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El presidente Iván Duque, durante la visita realizada el fin de semana a La Guajira.
El presidente Iván Duque, durante la visita realizada el fin de semana a La Guajira.
El presidente Iván Duque, durante la visita realizada el fin de semana a La Guajira. Foto por: Héctor Palacio

La Ley del ‘Montes’ | ¡A fondo con la paz!

Lo peor que le puede pasar a Iván Duque y al país es dejar la negociación de paz con las Farc al garete.

El titulo es:La Ley del ‘Montes’ | ¡A fondo con la paz!

Lo peor que le puede pasar a Iván Duque y al país es dejar la negociación de paz con las Farc al garete.

La frase del presidente Iván Duque en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Pondores, Fonseca, La Guajira, resume el compromiso del jefe del Estado con la negociación que hizo el expresidente Juan Manuel Santos con las Farc: “A los que genuinamente están en la reincorporación y le están cumpliendo a Colombia, les digo que vamos a ayudar a que ese proyecto sea exitoso”. 

La visita del presidente a La Guajira sirvió para reafirmar la voluntad del Gobierno con un acuerdo de paz cuya suerte definitiva sigue siendo una incertidumbre, y que alejó del conflicto armado a miles de combatientes de las antiguas Farc, quienes hoy están a la espera de que se defina su suerte, tanto política como económica.

En Pondores, por ejemplo, hay cerca de 300 excombatientes desarrollando diversos proyectos productivos, quienes –pese a las dificultades– aún creen firmemente en las bondades de la negociación. De igual manera, hay miles de ellos en otras regiones del país, también a la espera de que su reinserción a la vida civil se dé lo más pronto posible y sin mayores traumatismos.

Aunque varios de ellos han abandonado los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –algunos seducidos por ofertas de grupos guerrilleros, como el ELN– lo cierto es que la mayoría de los excombatientes sigue firmes en su voluntad de paz.

Es con todos ellos con quienes hay que hacer una generosa reconciliación nacional. Que quienes no tienen el compromiso ni la convicción íntima de la reincorporación a la sociedad, como sucede con varios ex jefes de las Farc, entiendan que desertar de los acuerdos firmados significa tener que enfrentar de nuevo al Estado, con todo lo que ello significa.

La difícil situación que atraviesa la negociación que hiciera Santos con las Farc tiene que ver con la premura y la ligereza con que fueron abordados asuntos trascendentales en La Habana. Cuando ellos fueron ventilados por algunos analistas, de inmediato sus voces las silenciaron los amigos de la negociación y el propio presidente Santos, quienes no dudaron en graduar a los críticos de los diálogos como “enemigos de la paz”. Los foros académicos y gremiales fueron abiertos para escuchar las voces de los amigos incondicionales de La Habana. Los “enemigos de la paz” fueron sometidos a vetos soterrados o abiertos, que impidieron un diálogo franco sobre lo que se estaba negociando. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa premura.

Uno de esos asuntos fundamentales que sale a relucir es el que tiene que ver con la financiación del posconflicto, que no es otra cosa que ofrecerles a los excombatientes mejores condiciones de vida de las que tenían en el monte, cuando eran integrantes de las Farc. La única manera de alejar a la llamada “guerrillerada” para siempre de las armas, es brindándoles condiciones dignas para su reincorporación a la sociedad.

La paz con las Farc cuesta plata, como costó muchísimo dinero enfrentarlas durante más de 50 años. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en tiempos de Santos, financiar el posconflicto cuesta unos $130 billones durante los próximos 15 años. Ese dinero se invertirá en obras de infraestructura, viviendas, puestos de salud y desarrollo de proyectos productivos, como los que llevan a cabo los excombatientes en Pondores, La Guajira.

El 36 por ciento de los recursos que se requieren para sacar adelante las obras contempladas saldrá del presupuesto de la Nación, que no solo está desbalanceado, sino que tampoco tiene de dónde extraer recursos, pues la olla quedó más que raspada. En total son cerca de 200 municipios que se beneficiarán de manera directa con las inversiones que se hagan en los próximos años.

La intervención del Estado en estas poblaciones debe hacerse de forma urgente porque, como lo han denunciado distintos organismos internacionales, entre ellos la ONU, dichos espacios corren el riesgo de ser copados por organizaciones armadas ilegales, como las bacrim y los grupos disidentes de las Farc, como de hecho viene sucediendo en varios de ellos. Para la ONU, este es uno de los mayores riesgos que tiene en la actualidad la negociación con las Farc.

De manera que lo peor que puede pasar es que la negociación con las Farc quede al garete, puesto que ello significaría el retorno a la clandestinidad de miles de excombatientes, quienes no tendrían salida distinta a la de volver a empuñar las armas. En estos momentos lo que se requiere es pisar el acelerador a fondo para permitirles a quienes siguen convencidos de las bondades de la paz su reinserción a la sociedad lo más pronto posible. Pero  –sobre todo– para combatir de manera implacable y contundente a quienes decidieron retomar la senda de la vía armada.

Enfrentar a quienes abandonaron los compromisos firmados en La Habana no significa “volver trizas” los acuerdos, como aseguran algunos congresistas de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), sino ejercer por parte del Estado el legítimo derecho de combatir a quienes actúen por fuera de la legalidad. Ello es así de simple y así de contundente. ¿Qué está pasando y para dónde van los acuerdos firmados en La Habana?

