duque y que el otro es amigo íntimo del exprocurador Alejandro Ordóñez, dice Cepeda, como si la amistad fuera un delito.
El mismo Colectivo Alvear Restrepo, del que se vale Cepeda, de forma paralela adelanta una demanda electoral en contra de los 7 magistrados que la Corte Suprema eligió el pasado 28 de febrero, entre ellos el barranquillero Ómar Mejía, con un quórum físico de 15 magistrados.
En una extraña alianza entre el exmagistrado auxiliar Iván Velásquez, el abogado de Gustavo Petro y miembro del Colectivo Alvear Restrepo, Carlos Rodríguez Mejía; el analista y exdesmovilizado León Valencia y Camilo Enciso, ex secretario de Transparencia de Juan Manuel Santos, hicieron causa común y se unieron para demandar la elección de los siete juristas, quienes son reconocidos en distintos foros y tribunales como gente honesta, competente y respetable.
Esa es otra forma de atacar a la Justicia. ¿Qué interés puede haber –distinto al político– para embarcarse en esta esta demanda? ¿Qué une a un santista, un ex ELN, al Colectivo Alvear Restrepo y a un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema en ese propósito? No hay respuesta a simple vista. Pero si plantea de entrada un problema procesal para la definición de la recusación que seguramente no aceptará el fiscal General.
¿Esos siete magistrados deben declararse impedidos en consideración a que el recusante es el Colectivo Alvear Restrepo y uno de los demandantes de su elección es un conspicuo miembro de ese grupo de abogados? ¿Y qué tanto tiene que ver Iván Cepeda en esa demanda en la que están casi todos los de aquella famosa foto con Iván Velásquez, en la que no faltan sino Natalia Springer y Claudia López? ¿O es la vieja táctica de la izquierda de considerar justo sólo aquello que les favorece y por eso temen que magistrados independientes y sin militancia partidista resuelvan los asuntos simplemente en Derecho?
Hoy en Colombia hace falta un “Acuerdo Sobre lo Fundamental”, como bien lo promovía Álvaro Gómez. Y el principal pilar debe ser la Justicia. La clase política debería pactar la intocabilidad del Poder Judicial. Ninguno debería dedicarse a judicializar a sus contradictores políticos ni a promover acciones judiciales solo con ese definido propósito. Todos deberían dejar actuar con absoluta autonomía e independencia a la Justicia. No es viable un país en el que cada que un fiscal o juez procesa a un miembro de la derecha, lo descalifican llamándolo “guerrillero”, o cuando procesa a alguien de la izquierda lo llaman “paraco”. El hecho de que a la Justicia la ataquen tanto desde la izquierda como desde la derecha significa que funciona, pese a tantas deficiencias y presiones. Quiere decir que ningún extremo puede garantizar resultados con ella. Y eso está bien. Así debe ser porque esa es la regla de la democracia: reglas ciertas, resultados inciertos.