La crisis de la JEP no es la crisis de la paz

Como decían los abuelos a los niños al verlos llorar, luego de haberse caído de la cama: “Se le dijo, se le advirtió, pero no hizo caso”, así mismo sucedió con la creación y puesta en marcha de la llamada Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Desde un comienzo “se les dijo y se les advirtió” al Gobierno y a las Farc que tan novedoso modelo judicial tenía enormes riesgos de convertirse en un dolor de cabeza para el país.

Desde la escogencia de los magistrados que la integrarían –la mayoría de ellos con abierta militancia en la izquierda democrática y malquerientes de nuestras Fuerzas Militares– hasta las primeras decisiones adoptadas, quedó en evidencia que la JEP tendría enormes fisuras que impedirían el cumplimiento cabal de sus funciones.

De hecho, dos de sus más altos funcionarios –su exsecretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, y su sucesora, Marta Lucía Zamora– tienen requerimientos pendientes con la Fiscalía General por supuestos abusos y extralimitación en sus funciones. La JEP, como fue concebida en La Habana, está lejos de ser un sistema eficaz para cumplir con la razón de ser de la negociación de La Habana, que no es otra que la verdad, la reparación y la no repetición de actos criminales contra las víctimas del conflicto armado.

La Corte Constitucional deberá emplearse a fondo para “encausar” un novedoso sistema judicial que, inclusive, está por encima de las altas cortes del país. Mientras la JEP atraviesa su momento más difícil, cerca de 225.000 casos que debería estudiar, siguen a la espera de su análisis y posterior definición.

La paz no debe tener color político

En Colombia nos acostumbramos a ponerles jefes y padrinos políticos a los grandes proyectos. De esta forma, lo que debería ser un propósito nacional que comprometa a toda la sociedad, termina convertido en una bandera política, casi siempre electoral.

La paz con las Farc -por ejemplo- terminó siendo “la paz de Santos”, tan es así que por cuenta de ella se ganó el Premio Nobel. Pero la paz con la Farc es la paz de todo el país, pues fuimos todos los colombianos quienes padecimos sus actos de terror y seremos todos los colombianos quienes nos beneficiemos de su éxito. Acabar con los logros obtenidos hasta el momento –que son evidentes e incuestionables– sería no solo un grave error, sino una enorme muestra de ceguera histórica.

El fracaso de la paz con las Farc no sería el fracaso de Santos, sino de toda Colombia. Así deben entenderlo quienes persisten en bombardear los avances de los acuerdos con las Farc. El presidente Duque así también lo entendió, aunque ello le genere duras críticas por parte de algunos integrantes de su partido, que lo ven como demasiado blando y pacifista. Pero también deben asimilar las complejidades del posconflicto quienes consideran que “hacerles ajustes” a los acuerdos significa volverlos trizas.

En el tema económico –por ejemplo– es claro que con la olla raspada que dejó Santos es muy difícil financiar lo pactado con las Farc. Una actitud poco constructiva y electorera en las actuales circunstancias sería tanto como pretender apagar un incendio con gasolina.

Mucho ojo con las observaciones de la ONU

Pocos organismos internacionales han sido aliados de la negociación con las Farc como las Naciones Unidas. Desde un comienzo la ONU le apostó a la firma de los acuerdos de La Habana y su compromiso sigue firme. Por eso es muy importante tener presente sus observaciones. Una de ellas tiene que ver con la proliferación de los cultivos ilícitos, cuyas cifras astronómicas causan enorme preocupación.

Mientras los cultivos ilícitos no bajen, el riesgo de que la negociación fracase sigue latente. La razón es muy simple: ningún cultivador de hoja de coca está dispuesto a abandonar su actividad, si el Estado no le hace propuestas más atractivas, que lo “obligue” a cambiar la ilegalidad por la legalidad. Y en eso –dice la ONU– el Gobierno ha fallado. Por ello los espacios abandonados por las Farc –que no los cubre el Estado– están siendo copados por las organizaciones criminales.

De esta manera, lo que se logró con la desmovilización de miles de guerrilleros podría perderse, pues existe la tentación de que vuelvan a las armas como único medio de subsistencia. Abandonar a quienes, como dice el presidente Duque, están “genuinamente en la reincorporación y le están cumpliendo a Colombia”, sería un grave error, cuyas consecuencias las pagarán las futuras generaciones.

El compromiso de los jefes de las Farc

El encuentro del presidente Duque con “Joaquín Gómez” en Pondores, La Guajira, sirvió para que uno de los jefes históricos de la antigua organización guerrillera enviara un mensaje a sus excompañeros de armas. Gómez goza de credibilidad y respeto entre la “guerrillerada”, que lo ve como uno de los hombres más cercanos al jefe máximo de la organización, Manuel Marulanda Vélez, ‘Tirofijo’.

Gómez fue durante muchos años comandante del Bloque Sur y uno de los integrantes del Secretariado. También hizo parte del equipo negociador de las Farc en La Habana. Sus pronunciamientos en los que denuncia la falta de compromiso de algunos exjefes guerrilleros, así como su defensa de los combatientes de base, lo posicionaron como vocero de estos últimos. Durante varias horas, Gómez pudo informarle a Duque cuál es la situación actual de los excombatientes.

Otro vocero de las antiguas Farc, también miembro del Secretariado, que mantiene firme su palabra en el cumplimiento de los acuerdos, es Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, quien también le expresó a Duque en agosto pasado en la Casa de Nariño sus preocupaciones por la situación actual de lo acordado en La Habana.

Los congresistas de la Farc, como ‘Pablo Catatumbo’, también mantienen sus compromisos, algo que no ocurrió con Iván Márquez, quien optó por internarse de nuevo en la selva, mientras se aclara su situación jurídica y se define el futuro de la JEP.

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